

La confianza de los argentinos en la Justicia sufrió un fuerte deterioro durante el primer semestre de 2026. El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por FORES y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 48,7 puntos, lo que representa una caída de 3,7 puntos respecto de la medición anterior y un retroceso del 7,1% en apenas seis meses.
El dato adquiere relevancia porque implica el mayor descenso semestral desde que el relevamiento volvió a realizarse en 2023 y porque devuelve al indicador a su promedio histórico registrado entre 2004 y 2011, período en el que se realizó la primera etapa del estudio.
La baja estuvo impulsada tanto por el deterioro de las percepciones sobre el funcionamiento de la Justicia como por una menor predisposición de los ciudadanos a recurrir a ella para resolver determinados conflictos. El subíndice conductual descendió hasta 70,8 puntos, mientras que el perceptual cayó a 26,5 puntos.

El informe señala que el retroceso del componente conductual se concentró especialmente en conflictos familiares y situaciones vinculadas a delitos. Ante una separación de bienes, el porcentaje de personas que aseguró que no acudiría a la Justicia alcanzó el 23%, el valor más alto de toda la serie. En paralelo, quienes afirmaron que no denunciarían el robo de un objeto de valor casi se duplicaron, al pasar del 8% al 15%.
En contraste, la disposición a recurrir a tribunales se mantuvo relativamente estable en cuestiones patrimoniales y laborales, donde cerca de tres de cada cuatro encuestados seguirían utilizando las vías judiciales.
La percepción sobre la calidad institucional del sistema también mostró un deterioro significativo. Los cuatro atributos evaluados por el estudio registraron caídas: imparcialidad, eficiencia, honestidad y capacidad para controlar a los poderes político y económico. Este último aspecto continúa siendo el peor valorado. Apenas el 10% de los encuestados considera confiable la capacidad de la Justicia para controlar a esos poderes, mientras que el 89% tiene una opinión negativa.
Otro de los hallazgos destacados del relevamiento es el crecimiento de las referencias a una “mala experiencia previa” como motivo para no acudir a la Justicia. Esa respuesta pasó del 11% en noviembre de 2025 al 24% en mayo de este año, más que duplicándose en apenas seis meses.

Sin embargo, los investigadores advierten que este fenómeno difícilmente pueda explicarse por experiencias personales directas. La proporción de personas que participó efectivamente en un procedimiento judicial en los últimos tres años apenas pasó del 16% al 18%. Por eso, sostienen que la percepción estaría influida por sentencias, casos mediáticos o acontecimientos públicos que la ciudadanía interpreta como ejemplos de un mal funcionamiento del sistema.
La encuesta también indagó sobre cuáles son los cambios que podrían mejorar la confianza en la Justicia. La principal demanda fue reducir la interferencia de la política y del poder económico, mencionada por el 40% de los entrevistados. Le siguieron una mayor transparencia en los procesos judiciales (38%), una mejor formación y capacitación de los jueces (37%) y la reducción de los tiempos de los juicios (34%).

A pesar del deterioro general, el estudio detectó que quienes tuvieron contacto directo con la Justicia mantienen niveles de confianza superiores al promedio. Entre las personas que participaron en algún procedimiento judicial, el ICJ alcanza los 50,9 puntos. No obstante, los autores aclaran que ese contacto aumenta la disposición a utilizar el sistema, aunque no necesariamente mejora la imagen que se tiene de él.
“La ciudadanía no pide reformas abstractas, sino mejoras concretas”, concluye el informe. La brecha entre la utilización de la Justicia y la confianza que genera volvió a ampliarse, un fenómeno que plantea nuevos desafíos para uno de los poderes del Estado con peor valoración pública.
Ficha técnica
Universo Personas de 18 años o más, residentes en centros urbanos de más de 10.000 habitantes con teléfonos fijos y celulares.
Tipo de encuesta Encuesta telefónica a fijos y celulares mediante sistema CATI.
Muestra Probabilística, polietápica y estratificada no proporcionalmente según región y tamaño de localidad (40 localidades), ponderada según datos censales.
Tamaño 1.000 casos (622 celulares y 378 fijos).
Error estadístico ±3,10% para un nivel de confianza del 95%.
Trabajo de campo Del 4 al 19 de mayo de 2026.
















