El Gobierno decidió meterse de lleno en la discusión por el aumento de la morosidad de las familias y disputar una bandera que la oposición convirtió en uno de sus principales ejes de presión sobre la gestión de Javier Milei este segundo semestre.
La estrategia ante la amenaza de los 133 votos que juntó la oposición para emplazar comisiones fue llevar citar a las reuniones antes de que puedan convertirla en una sesión especial con un fuerte costo político para la Casa Rosada. Como consecuencia, los aliados del Gobierno que apoyaron la iniciativa opositora tendrán una excusa para no volver a prestar los votos.
Además de los más de 50 proyectos que reclutó la oposición para avanzar en el tema del endeudamiento de las familias, también buscan prorrogar la Emergencia en Discapacidad, otra de las banderas sensibles que pudo plantar durante el 2025 y que llevó el tema a la Justicia.
Este mismo viernes La Libertad Avanza convocó la comisión de Finanzas, presidida por el diputado Santiago Pauli, para tratar los proyectos el miércoles 2 de septiembre a las 13.30. La maniobra apunta a ordenar el debate desde las comisiones, mantener el control de los tiempos y, al mismo tiempo, restarle fuerza a la sesión especial que la oposición intenta sostener para el 9 de septiembre.
La idea de emplazar las comisiones, por un lado, es para fijar el cronograma de reuniones y eventual dictamen -lo que le da el control del ritmo del debate al pleno- y, además, fuerza también a que se convoquen todas las comisiones que tienen jurisdicción en las decenas de proyectos: también hay giros a Presupuesto y Hacienda, Defensa al Consumidor y Justicia.
El oficialismo no quiere regalarle a la oposición el monopolio del reclamo por los hogares endeudados, en un giro comunicacional que se diferencia de los atropellos discursivos que afrontó durante otros debates incómodos. El jefe de Estado reunió a los ministros del Gabinete y a los diputados y senadores libertarios en Casa Rosada para darles una clase sobre qué ejes tienen que defender en la discusión, y buscarán mostrarlo.
Entre las iniciativas figuran proyectos para crear un régimen de trato digno para consumidores sobreendeudados, establecer mecanismos de prevención y rehabilitación del sobreendeudamiento familiar, crear fondos de recuperación de deudas de consumo y modificar la Ley de Tarjetas de Crédito.
También aparecen propuestas más profundas, como declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED), establecer un programa nacional de alivio financiero, limitar intereses y cargos de las tarjetas, crear un marco para el crédito responsable y avanzar con la reestructuración de las deudas familiares.
El punto central de la discusión está en los números. Según pudo saber El Cronista, el Gobierno utiliza para respaldar su reclamo el último informe sobre bancos del BCRA un argumento para sostener que existe un problema de morosidad, pero no una crisis del sistema financiero.
El documento correspondiente a junio muestra que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado bajó al 7,6%, una reducción de 0,1 punto porcentual respecto de mayo. Dentro de ese universo, la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,8%, mientras que la correspondiente a las empresas fue de 3,5%.
El dato que más interesa al Gobierno es la evolución mensual. El BCRA explicó que la mejora del indicador respondió a una desaceleración en el crecimiento real de la cartera irregular y a un aumento del crédito total. En las tarjetas, además, el ratio de irregularidad bajó durante junio, aunque subió en préstamos personales y prendarios.
Hay otro indicador que el Ejecutivo utiliza para reforzar su argumento: la probabilidad de default estimada del crédito al sector privado cayó en junio 0,2 puntos, hasta 2,6%. Para las familias se ubicó en 4,4%, también con una baja mensual de 0,2 puntos.
El informe también muestra que el sistema financiero mantiene una cobertura elevada frente al riesgo de crédito. Las previsiones constituidas alcanzaron el 86,6% de la cartera irregular y, al combinar cartera irregular, previsiones y capital regulatorio, los créditos en situación irregular netos de previsiones representaron apenas el 2,2% del patrimonio regulatorio. Para el Gobierno, esos datos son centrales porque permiten separar el deterioro de los hogares de una eventual crisis de solvencia bancaria.
Hay otros argumentos a su defensa política. El primero apunta a las billeteras virtuales y, en particular, al perfil de los deudores más jóvenes. En el Gobierno vinculan parte del crecimiento de la mora con el uso de estas plataformas y con el dinero destinado a las apuestas online, una problemática que cobró especial relevancia entre los jóvenes.
Esa mirada también apunta a diferenciar entre la mora vinculada con la pérdida de capacidad de pago y aquella asociada a decisiones de consumo y financiamiento que, según el Gobierno, no pueden imputarse directamente a la política económica.
Otro argumento tiene un componente territorial y directamente político: en el Gobierno remarcan que los niveles más elevados de morosidad se concentran en distintos municipios del conurbano bonaerense y señalan que buena parte de esos distritos está gobernada por intendentes del peronismo y el kirchnerismo.
Entre los distritos con mayor proporción de deudores en mora aparecen Presidente Perón, Florencio Varela, José C. Paz, San Vicente, Malvinas Argentinas, Moreno, Ezeiza, Marcos Paz, Merlo y Ensenada. En varios de esos municipios, la proporción de personas con deudas en situación irregular supera el 30%. El dato territorial es utilizado por el oficialismo para reforzar su argumento político, aunque por sí solo no permite establecer una relación causal entre el color político de cada municipio y el nivel de endeudamiento.
La oposición, por otra parte, pone el foco en otro indicador. El Mapa de la Deuda, elaborado a partir de información de la Central de Deudores del BCRA, ubicó la mora familiar en 17,5% en junio, contra 12,6% en diciembre de 2025 y 3,6% a fines de 2024. Ese relevamiento muestra, además, que casi 5 millones de personas tenían alguna deuda en mora y que el monto promedio adeudado por persona aumentó cerca de 60% en términos reales en un año.
La diferencia entre ambos porcentajes es parte de la discusión que el oficialismo busca instalar. El 12,8% del BCRA corresponde a la mora de las financiaciones a familias dentro del sistema financiero, mientras que el 17,5% corresponde a una medición más amplia del endeudamiento familiar. No son indicadores idénticos ni deben compararse como si fueran dos mediciones del mismo universo.
El Gobierno también se apoya en la composición de la mora. El BCRA señala que el crédito destinado a las familias representa 20,2% del activo total del sistema financiero y que el deterioro no afecta de la misma manera a todas las líneas. La situación de los préstamos hipotecarios se mantuvo relativamente estable en junio, mientras que la mayor presión aparece en productos de consumo y préstamos personales.
Sobre ese escenario construyó Milei su argumento político durante la semana pasada. En la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente negó que el aumento de la mora pueda atribuirse al programa económico y acusó a la oposición de utilizar el indicador con fines políticos. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, afirmó.
Su explicación sobre el origen del fenómeno apunta a 2024. Según el Presidente, buena parte de los créditos que hoy aparecen en mora fueron otorgados en ese período, cuando la economía atravesó una fuerte suba del riesgo país y de las tasas de interés. “La mora que están viendo hoy no es por préstamos de 2025. Durante el 2025, los bancos racionaron. Es mora vinculada a los préstamos del 2024”, sostuvo.
Milei completó ese razonamiento con una referencia directa a los ingresos de los hogares: “Como hubo una suba abrupta del riesgo país (durante la época electoral del 2025), fruto del intento de golpe de Estado (en referencia a las leyes opositoras que sancionó el Congreso), se subió tanto la tasa de interés, se frenó la actividad económica, se congelaron los ingresos y los salarios reales cayeron. Como consecuencia de ello, la gente no pudo pagar”.
El Presidente también rechazó la idea de una intervención estatal para rescatar a los deudores. Su argumento es que el crecimiento de la mora forma parte de la expansión del crédito hacia sectores que antes tenían un acceso más limitado al sistema financiero.
“Nadie fue a esos mercados con una pistola en la cabeza. Lo hicieron libremente. Es un acuerdo entre partes, entre el prestamista y el prestatario”, planteó. Y agregó que “se pusieron de acuerdo en un monto y una tasa de interés y es un contrato entre privados y una intervención estatal produciría resultados peores”
Ese es uno de los puntos donde el debate económico se transforma en una disputa ideológica. Para el Gobierno, una asistencia estatal sobre las deudas trasladaría al conjunto de la sociedad el costo de contratos asumidos entre privados. Para la oposición, en cambio, la expansión de la mora refleja un problema que excede las decisiones individuales y requiere una respuesta sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito y sobre la capacidad de pago de los hogares.
El oficialismo busca entrar en el debate, exhibir los números que considera favorables, cuestionar la interpretación opositora y fijar su propio diagnóstico antes de que el endeudamiento familiar llegue al recinto como una bandera exclusivamente opositora.
El desafío para el Gobierno será sostener esa discusión sin negar un fenómeno que los propios datos oficiales reconocen. El informe del BCRA muestra una baja de la mora bancaria en junio y un sistema con altos niveles de cobertura, pero también registra una irregularidad de 12,8% entre las financiaciones a familias. En paralelo, las mediciones más amplias sobre endeudamiento muestran un deterioro mucho mayor y una cantidad creciente de hogares con dificultades para cumplir sus obligaciones.
