Si bien el Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para eliminar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), quienes siguen su avance aseguran que el interés parlamentario es bajo.
Sin embargo, la verdadera batalla por la conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal se libra en las oficinas comerciales del Mercosur, donde la delegación argentina negocia ceder el perfil de nutrientes ante el modelo que rige en Brasil.
Aunque el debate económico suele centrarse en las supuestas trabas que los sellos negros imponen a la producción, la perspectiva macroeconómica global aporta información más que relevante para el mediano plazo.
Mauro Brero, asesor en alimentación de Unicef Global, planteó que la inacción estatal ante el avance de los productos ultraprocesados representa una hipoteca financiera directa para el Estado.
Estudios globales citados por el especialista demuestran que cada niño con sobrepeso u obesidad representa un costo de alrededor de u$s 200.000 para la sociedad.
A nivel macroeconómico, este fenómeno se traduce en una pérdida de productividad, salarios truncados de por vida, morbilidad y mortalidad temprana que drena aproximadamente el 1% del PBI anual de las naciones.
“Hemos mejorado en cifras de desnutrición y sobre todo en los niños más pequeños”, dijo y contó que hoy en día hay casi 60 millones de niños menores de 5 años menos que viven con desnutrición comparado al año 2000. Sin embargo, alertó que en el mismo período —en los últimos 25 años— el número de niños y adolescentes con obesidad se triplicó a nivel global: afecta a 188 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años en todo el mundo, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 10 menores a nivel global.
Argentina, en tanto, es el tercer país de América Latina en prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años, planteó Unicef en un documento donde fijó postura y puso en valor los entornos alimentarios saludables. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, el 41,1% de la población de 5 a 17 años de Argentina presenta exceso de peso, agregó.
El tema fue eje de debate en una mesa coordinada por Verónica Risso Patrón, oficial de Nutrición de Unicef Argentina, donde se expuso también que el consumo de alimentos saludables está por debajo de lo recomendado por las Guías Alimentarias para la Población Argentina del Ministerio de Salud de la Nación, mientras que los productos ultraprocesados —con exceso de sal, sodio y grasas— representan más del 35% de la ingesta energética diaria de niñas y niños, según un informe de Unicef y FIC Argentina de 2023. Por su parte, el consumo de frutas y verduras alcanza solo el 20% de lo recomendado, sostiene el mismo estudio.
El lobby regional
Mientras el Poder Ejecutivo amaga con una derogación de la norma y el Congreso de la Nación muestra un marcado desinterés por abrir el debate en el recinto —debido a que ningún bloque político prevé un tratamiento cercano ni encuentra criterios científicos que justifiquen una baja a secas—, la verdadera estrategia revisionista se mudó a las oficinas técnicas del Mercosur.
En su exposición, Luciana Castronuovo, directora de proyectos de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), encendió las alarmas al revelar la trama detrás del proceso de armonización del Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional, reactivado en abril de 2025. El debate fue impulsado por el Grupo de Mercado Común (GMC), un órgano político integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Bancos Centrales; actores tradicionalmente ajenos a la salud pública. Las negociaciones técnicas están a cargo del Subgrupo de Trabajo 3 (SGT 3), cuya misión es eliminar obstáculos técnicos al comercio.
En estas mesas, la posición de la delegación argentina es encabezada formalmente por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, a través del Área de Obstáculos Técnicos al Comercio, dependiente de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.
Detrás de la diplomacia formal, las negociaciones revelan una postura oficial de mayor flexibilización que se alinea con el reclamo corporativo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Según fuentes técnicas vinculadas a las comisiones de negociación, la Argentina llevó a la mesa regional una propuesta bisagra: si relegar el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ayuda a destrabar la armonización con los países vecinos, el gobierno local está dispuesto a ceder.
La intención es converger hacia el modelo implementado por Brasil, basado en una lupa gráfica y en umbrales fijos por cada 100 gramos o mililitros, el cual constituye el esquema “más laxo” y “permisivo” de la región, describen los especialistas.
La gravedad de este giro radica en que el sistema de la OPS adoptado por la ley argentina calcula los excesos en relación con el porcentaje de calorías, siendo el más eficiente para detectar la baja calidad nutricional. “Si uno toma, por ejemplo, el criterio de gramos por mililitros, uno puede tener una bebida gaseosa que tiene puro azúcar y eso puede ser que no tenga el sello según el modelo de Brasil o Uruguay”, advierten los especialistas de FIC, señalando que el cambio dejaría a la mitad de las bebidas azucaradas sin advertencias en las góndolas, transformándolas en “calorías vacías” sin control.
La paradoja comercial de esta flexibilización es que la industria local ya absorbió el costo económico de la transición. Aunque las industrias de mayor calado apoyan la derogación, el debate también plantea que, a casi tres años de la implementación completa de la ley, las pequeñas empresas realizaron fuertes inversiones en el rediseño de matrices de packaging e ingeniería alimentaria.
Un estudio realizado por Gabriela Reyna, directora de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, demuestra un proceso masivo de reformulación: marcas líderes retiraron azúcares de yogures y leches chocolatadas comerciales para poder quitar los octógonos o conservar sus personajes infantiles. El fenómeno alcanzó incluso a pequeños productores regionales en provincias como Catamarca, donde las pymes invirtieron capital específico para adaptar sus recetas y conservar el cupo de proveedores habilitados para abastecer a los entornos escolares.
Por eso, desde sectores que apoyan sostener la ley aseguran que obligar a las empresas a desarmar sus envases actuales para adaptarlos a una nueva normativa regional vulneraría la seguridad jurídica y representaría un nuevo e innecesario gasto de reinversión en etiquetado.
Además, los sanitaristas advierten que una capitulación ante el Mercosur generaría un peligroso vacío legal: el bloque regional solo discute aspectos gráficos y perfiles de tolerancia de rotulado. Si la ley nacional cae bajo la excusa de la armonización regional, componentes medulares como la prohibición de publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y la regulación sobre entornos escolares saludables se extinguirían automáticamente.
Esta desprotección ya registra un antecedente, advirtieron desde FIC al señalar que, a fines de 2024, la ANMAT dictó una resolución interna que flexibilizó la fiscalización, disponiendo que solo se evaluarán los nutrientes críticos que hayan sido artificialmente agregados por la industria, dejando vía libre a los excesos intrínsecos de los ingredientes primarios.
Bajo las reglas del Protocolo de Ouro Preto, las resoluciones del Mercosur tienen jerarquía superior y obligan a los Estados a su incorporación, señaló Castronuovo. Por eso, la defensa técnica que ejerza la Secretaría de Comercio frente a sus pares del Cono Sur definirá si el país exporta su estándar de protección o si cede ante la presión del mercado.
