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Mientras que en la Casa Rosada se entusiasman con recuperar la agenda tras la cadena nacional por Malvinas, en el Congreso el oficialismo deberá afrontar hoy una jornada caliente donde pondrá a prueba el sostén de los aliados con dos de los temas más incómodos para el Gobierno: la morosidad y la emergencia en Discapacidad.
La primera maniobra de La Libertad Avanza fue fijar un cronograma de las comisiones de Finanzas, dirigida por Santiago Pauli, y la de Discapacidad, de Gerardo Heusen, para desactivar la sesión convocada para este 9 de septiembre, que tiene el objetivo justamente de votar una hoja de ruta para el dictamen.
El oficialismo fijó la fecha el 30 para morosidad y el 23 para discapacidad, pero la oposición busca acelerar los tiempos y no ceder ante la imposición del oficialismo.
La pulseada, al fin y al cabo, es meramente política, ya que la sesión solo votaría emplazamientos de comisiones. Todavía no hay un proyecto unificado de la oposición para aprobar, es poco probable que den los tiempos para una sanción y, en cualquier caso, el presidente Javier Milei tiene el tercio en la Cámara baja para blindar un eventual veto.
No prosperó la estrategia del cronograma de comisiones y el oficialismo puso dos alternativas sobre la mesa: por un lado, confirmado por la senadora Patricia Bullrich, llevar adelante una resolución del Banco Central para modificar la ley de Protección al Usuario de Servicios Financieros y transparentar el Costo Financiero Total de quienes tomen crédito.
Para Discapacidad, El Cronista supo que desde el oficialismo dejaron trascender la posibilidad de que se presente un nuevo proyecto para modificar la Ley de Discapacidad como alternativa.
El ministro de Salud, Mario Lugones, había incentivado su propia modificación meses atrás, pero no tuvo buena recepción de los aliados y jamás se trató. Durante la jornada del martes, funcionarios de su equipo asistieron al Congreso. Uno de ellos fue el jefe de Gabinete del ministerio, Roberto Olivieri Pinto.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, convocó este martes a las 17.30 una reunión con los aliados para poner sobre la mesa las distintas opciones. Allí se habló, por ejemplo, del nuevo proyecto de Discapacidad que trascendió.
Según pudo saber El Cronista, en el oficialismo ya daban por seguro el quórum y el escenario con mayor posibilidad era que los aliados presten votos para la prórroga en Discapacidad, mas no para la cuestión del endeudamiento. Luego del encuentro con aliados, el bloque de LLA se reunió con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Hasta el cierre de esta nota, sin chances de que hacer caer la sesión, en el oficialismo se planteaba dar quórum y aprovechar para dar el debate y negociar las alternativas que le prometieron a los aliados iban a presentarse dependiendo de los números que se sondeen en el momento. Por caso, otra versión que salió es que la cuestión de Discapacidad no sea un proyecto en sí, sino que se incorpore dentro del Presupuesto 2027 que se presentará la próxima semana.
“Capaz algo positivo de la sesión podemos sacar”, especulaban algunos optimistas del bloque libertario esta semana. El tema fue discutido en la reunión de Mesa Política durante la tarde, justo después de que un informe de la consultora Politikon Chaco revelara que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se reactivaron durante el mes de septiembre.
Los giros discrecionales del Poder Ejecutivo se distribuyeron en un total de $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa, que percibieron $3.500 millones cada una, y Misiones, que recibió $5.000 millones. Los diputados que responden a dichas provincias. Fue la primera distribución de ATN desde julio, ya que en agosto no se registraron envíos, y para La Pampa se trató del primer aporte de este tipo en lo que va de la gestión de Milei.
En el medio de la batalla por la agenda, esta semana se dio a conocer un relevamiento de la consultora Ad Hoc, que mide la conversación digital, y matizó el entusiasmo del oficialismo sobre cuánto durará el impacto delos anuncios por las Islas Malvinas que, en definitiva, fue algo que también ayudó a bloquear la oleada sobre el endeudamiento.
El estudio detectó que las menciones sobre Malvinas cayeron un 78% entre el viernes y el lunes posteriores al discurso, lo que sugiere que el impulso que generó el anuncio presidencial fue de corto plazo. La propia consultora había advertido, además, que el sentimiento digital hacia Milei se mantuvo en terreno negativo durante las horas posteriores a la cadena nacional, con un 46% de menciones negativas frente a un 35% de positivas, y que el mecanismo de recuperar agenda a través de cadenas nacionales viene mostrando picos de conversación cada vez más bajos desde diciembre de 2023.
En el Congreso, de todos modos, no buscarán alargar el debate. Si bien la oposición quiere volver a poner sobre la mesa la agenda sobre el endeudamiento y Discapacidad en una sesión que no tendrá resultados de alto impacto, El Cronista pudo saber que además buscarán que sea una jornada breve y sin tantos oradores.
De dónde salen los votos
El número que sostiene las expectativas de la oposición se consiguió en la sesión del 26 de agosto, cuando Unión por la Patria y Provincias Unidas mocionaron dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos. Esos pedidos necesitaban tres cuartos de los votos —189 sobre un total de 257— para prosperar, un umbral que no alcanzaron frente a un bloque libertario de 95 diputados, pero obtuvieron 133 apoyos contra 107 rechazos y 11 abstenciones.
Los 133 votos positivos los aportaron los diputados de Argentina Federal, el flamante bloque que integran diputados de Misiones y Salta -que debutó votando en contra del Gobierno-, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, de Tucumán.
Ese número dejó, además, un margen adicional: entre los ausentes de esa sesión hubo cuatro legisladores que, según reconocieron en la oposición, jugarían a su favor en una nueva votación —Juan Fernando Brugge, de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto, de Unión por la Patria; Natalia De la Sota, de Defendamos Córdoba, y Marcela Pagano, de Coherencia—, lo que eleva el piso proyectado a 138.
Ante este escenario, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron los contactos con gobernadores cuyos legisladores podrían resultar decisivos para desarmar el quórum opositor.
Entre los apuntados figuran Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, los radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, y Hugo Passalacqua. De ese grupo, el Gobierno pone especial atención en Jaldo, Sáenz, Jalil, Pullaro y Torres, que en distintas ocasiones acompañaron iniciativas oficialistas pero hoy oscilan según el tema y las promesas de fondos que la Nación cumpla o no con sus provincias.
Rolando Figueroa, de Neuquén, y Marcelo Orrego, de San Juan, en cambio, aparecen como los gobernadores mejor posicionados dentro del esquema libertario, según reconstruyeron distintas coberturas sobre las tratativas.
Los proyectos en danza
Sobre morosidad, la oposición reúne cerca de cincuenta proyectos que, con matices en el nivel de intervención estatal que proponen, en general incluyen programas de refinanciación de deudas, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos del deudor y mecanismos especiales de mediación. De aprobarse el emplazamiento, el tratamiento recaería principalmente sobre la Comisión de Finanzas, aunque en la oposición reconocen que la dispersión de giros entre distintas comisiones vuelve más compleja la tarea de ordenar un dictamen único.
Sobre discapacidad, el proyecto con mayor consenso opositor es el que impulsa el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propone prorrogar por un año más la emergencia vigente desde hace casi doce meses y cuyo vencimiento está previsto para fin de año.
A diferencia de la discusión por morosidad, el debate sobre discapacidad ya tiene una historia previa en el recinto, por lo que la oposición buscará emplazar directamente a las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa de Lugones, enviada al Senado en abril bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, buscaba modificar los ejes centrales de la Ley de Emergencia Nacional sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. El proyecto mantenía el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero eliminaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo otorgara aumentos adicionales por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable, y reemplazaba el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por un esquema anterior centrado en un subsidio por invalidez laboral.
Otro de los ejes del proyecto era la eliminación del nomenclador, el listado único y universal de aranceles que fija los valores de las prestaciones para todo el país. En su reemplazo, la iniciativa habilitaba a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a fijar directamente los precios de terapias, acompañantes terapéuticos y centros de día, en lugar de un fondo compensador administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
El proyecto contemplaba, además, un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios en un plazo máximo de noventa días y restringía el acceso a la pensión a quienes tuvieran una invalidez laboral total, lo que la volvía incompatible con el desempeño de un trabajo formal.
La iniciativa generó rechazo entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y tensionó la relación del Gobierno con sus propios aliados en el Senado, que se enteraron de varios de sus alcances después de que el proyecto ya había sido presentado.
