Con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Diputados comenzó este martes a tratar el proyecto de Presupuesto 2027 y ya anunció la fecha tentativa para ir a sesión. La idea es conseguir una aprobación junto con la reforma política, que todavía sigue en manos del Senado.
La agenda de la semana sumará otra reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, comandada por el diputado Alberto Benegas Lynch, para este miércoles a las 10 con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, según anticiparon al comienzo de la reunión.
El cronograma continuará tal como anticipó El Cronista semanas atrás: habrán otras informativas también el 20 y el 27 de octubre, con el objetivo de conseguir el dictamen el 28. La sesión será recién en noviembre, tras las delegaciones de diputados que viajarán a Estados Unidos por las elecciones del 3 de noviembre y la llegada del Papa Leon XIV a la Argentina prevista para entre el 8 y el 11.
Apuntan a que la convocatoria sea para el 18 y, según esperan desde el oficialismo, la idea es que se trate en conjunto con la “media sanción” de la reforma política que esperan del Senado para las próximas semanas.
El debate en comisión estuvo atravesado principalmente por reclamos de la oposición en materia de partidas para las Universidades Nacionales.
El bloque opositor de Unión por la Patria presentó una nota ante Benegas Lynch en queja de que se “incumple con la Ley de Financiamiento Universitario” y pidieron que el jefe de Gabinete “garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas” en el fallo que ordenó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley sancionada en el 2025.
En la propuesta para incrementar las partidas para las Universidades en el marco del Presupuesto 2027 proponen que los recursos se compensen con la reducción de la partidas en la Jurisdicción 91 “Obligaciones a cargo del Tesoro”, para no alterar el resultado financiero previsto para el 2027.
La presentación llegó una semana después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenara el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.
El decreto había condicionado la promulgación de la ley a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige identificar la fuente de financiamiento de todo gasto nuevo. Para el magistrado, esa fórmula funcionó como un veto no previsto en la Constitución, ya que el Congreso había insistido con la norma por dos tercios.
El Gobierno apeló el fallo el viernes pasado. En la apelación sostuvo que la aplicación de la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo prevé un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. De ese total, $6.326.177.949.919 corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros $1.022.904.099.393 figuran en partidas “debajo de la línea”.
El texto incluye además una cláusula que obliga a las universidades a detallar ante el Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello la finalidad de sus gastos. La misma norma facultaría al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos a las casas de estudio que no cumplan con ese requisito.
El monto, puntualmente, queda lejos de los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 60 universidades públicas del país. La diferencia ronda el 33% y se concentra en el componente salarial, que representa cerca del 90% de los recursos del sistema.
El CIN presentó su propuesta de Presupuesto ante diputados y senadores el 16 de septiembre, un día después del envío del proyecto al Congreso. Según su cálculo, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario exigiría un presupuesto de $9,8 billones, y el resto del reclamo corresponde a actualizaciones de funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.
El emisario del ministro de Economía, Luis Caputo -quien no tiene previsto asistir a la comisión en ningún momento pese a la reiterada convocatoria de los diputados opositores- comenzó su disertación este martes luego de una reunión privada que mantuvo con los aliados la semana pasada.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la defensa del Presupuesto en comisión quedó a cargo de Guberman, una tarea que en otros gobiernos encabezaba el ministro de Economía. Esta semana, además, Caputo participa en Bangkok, Tailandia, de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, con la tercera revisión del acuerdo como eje.
Comenzó haciendo hincapié en la herencia de 11 años de acumulación del déficit financiero y primario que implicó una pérdida en crecimiento del 55% del PBI y repasó, con gráficos, sobre los números de progreso económico, exenciones de deuda con las provincias, empleo y salarios de los últimos tres años con la gestión actual.
Hacia adelante, el proyecto proyecta un crecimiento del PBI de 4%, una inflación de 18% acumulada a diciembre y un tipo de cambio de $1.847,6 al cierre de 2027, con un promedio anual de $1.728.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los ingresos crecerían 3,5% en términos reales y los subsidios energéticos caerían 25,2%. Guberman festejó que el documento se publicó antes de la primera reunión de comisión -“hasta les robé un par de gráficos”- y aprovechó para visibilizar que “no se desmanteló” la Oficina, como había denunciado la oposición tras las auditorías.
El oficialismo ya se comprometió a hacer una modificación: la caída del Capítulo VI que modificaba el sistema de prestaciones para Discapacidad. La idea es reemplazarlo por la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente, una iniciativa que negoció La Libertad Avanza con los aliados del Congreso y que buscarán aprobar en una sesión el 21 de octubre. La oposición ya puso fecha, con su propia iniciativa, para este jueves junto a Endeudamiento y el DNU 70.
El proyecto asigna $6,094 billones a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones a la atención médica de sus beneficiarios. En conjunto, las principales partidas del área, que dependen del Ministerio de Salud, suman alrededor de $7,275 billones.
Las metas físicas del proyecto prevén 1.141.436 beneficiarios de pensiones por discapacidad en 2027, 2.578 menos que los 1.144.014 que registraba en junio el Boletín Estadístico de la Seguridad Social.
Los aliados reclaman precisiones sobre esos montos y una terminología común entre el Presupuesto y la nueva ley: en la reunión que mantuvieron con Guberman a puertas cerradas se les comunicó que, pese a ese capítulo que entró por la ventana, las partidas estaban contempladas sin esas modificaciones.
Guberman aseguró en comisión, así como lo hizo por privado, que el proyecto refleja cualquier alternativa: “Está previsto al 100%. Si se duplica la cantidad de personas, está previsto el gasto en cobertura de salud”, dijo. “Siguen discutiendo si está o no está, pero el número está más que claro”.
La oposición, en tanto, insistirá con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, que reunió 36 firmas en comisión.
