El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que regula la tenencia de armas y municiones, una norma impulsada por el Ministerio del Interior que busca reforzar los controles sobre estos elementos y reducir la violencia asociada al uso de armas de fuego.
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que la medida forma parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Seguridad Pública y explicó que el decreto establece límites a la cantidad de municiones que pueden adquirirse y venderse, de acuerdo con el uso que cada tipo de usuario hace de ellas.
La normativa mantiene el máximo de ocho armas por persona, pero fija un límite de cuatro armas cortas. Dentro de ese total, se permitirá tener hasta dos pistolas.
Además, diferencia entre tipos de usuarios, establece mecanismos de trazabilidad para la importación de armas y municiones y determina el marcaje de las municiones utilizadas por los ministerios del Interior y de Defensa.
El ministro destacó que para elaborar esta normativa contó con la colaboración de distintas asociaciones de tenedores y usuarios de armas y municiones del país.
Reducir las balaceras
El ministro vinculó esta regulación con la necesidad de disminuir los disparos de armas de fuego que ocurren en diferentes barrios, principalmente de Montevideo.
“Esas balaceras se alimentan de municiones, de municiones que hasta el día de ayer estaban sin control alguno y que ahora estamos intentando regular para bajar esa incidencia de los disparos de arma de fuego en el país”, afirmó.
Prohibición de armas impresas en 3D
Por otra parte, el decreto establece topes anuales para la compra de municiones según la categoría del usuario y el tipo de arma. Los usuarios regulares podrán adquirir entre 250 y 3 mil cartuchos al año, mientras que los usuarios intensivos tendrán límites de entre mil y 5 mil, de acuerdo con el armamento que utilicen.
La reglamentación también incorpora controles sobre la adquisición, el almacenamiento y la recarga de municiones, pólvora y fulminantes.
La normativa también prohíbe importar, fabricar, comprar y utilizar armas producidas mediante impresión 3D, así como de acceder a los archivos digitales necesarios para fabricarlas. La medida también apunta a mejorar la identificación y la trazabilidad del armamento que ingresa al país.
