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El Gobierno, a través de la Oficina del Presidente, informó este miércoles que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización, en violación de la Ley N.º 26.659.
Según el comunicado oficial, las presentaciones no se limitarán a las compañías: también individualizarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las decisiones vinculadas a esos proyectos.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 9, 2026
El texto oficial precisa que las nuevas denuncias derivarán tanto en la ampliación de procesos judiciales ya en marcha como en la apertura de causas nuevas.
El Ejecutivo sostuvo que continuará “utilizando todos los medios que tenga a su disposición” para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, a su criterio, vulneren los derechos soberanos del país sobre esa zona del Atlántico Sur, y para sancionar a los responsables, tanto personas jurídicas como físicas.
Causa Malvinas: qué establece la Ley 26.659
La norma invocada, sancionada en 2010, prohíbe expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad nacional competente.
Es el instrumento legal que el Ejecutivo viene utilizando como base de toda esta ofensiva contra compañías que operan al amparo de licencias otorgadas por el Reino Unido en la zona de Malvinas.
El comunicado de este miércoles no aparece aislado. Se suma a una seguidilla de anuncios de la Oficina del Presidente en los días previos:
- El 4 de septiembre de 2026, la Cancillería dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659.
- El 7 de septiembre de 2026, el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por contar con licencias británicas para operar en la Cuenca Malvinas Norte.
- El 8 de septiembre de 2026, en cadena nacional, el presidente Javier Milei ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas y cuestionó puntualmente el proyecto Sea Lion, el yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago que, de concretarse, sería el primero en producir crudo en esa área. El desarrollo está a cargo de Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%).
- Ese mismo lunes se sumó un nuevo comunicado que amplió los procedimientos sancionatorios a otros 15 sujetos, además de los 45 ya alcanzados.
Milei también instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar en el proyecto de Presupuesto 2027 —que el Ejecutivo debe enviar al Congreso el 15 de septiembre— la construcción de una nueva base naval en Tierra del Fuego, junto con otros proyectos que el Gobierno describe como orientados a la seguridad nacional y a la protección de los intereses soberanos del país. El anuncio judicial se conoció además días después de la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial.
La disputa se reactivó en el plano judicial y diplomático a partir del avance de proyectos como Sea Lion, que el Ejecutivo argentino considera ilegítimos por no contar con autorización nacional, mientras que las compañías involucradas operan al amparo de permisos otorgados por las autoridades británicas en el archipiélago.
