El Gobierno nacional formalizó finalmente su avanzada contra la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642) y envió al Congreso un proyecto de derogación total de la norma de etiquetado frontal, retomando así un largo debate político, sanitario y comercial.
La iniciativa volvió a la agenda pública semanas atrás con la iniciativa impulsada por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) que, como anticipó El Cronista cuenta con el aval de la industria de alimentos nucleada en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas (Copal).
El texto oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, propone derogar íntegramente la ley que obliga a exhibir los octógonos negros en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, y argumenta que el sistema vigente generó “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”.
De esta manera, la Casa Rosada decidió avanzar con una versión más contundente que la presentada inicialmente por legisladores oficialistas, ya que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo no contempla modificaciones parciales ni un esquema transitorio: directamente elimina el régimen actual y deja vigente únicamente la información nutricional tradicional prevista en el Código Alimentario Argentino.
Entre los principales argumentos, el Gobierno sostiene que el perfil nutricional adoptado por Argentina —basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— generó “distorsiones” al aplicar criterios homogéneos sobre productos de características nutricionales diferentes. Según el mensaje enviado al Congreso, esto puede inducir “interpretaciones simplificadas o poco precisas” por parte de los consumidores.
El documento también cuestiona el carácter “binario” del sistema de advertencias y afirma que la estructura vigente desincentiva las reformulaciones graduales de productos por parte de la industria alimenticia. A eso suma críticas por la “superposición regulatoria” con el sistema nutricional ya vigente en el Mercosur y por los costos de adecuación que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
En línea con los reclamos que venía expresando la industria alimenticia, el Ejecutivo pone el foco en la falta de armonización regional.
El mensaje oficial asegura que Argentina quedó desalineada respecto de otros socios del Mercosur, obligando a las compañías a desarrollar distintos esquemas de rotulado para comercializar en cada mercado.
Ese punto había sido señalado semanas atrás por empresas nucleadas en la Copal, que presionan para converger hacia un modelo más cercano al brasileño. Desde el sector sostienen que el diseño argentino terminó generando una sobrecarga de sellos en comparación con Brasil y reduciendo la competitividad regional de los productos locales.
El Gobierno retomó ahora varios de esos planteos y agregó otro eje sensible: las restricciones publicitarias. El texto oficial considera que las limitaciones sobre promociones, marketing y utilización de personajes en envases constituyen restricciones “relevantes” sobre actividades económicas lícitas y plantea que toda regulación debe respetar criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”.
La iniciativa también cuestiona la rigidez normativa de la ley actual y sostiene que incorporar parámetros técnicos directamente en el texto legal limita la posibilidad de adaptar el sistema frente a nuevos consensos científicos o procesos de armonización internacional.
Contrapunto local y regional
Sin embargo, el avance oficial promete reabrir un fuerte conflicto con organizaciones sanitarias, académicas y de consumidores que venían defendiendo el modelo argentino como uno de los más estrictos de la región. En las últimas semanas, entidades como la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina habían advertido en el Parlamento del Mercosur sobre los riesgos de una flexibilización normativa impulsada por razones comerciales.
El contrapunto también escala a nivel regional. Mientras el Gobierno argentino impulsa la derogación, el Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur aprobó recientemente una declaración para promover una ley regional de etiquetado frontal inspirada precisamente en el esquema argentino y en los parámetros de la OPS.
La discusión promete así trasladarse nuevamente al Congreso, donde el oficialismo buscará aprovechar el nuevo clima político y la agenda desreguladora de la administración libertaria para avanzar con una reforma que toca de lleno el vínculo entre salud pública, consumo y competitividad industrial.
