El Gobierno liquida la reforma de Macri y grandes empresas vuelven a pagar 35% de Ganancias

El Gobierno pretende elevar la carga del impuesto a las Ganancias sobre las empresas a partir de este año, a través de un proyecto de ley que impulsa en el Senado que eleva la alícuota al 35% sobre las sociedades con ingresos netos anuales de más de $ 2,6 millones, lleva al 30% para las que generen entre $ 1,3 millones y $ 2,6 millones y deja en 25% para el resto.

La iniciativa de aprobarse entraría en vigencia para este ciclo fiscal, pero afectaría en leve medida la recaudación de este año, dado que el impuesto a las Ganancias la mayoría de las empresas lo paga en mayo del año siguiente. Sí podría haber una inyección, mucho más modesta, a través del pago de anticipos.

En principio, la finalidad de esta suba era compensar fiscalmente lo que se perdía de embolsar el Fisco ante el establecimiento de una exención de Ganancias para los asalariados que ganen hasta $ 150.000 brutos. Son cerca de $ 40.000 millones que no se percibirían en 2022.

Pero se trata de una medida mucho más agresiva que la que promovía el Gobierno en las últimas semanas, que contemplaba una suspensión de la reforma tributaria de la administración de Mauricio Macri que este año volvía a estar vigente tras el congelamiento de 2020 y reducía de 30% a 25% el impuesto sobre todas las empresas.

En el proyecto anterior el oficialismo se proponía suspender otro año la aplicación de esa rebaja, por lo que si prosperaba la alícuota en 2021 habría quedado en 30% nuevamente. Si bien es la misma tasa de 2020, habría significado una suba respecto al 25% que estaba vigente al comenzar el año.

No obstante, la iniciativa actual ya no posterga las reducciones, sino que directamente establece alícuotas más elevadas y de forma permanente.

De esta manera, tomando la actual cotización del dólar MEP, las empresas que ganen más de u$s 1547 por mes pagarán la alícuota de 35% a partir de este año, mientras que las que generen menos de esa cifra pero más de u$s 778 abonarán la de 30%. El resto, las micropymes, pagará 25%, segmento que el Gobierno afirma que representa al 75% de todas las empresas.

El proyecto además prevé que las escalas se ajusten anualmente a partir de la variación interanual que marque el índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en octubre de cada año.

Los tributaristas coincideron en que esta medida desincentivará las inversiones al reducir los márgenes de ganancia de las empresas y generar una mayor inseguridad jurídica, problemas que se añaden a los ya existentes en materia tributaria, regulatoria y macroeconómica.

Iván Sasovsky planteó que esta modificación atenta contra la formalidad e incentivará a las empresas a facturar lo menos posible para pagar una alícuota menor, un fenómeno que en el mundo tributario se denomina 'enanismo fiscal', y comparó esta situación con la del monotributo. "Es una marcha atrás respecto a la reforma de Macri, en un contexto en el que Argentina no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones. Es totalmente regresiva", cuestionó, y remarcó que sería la tasa más alta del impuesto en la historia argentina.

Y agregó: "Aparte se da en un momento complicado en el que muchas empresas que no están ganando. Genera una situación de inseguridad jurídica, que cada dos años se suban los impuestos que a veces equivale al margen de ganancias de una compañía. Argentina tendría que sobreactuar el fomento a las inversiones, este tipo de medidas son festejadas en Uruguay."

César Litvin coincidió en que la iniciativa es una "mala señal" para los inversores. "El parámetro de las escalas no tuvo en cuenta la realidad de las empresas, le faltan como mínimo dos ceros. Teniendo en cuenta que son montos anuales y que hay una inflación galopante. No va a beneficiar a casi nadie, llena una casillero más para desmotivar la inversión en Argentina", comentó.

Además, planteó que el proyecto fija una tasa de 7% para la distribución de dividendos, que al momento de su distribución, consolidarán una alícuota de 39%. Litvin relacionó esta iniciativa con la suspensión del pacto fiscal, que "levanta las barreras para gobernadores e intendentes para la anarquía de los impuestos locales" como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales.

En tanto, Sebastián Domínguez coincide en que muy pocas empresas podrán acceder a la tasa de 25% y considera que si la intención fuera establecer una alícuota más elevada para las empresas más grandes debería tomarse como referencia el encuadramiento como pyme de las empresas y no un monto tan pequeño.

"Entendemos que terminará siendo un nuevo incremento de la presión fiscal en la mayoría de los casos, modificando nuevamente las reglas de juego", comentó.