Coparticipación: Ciudad y Nación se cruzaron en la audiencia y la Corte puso plazo para resolver el conflicto

El máximo tribunal había convocado a las partes para dirimir la disputa por una millonaria caja. Ahora avanzarán discusiones técnicas para encontrar una solución, a más tardar, en 30 días.

Convocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funcionarios del Gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires se reunieron para comenzar a resolver el mecanismo de financiamiento con el que solventar el traspaso de las competencias de seguridad al ámbito capitalino, y que en septiembre de 2020 fue trastocado unilateralmente por el presidente Alberto Fernández al remover un punto de la Coparticipación que automáticamente se giraba entonces a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.   

En el Salón Bermejo del cuarto piso de palacio tribunalicio, los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda oyeron las exposiciones del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien compareció en representación del Estado nacional, y del alcalde Rodríguez Larreta, que hizo lo propio acompañado por su jefe de gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro; el procurador -abogado- del Ejecutivo porteño, Gabriel Astarloa, y un funcionario técnico del ministerio de hacienda local. 

Las partes no llegaron a un acuerdo y la Corte los emplazó a encontrar una solución, a más tardar, en 30 días. Además, deberán informal semanalmente cómo progresan las discusiones.

Celebrada en un contexto de crecientes hostilidades entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema, la Casa Rosada acudió a Tribunales con la expectativa de zanjar el asunto si acaso la Ciudad acepta discutir el costo del traspaso de la policía a esa jurisdicción en los términos que fijó una ley aprobada a fines de 2020 por el Congreso -con resistencia de la bancada porteña de Juntos por el Cambio. Dicha ley establecía un cálculo y rechazaba volver al esquema de financiación vía fondos coparticipables.

Finalizada la audiencia, De Pedro dijo que el Gobierno busca "reafirmar que hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires".

El ministro del Interior, De Pedro, al llegar este jueves a Tribunales.

Pero el Gobierno porteño sigue empeñado en sostener que la quita fue indebida. Con una conferencia de prensa desde la sede gubernamental, en Parque Patricios, Larreta sostuvo que la quita fue "arbitraria e inconstitucional", y aseguró tener argumentos para "respaldar" sus reclamos.

"Expusimos que la quita es inconstitucional porque viola el requisito expreso de acompañar con fondos la transferencia de competencias", insistió Larreta, y también consideró ilícita la ley que fijó otro mecanismo de compensación económica. 

Larreta le puso cifras a la pérdida de recursos: aseguró que en 2020 se desviaron $ 15.500 millones, $ 83.000 millones en 2021, y $ 120.000 millones para el año corriente. "Es mucha plata y por eso es necesario que todos los gobernadores defendamos las quitas discrecionales", dijo en referencia a otros mandatarios. "Hoy estamos discutiendo el respeto a la Constitución", agravó.

El jefe del Ejecutivo porteño dijo confiar "plenamente" en la resolución que pueda establecer la Corte Suprema, y consideró que "los mecanismos institucionales del país funcionan correctamente". Un guiño para los magistrados.

El germen del conflicto

El diferendo por la coparticipación se arrastra desde 2020, cuando en medio de una protesta salarial de policías bonaerenses, la Nación le recortó a la Ciudad el dinero que el ex presidente Mauricio Macri le había reconocido en 2016.

Vale recordar que la Nación y Ciudad establecieron en 2002 un porcentaje fijo a transferir a la exmunicipalidad de Buenos Aires del 1,40%. En 2016, con la justificación del traspaso de las fuerzas de seguridad a la órbita local, el expresidente Mauricio Macri lo incrementó en beneficio de su sucesor en la jefatura de gobierno, y llevó el coeficiente a 3,75%. Entonces, los gobernadores se quejaron por considerarlo excesivo y la Casa Rosada de entonces bajó el porcentaje a 3,50% a partir de 2018.

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 Entretanto, las administraciones nacional y porteña también están enfrentadas por la decisión de rever el esquema de financiamiento de las 32 líneas de colectivo que circulan exclusivamente por la capital. Las partes celebraron dos reuniones y se espera una propuesta de Nación para discutir en detalle los números.  

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