El Gobierno nacional confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la restitución de la pensión de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del Ejecutivo se produce como respuesta inmediata al reciente fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social, que este miércoles resolvió a favor de la exmandataria y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecer el pago de la asignación vitalicia. La resolución judicial desestimó el recurso de queja que había presentado el organismo previsional y ratificó el derecho de la dos veces presidenta a percibir el beneficio. El eje del litigio gira en torno a la legalidad del cobro simultáneo de dos haberes de privilegio: la pensión que le corresponde por su mandato al frente del Ejecutivo y la derivada por viudez tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Frente a este revés en los tribunales de alzada, el equipo jurídico de la ANSES prepara la presentación de un recurso extraordinario federal para elevar el expediente al máximo tribunal. La postura oficial sostiene que la percepción de una doble asignación honorífica resulta incompatible con la Ley 24.018, normativa que regula estos beneficios, y constituye una erogación injustificada que genera un trato desigual frente al resto de los jubilados y pensionados del sistema general. El origen de este nuevo capítulo judicial se remonta a noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada resolvió dar de baja ambas prestaciones honoríficas. La decisión administrativa se ejecutó luego de que la Cámara de Casación Penal Federal condenara a la exmandataria. Esta sentencia fue posteriormente ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia, lo que derivó en que Fernández de Kirchner quede detenida por causas de corrupción, un escenario que el Ejecutivo utilizó como fundamento normativo y ético para revocar de forma inmediata los pagos. Frente a la quita de los fondos, la defensa de la expresidenta inició un litigio para recuperar el cobro y solicitó una medida cautelar que le permitiera percibir al menos una de las dos asignaciones mientras se desarrollara el proceso principal. Aunque este pedido inicial fue rechazado por la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, la apelación prosperó en la Sala III de la cámara previsional. Allí, los camaristas Sebastián Russo y Juan Fantini admitieron el reclamo aludiendo a cuestiones de carácter alimentario. Ante ese revés, el Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, intentó elevar el caso a la Corte vía un recurso extraordinario, pero la maniobra fue bloqueada nuevamente por la mayoría conformada por Russo y Fantini, imponiéndose sobre la disidencia de la jueza Nora Dorado, quien había votado a favor del planteo oficial. La disputa legal por los ingresos de la expresidenta acumula un largo historial de idas y vueltas administrativas. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno había suspendido el pago de uno de los haberes por considerarlo irregular. Sin embargo, durante el mandato de Alberto Fernández, la conducción de la ANSES desistió de las apelaciones que mantenía el Estado, lo que habilitó a Fernández de Kirchner a recuperar el cobro de ambos montos de manera regular. Para la actual administración, el freno a este pago trasciende el plano estrictamente jurídico y se enmarca en la batalla política contra lo que denominan los privilegios de la casta. En un contexto donde el oficialismo sostiene un estricto programa de ajuste fiscal y motosierra, la obligación de desembolsar sumas millonarias, que además incluyen el cálculo de retroactivos, choca frontalmente con la “narrativa de austeridad” de la Casa Rosada. Con la confirmación de la vía recursiva hacia la Corte Suprema, el conflicto entra en su etapa definitoria, aunque con un horizonte temporal incierto. El máximo tribunal no tiene plazos procesales perentorios para expedirse sobre este tipo de expedientes, por lo que la resolución de fondo podría demorarse. Mientras tanto, el Gobierno buscará que la concesión del recurso suspenda los efectos del fallo de la Cámara, evitando así la liquidación de los fondos hasta que exista una sentencia firme
