En pocas semanas el Gobierno incorporó una palabra que durante bastante tiempo había evitado: reactivar. La utilizó Luis Caputo, apareció asociada a nuevas iniciativas de crédito y el propio Javier Milei reconoció que “la foto sigue siendo horrible”, aunque sostuvo que “la película es la mejor de la historia argentina”.
El diagnóstico parece haber cambiado algo. La respuesta oficial bastante menos. Días atrás, ante ejecutivos financieros reunidos en Misiones, Milei aseguró que no modificará la política fiscal ni monetaria, prometió “redoblar la ortodoxia” y, si obtiene un resultado favorable en las elecciones de 2027, anticipó que habrá que “abrocharse los cinturones” porque su gobierno acelerará todavía más.
Claro que hay algo valioso en esa ratificación. Argentina tiene demasiados antecedentes de programas que fueron abandonados apenas aparecieron las primeras dificultades. Que un gobierno defienda el equilibrio fiscal, descarte volver a financiar el déficit con emisión y sostenga que no utilizará las elecciones como excusa para desarmar el programa constituye una señal de consistencia.
El desafío pasa por evitar que dicha consistencia se convierta en sinónimo de inmovilidad. Una política económica puede mantener sus objetivos y modificar los instrumentos con los que intenta alcanzarlos. Puede preservar el equilibrio fiscal sin que partidas clave del gasto permanezcan congeladas. Puede sostener una política monetaria prudente y, al mismo tiempo, permitir que el BCRA responda cuando cambian las condiciones de liquidez.
Puede aceptar un tipo de cambio algo más alto y acumular más reservas sin que ello implique abrir las puertas para el descontrol cambiario. Y puede mantener intacto el objetivo de bajar la inflación mientras reconoce que reactivar no pasa sólo por esperar que el programa, tal como está, arroje mejores resultados.
Eso no es traicionar a quienes lo votaron, es hacer política económica y, de hecho, algo de eso parece estar ocurriendo. Durante buena parte de agosto, las tasas de corto plazo subieron con fuerza. La tasa de REPO, donde interviene el Banco Central, llegó a acercarse al 28% nominal anual y el movimiento se transmitió al resto del mercado.
Nuestra interpretación entonces fue que varias fuerzas podían estar actuando simultáneamente: mayor riesgo, escasez de liquidez y, posiblemente, la intención de mantener suficientemente atractivo el rendimiento de los pesos para contener la demanda de dólares.
El costo era evidente. Tasas más altas aumentaban el costo de rollover del Tesoro, encarecían el financiamiento de empresas y familias, justo cuando el Gobierno parece querer impulsar el crédito como motor de la reactivación. En los últimos días la combinación empezó a cambiar. La REPO descendió rápidamente y otras tasas comenzaron a acompañarla, aunque de manera bastante menos intensa.
Al mismo tiempo, el dólar oficial superó los $1500, una referencia que durante varias semanas había parecido funcionar como límite informal. No sabemos si existe una decisión explícita detrás de esos movimientos. Pero la combinación es consistente con una mayor tolerancia a cierta depreciación del peso para aliviar parcialmente el costo financiero.
Si fuera así, no sería un cambio de modelo. Sería simplemente un cambio en la manera de administrar un trade-off que nunca desapareció. Y probablemente eso sea exactamente lo que la economía necesita: menos discusión acerca de si se cambia o no se cambia y más acerca de qué conviene cambiar para preservar lo que realmente importa.
La actividad ayuda a entender el problema. El EMAE recuperó prácticamente todo lo perdido desde el piso de 2024 y volvió a ubicarse cerca de sus máximos recientes. Pero desde hace más de un año muestra avances y retrocesos alrededor de niveles parecidos. La recuperación, además, continúa siendo extremadamente heterogénea.
Energía, minería y agro funcionan mucho mejor que la industria, la construcción y buena parte de los sectores vinculados con el mercado interno. Por cierto, los datos publicados este martes volvieron a mostrar un desempeño muy decepcionante de la industria y la construcción en julio. Además, el empleo privado formal sigue sin recuperarse y a los salarios les cuesta empatar a la inflación.
La dificultad aparece cuando el reconocimiento de esta realidad convive con un discurso según el cual prácticamente todo lo que ocurre confirma el diagnóstico original. Si la inflación no desapareció, la explicación es que terminará haciéndolo porque la base monetaria está fija, aunque sepamos que no lo está. Si aumenta el riesgo país, o no consigue caer por debajo de los 400 puntos, la explicación es el “riesgo kuka”.
Si crece la mora, es porque ahora más personas pueden acceder al crédito. Si el empleo formal cae, se responde que también existe un empleo informal que crece aceleradamente. Cada uno de esos argumentos puede contener una parte de verdad. Pero tomados en conjunto corren el riesgo de construir un programa que siempre tiene razón y una realidad que, cuando no coincide con él, necesita ser reinterpretada.
Eso resulta especialmente problemático en una economía que todavía enfrenta desequilibrios importantes. Argentina necesita más inversión, pero ahorra poco. Necesita más crédito, pero ampliar la oferta no garantiza más demanda, sobre todo cuando una proporción creciente de las familias presenta dificultades para pagarlo.
Necesita tasas más bajas, pero también necesita sostener la demanda de pesos (y sobre todo de los instrumentos que emite el Tesoro en esa moneda). Y necesita que las empresas inviertan hoy, cuando muchas siguen prefiriendo esperar a ver qué ocurre en 2027.
No existe una herramienta que permita resolver simultáneamente todos esos problemas sin costo. Por eso, la flexibilidad no debería ser interpretada como una traición al programa. Al contrario: puede ser la condición necesaria para preservarlo. Porque hay una diferencia importante entre cambiar de objetivo y cambiar de camino.
El Gobierno tiene buenas razones para no abandonar el equilibrio fiscal, para evitar la emisión destinada a financiar al Tesoro y para continuar avanzando con reformas que aumenten la productividad. Pero ninguna de esas convicciones obliga a mantener para siempre los controles cambiarios, perseguir una determinada tasa de interés o defender un determinado nivel del dólar.
Incluso el mejor guión necesita montaje. Milei suele decir que no llegó hasta acá para borrar con el codo lo que escribió con la mano, y no vale la pena perder tiempo en los muchos ejemplos en los que esto no fue así.
Porque gobernar, a pesar de lo que parece sostener de tanto en cuanto, tampoco consiste en mantener cada línea exactamente donde fue escrita. La verdadera prueba de convicción no consiste en hacer siempre lo mismo. Es saber qué no debe cambiar y tener suficiente pragmatismo para cambiar lo que haya que cambiar cuando la realidad lo exige.
