La comitiva estadounidense que llegó a la Argentina para avanzar sobre el Corredor Andes-Atlántico mantuvo esta semana una serie de reuniones clave con Cancillería, Transporte, Desregulación y Energía. El Cronista accedió a los detalles de la agenda y, según fuentes que participaron de las conversaciones, los funcionarios aseguraron que el marco de financiamiento de u$s 7.000 millones lanzado en Nueva York es solo un piso de lo que están dispuestos a invertir.
La comitiva la integran miembros del Departamento de Estado, el Banco de Exportación e Importación de EE.UU. (EXIM) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC). La delegación llegó el lunes y su arribo fue confirmado por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. “Del anuncio a la acción”, celebró.
El canciller Pablo Quirno recibió a la comitiva el martes en el Palacio San Martín. “Continuamos trabajando para movilizar inversiones en proyectos estratégicos en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnología en nuestro país”, escribió en esa red social, en referencia al encuentro.
Durante la semana, la delegación se reunió con el equipo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, para repasar el estado de los procesos ferroviarios y energéticos que integran el Corredor.
El primer tema fue la licitación de las concesiones por 50 años de las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, formalizada por la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía. Esa licitación abarca 7.594 kilómetros en 16 provincias y tiene la apertura de ofertas fijada para el 11 de noviembre.
El segundo eje fue la privatización de ENARSA. El Gobierno ya autorizó, por el Decreto 1107/2026, la venta de la participación estatal en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín y Guillermo Brown.
Según pudo saber El Cronista, el equipo de Chaher le adelantó a la delegación que dos nuevos llamados se formalizarán la semana próxima, dentro de una batería más amplia de procesos que se están preparando. El interés de la misión estadounidense pasó por conocer en detalle el estado y el cronograma de cada uno de esos proyectos.
La agenda continuó ayer, con un encuentro centrado en el terreno de las desregulaciones. Estuvo presente el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace y de las conversaciones también participaron del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Fuentes al tanto de las conversaciones calificaron la reunión como “excelente” y la describieron como un cambio de magnitud respecto de lo anunciado en septiembre: según esas fuentes, los u$s 7.000 millones del Marco “Construir el Futuro” funcionan como un piso, no como un techo, y Washington estaría dispuesto a financiar bastante más de lo ya comprometido.
“Están muy informados de la situación de las provincias y lo que han anunciado es un piso, pero están dispuestos a mucho más. Incluso a financiar infraestructura para la logística del norte del país”, precisaron a El Cronista.
Se trata de la zona donde se concentran el litio y el cobre que el Corredor busca conectar con el Atlántico. Ahí surgió el nudo regulatorio que motivó buena parte de la charla: para que esa inversión tenga sentido, hace falta poder operar los puertos del norte con más barcos de los que hoy permite la ley argentina.
El obstáculo es la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley 19.492/44), que desde 1944 reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional y que ya estuvo en la mira del Gobierno desde el inicio. Argumentan que la flota propia no alcanza para cubrir la demanda, así que los pocos puertos activos aguas arriba de Confluencia -Barranqueras, Corrientes, Ituzaingó y Posadas- ya operan con buques de bandera extranjera, pero bajo certificados de excepción que la Prefectura renueva cada seis meses.
En el Ejecutivo remarcan que ese esquema no permite planificar logística de largo plazo, justo lo que exigiría mover carga de forma sostenida desde los puertos del norte hacia el Atlántico.
El Gobierno había presentado en julio un proyecto para reformar esa ley: habilitar a buques de bandera extranjera a transportar carga entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias, en lugar del régimen de excepción caso por caso que rige hoy, y flexibilizar los requisitos de integración de las tripulaciones.
La iniciativa quedó archivada sin tratamiento, y en 2025 el Congreso ya había rechazado un intento previo con un objetivo similar, instrumentado por DNU.
El tema volvió a la mesa a fines de septiembre, durante la Argentina Week en París: formó parte de la conversación entre los ministros y los gobernadores que participaron y acordaron retomar varios proyectos que interesan a distintas provincias, entre ellos la reforma del cabotaje. “Los gobernadores están muy entusiasmados”, aseguraron este Casa Rosada.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, todavía tiene pendiente su propio viaje a la Argentina en los próximos días, según había anticipado la hoja informativa del lanzamiento. La agenda bilateral continúa además en diciembre, con una visita propuesta de Chaher a Nueva York y Washington los días 9 y 10, para presentar ante empresas estadounidenses las licitaciones de concesiones que sigan abiertas.
