A partir de un doble frente de reformas gestadas en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre (ATIT), los países de la región avanzan decididamente para ponerle fin a la exigencia de papeles en las rutas.
Las modificaciones can en línea con la simplificación de trámites, la facilitación del comercio transfronterizo y la modernización de los sistemas de control.
El paso más reciente lo dio ALADI con la suscripción del Séptimo Protocolo Adicional al ATIT, firmado por los siete países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El acuerdo quedó plenamente consolidado tras la firma de Elizabet González, representante permanente de Perú, país que fue el último miembro en sumarse al protocolo junto al secretario general del organismo, Sergio Abreu.
Chau “Libreta de Tripulante”
La reforma migratoria clave de este nuevo protocolo consiste en la eliminación formal de la “Libreta de Tripulante”, el tradicional documento físico en papel que se utilizaba para verificar el ingreso y egreso de choferes y personal de a bordo de los vehículos de transporte habilitados en la región.
A partir de ahora, se simplificarán las disposiciones de carácter migratorio aplicables a los trabajadores del sector.
Según el organismo multilateral, esta actualización “forma parte del proceso de modernización del ATIT, que busca adaptarlo a los nuevos desafíos de la logística internacional. Contribuye de forma directa a simplificar procedimientos, reducir costos transaccionales y fortalecer la competitividad del transporte terrestre, facilitando el comercio entre los países de la región”.
Fin a las multas “salvajes”
Este paso de la ALADI confluye con otras dos grandes batallas que el sector privado, nucleado en el Consejo Empresarial de Transporte de Cargas del Mercosur, venía impulsando desde hace años.
La primera de ellas es la reforma del régimen de sanciones de la ATIT, una normativa que databa de 2004 (acordada originalmente en Mar del Plata) y que se había vuelto un peligro real de quiebra para las pequeñas y medianas empresas de transporte.
“Hacía más de cuatro años que veníamos pidiendo esta modificación”, contó a El Cronista Silvia Sudol, asesora de Transporte internacional de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de cargas (Fadeeac).
“El régimen de sanciones previo establecía multas de hasta u$s 4000 por infracciones comunes, como operar temporalmente sin un permiso internacional vigente o realizar cabotaje sin autorización”, explicó la especialista.
Según relató Sudol, en el contexto económico regional, donde la estabilidad es la excepción y no la regla, la acumulación de una multa máxima y una intermedia podía sentenciar la desaparición de una empresa de transporte internacional con 50 o 60 años de trayectoria.
“Con la reforma aprobada por la ALADI, la sanción máxima se reduce de u$s 4000 a u$s 2000, las de u$s 2000 bajan a u$s 1000, y así sucesivamente en toda la escala”, agreggó.
Hacia la digitalización del “MIC/DTA”
El otro gran hito que se acopla es la digitalización del MIC/DTA (Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero), el documento aduanero clave para operar en tránsito internacional terrestre.
Hasta hoy, este trámite solo podía realizarse de manera impresa, aclaró la asesora de Fadeeac. El cambio reglamentario le da vía libre a los países miembros para informatizar este documento, permitiendo armonizar y coordinar las bases de datos en tiempo real bajo los estándares solicitados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los organismos migratorios de cada país.
El laberinto legislativo de la internalización
Pese a los avances normativos, Sudol expresó que a pesar del consenso logrado, la burocracia de los procesos de internalización nacional de cada país ralentiza la implementación práctica de estas mejoras.
Aunque el acuerdo se aprobó formalmente por los países miembro en el año 2025, de los siete integrantes, solo cinco lo han internalizado en sus normativas locales. Bolivia lo tiene pendiente y en Chile el proyecto sigue demorado en el Congreso.
“Los demás países ya lo internalizamos y lo que estamos pidiendo es que se pueda aplicar de forma inmediata aun con los dos países pendientes, pero por cuestiones de forma de los acuerdos internacionales está resultando difícil en la práctica”, advirtió Sudol.
