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La desregulación de la actividad de los prácticos y baqueanos impulsada por Federico Sturzenegger abrió un conflicto que amenaza con paralizar desde este lunes el movimiento de buques en los principales puertos del país y afectar de lleno al comercio exterior argentino. Además, desde el sector impulsan una defensa judicial contra la cúpula libertaria.
Según corroboraron ante El Cronista fuentes del sector, los prácticos y baqueanos se reunieron este sábado y resolvieron cesar sus actividades hasta nuevo aviso. En este sentido, los profesionales independientes completarán únicamente los servicios que ya estaban contratados, pero no aceptarán nuevas operaciones.
La medida comenzaría a sentirse desde este lunes, a medida que terminen de cumplirse los compromisos preexistentes. Sin prácticos disponibles, los buques alcanzados por la obligatoriedad del servicio no podrían ingresar, salir o navegar por las zonas reguladas.
La propia normativa define al practicaje y al pilotaje como un “servicio público de interés para la seguridad de la navegación y la protección ambiental”.
El práctico es el profesional habilitado por la Prefectura Naval Argentina para asesorar al capitán durante la navegación y las maniobras en puertos, ríos, pasos y canales.
La decisión incluye a los profesionales que operan en el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, Bahía Blanca y los principales puertos marítimos. De sostenerse, la falta de servicios podría afectar el ingreso y la salida de buques de carga en todo el sistema portuario nacional.
Fuentes del sector sostuvieron ante El Cronista que, al tratarse de trabajadores autónomos, los prácticos pueden decidir no aceptar nuevos contratos.
La decisión es producto de la decisión del gobierno de cambiar puntos clave de medidas que regularan el sector.
Uno de los puntos más polémicos del decreto, que establece que el práctico “deberá prestar servicio en todo momento” y considera una falta grave negarse a cumplir una operación cuando no se verifiquen las excepciones previstas por la normativa.
Cuáles son los principales cambios del decreto
El nuevo reglamento modifica las condiciones de prestación, formación, control y sanción de la actividad.
El decreto establece que la retribución de los servicios será acordada entre los prácticos y los usuarios, aunque la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá fijar tarifas máximas para cada prestación.
Esos valores deberán incluir todas las acciones necesarias para realizar el servicio, entre ellas las maniobras de fondeo o atraque, que no podrán cobrarse por separado. Sólo se admitirán adicionales expresamente autorizados por el organismo.
Además, las empresas o entidades que ofrezcan servicios de practicaje, pilotaje, baquía, transporte u otras prestaciones complementarias deberán publicar mensualmente los precios que cobran en sus portales. Asimismo, tendrán que informar trimestralmente a la Agencia y a la Autoridad Nacional de la Competencia los servicios realizados y los valores acordados con los usuarios.
Otro de los cambios es la liberalización del transporte necesario para el embarque y desembarque de los prácticos. Los medios terrestres, acuáticos o aéreos podrán ser contratados libremente por los usuarios o prestados por terceros, y los profesionales no podrán negarse a utilizar un transporte habilitado salvo que acrediten razones de seguridad.
Los capitanes o patrones podrán prescindir total o parcialmente del práctico, piloto o baqueano, independientemente de su nacionalidad y de la bandera del buque, cuando acrediten experiencia regular en el recorrido.
Uno de los principales cambios es la obligación de prestar el servicio “en todo momento”.
Las sanciones incluyen apercibimientos, multas y suspensiones de hasta 30 días dispuestas por la Prefectura. Las suspensiones superiores y la cancelación de la habilitación quedan en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Incluso se contempla la suspensión provisoria mientras se tramita un procedimiento administrativo.
El decreto también obliga a los prácticos a informar, cuando se lo requiera la Agencia, sus cuadros tarifarios, ingresos, costos y cantidad de servicios prestados. Además, establece que las facturas no podrán incluir cargos adicionales, salvo aquellos autorizados expresamente por el organismo.
La normativa permite que la Prefectura adscriba prácticos de una zona para prestar servicios en otra cuando existan razones imprescindibles, aunque previamente deberá adoptar medidas para garantizar que el profesional tenga capacidad para desempeñarse en el nuevo recorrido.
También se modifican las condiciones de ingreso a la actividad. Podrán aspirar al título los capitanes de ultramar, capitanes fluviales, capitanes de pesca y determinados oficiales retirados de la Prefectura y de la Armada.
Los aspirantes deberán realizar viajes de práctica a bordo de buques que ya lleven un profesional habilitado. Para el Río de la Plata, el Paraná y Bahía Blanca se exigen diez viajes de entrada o subida y diez de salida o bajada dentro de un plazo de 120 días.
Además, los prácticos podrán acumular habilitaciones para nuevas zonas mediante la realización de viajes certificados, sin necesidad de rendir un examen adicional. Los buques y las lanchas de practicaje estarán obligados a permitir el embarque de los aspirantes, quienes deberán asumir sus propios gastos y seguros.
Prefectura buscó reemplazos, pero los capitanes se negaron
Voces del sector aseguraron que, ante la decisión de los prácticos, la Prefectura Naval Argentina comenzó a buscar una alternativa para evitar que se detenga el movimiento de buques. Sin embargo, no habría una resolución por estas horas.
Según reconstruyeron fuentes calificadas, las autoridades mantuvieron contactos con representantes de los capitanes de ultramar para pedirles reemplazar transitoriamente a los prácticos. La respuesta fue negativa.
Los capitanes señalaron que esa tarea no corresponde a su función y que no cuentan con la habilitación específica necesaria para asumirla. El práctico asesora sobre la ruta, las condiciones particulares de cada canal, las maniobras y las reglamentaciones vigentes en cada zona.
El Cronista consultó con la fuerza de Seguridad sobre estas versiones, por el momento no recibió respuesta.
El rechazo deja a la Prefectura frente a la posibilidad, contemplada por la nueva regulación según la interpretación del sector, de recurrir a personal proveniente de la propia fuerza o de la Armada Argentina.
Sin embargo, fuentes de la actividad advirtieron que ese personal no dispone actualmente del entrenamiento específico ni del conocimiento de zona necesario para reemplazar de manera inmediata a los prácticos en funciones.
La Asociación Civil Prácticos y Pilotos también aseguró en un comunicado interno que, hasta el momento, ninguna de las fuerzas habilitadas por la normativa designó profesionales para ingresar los buques. Para la entidad, esa situación expone las limitaciones operativas de la alternativa promovida por el Gobierno.
Denuncias judiciales y acusaciones internas
En un documento interno, dirigido a sus asociados, titulado “El Ministerio de Desregulación, que súper regula”, la Asociación Civil Prácticos y Pilotos sostuvo que las modificaciones ponen en riesgo la seguridad de la navegación, la preservación del ambiente y la protección de la vida humana.
La entidad anunció que en los próximos días dará a conocer el contenido de las denuncias judiciales que impulsará contra el nuevo régimen. Además, adelantaron que realizará ampliaciones ante cada resolución administrativa que, a su criterio, intente validar condiciones de navegación inseguras.
El comunicado interno incluye además acusaciones contra uno de los asesores que habría participado en la elaboración de la normativa.
La Asociación vincula a un funcionario con anteriores modificaciones del régimen de practicaje y plantea posibles conflictos de intereses relacionados con la actividad de los baqueanos y las empresas de remolcadores.
Se trata de Juan Ignacio Penco, abogado especializado en derecho marítimo, exfuncionario del área de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri y actualmente vinculado profesionalmente al sector naviero y de remolcadores.
Además, recordaron una denuncia previa vinculada con una supuesta solicitud de dinero durante la gestión de Mauricio Macri para influir en la redacción de otra norma.
La entidad afirma conservar correos electrónicos, comprobantes y testimonios sobre ese episodio. .
La Asociación aseguró además haber recibido muestras de respaldo del Centro de Capitanes de Ultramar, de capitanes fluviales, patrones, prácticos uruguayos y representantes de armadores extranjeros.
El costo de una parálisis portuaria
En el sector reconocen que la medida podría sostenerse durante un tiempo porque los prácticos tienen ingresos elevados y capacidad económica para resistir sin aceptar nuevos servicios.
Sin embargo, las mismas fuentes consideran que el conflicto no podría prolongarse demasiado sin generar un fuerte impacto económico. Cada jornada sin movimiento de buques implicaría pérdidas millonarias para exportadores, importadores, terminales portuarias, navieras y productores.
La tensión comenzará a medirse desde este lunes, cuando se terminen los servicios previamente contratados.
