Texas, uno de los principales polos de centros de datos de Estados Unidos, se prepara para poner nuevos límites a la expansión de la inteligencia artificial, lo que puede significar una oportunidad para la Argentina.
Tras un giro en las elecciones de medio término, se abre una ventana a nivel local. Los ojos globales buscan aporvechar la energía renovable para proyectos de gran escala, pero necesitan resolver infraestructura, previsibilidad y un nuevo régimen de incentivos que todavía no avanza en el Congreso.
Pradojicamente, el resultado adverso para Donald Trump en los últimos comicios, alzó una la expectativa a nivel local para el desarrollo de centros de datos.
Texas fue durante los últimos años uno de los grandes destinos para las inversiones en datacenters, atraídas por la disponibilidad de energía, tierras e incentivos. Ahora, el escenario está cambiando. La gobernadora electa, Gina Hinojosa, prometió mantener una moratoria sobre nuevas aprobaciones hasta que la Legislatura establezca reglas para proteger la red eléctrica, el agua y a las comunidades.
La medida profundiza un giro que ya había iniciado el gobernador saliente, Greg Abbott, ante la presión que generan estos proyectos sobre la infraestructura.
“Puede que la elección de Estados Unidos mejore la perspectiva para Argentina en ese sentido, porque si Texas hace lo que están diciendo que van a hacer...”, planteó en off un abogado que participa de presentaciones de grandes inversiones.
En la misma conversación señaló a Texas como uno de los principales hubs estadounidenses para este negocio y desarrolló la hipótesis.
El especialista no predijo que los proyectos que se frenarán en Texas vayan a desembarcar automáticamente en la Argentina sin embargo señaló que si los principales polos de Estados Unidos empiezan a poner límites a nuevas instalaciones, aumenta la competencia entre países y regiones por captar la próxima ola de inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.
En el ámbito local, aunque no existe un mecanismo de incentivos como el RIGI para minería, oil & gas, la Argentina ya tiene un proyecto que permite dimensionar el negocio.
Un proyecto de 300 MW
Green Capital, una empresa de origen polaco, avanza con el desarrollo de Atlas GigaHub, un megadatacenter en Chubut que contempla una primera etapa de 300 MW y una inversión de entre u$s 3000 millones y u$s 5000 millones. En su escala final, el proyecto apunta a alcanzar unos 3.000 MW de capacidad IT
Schneider Electric ya participa de la etapa de preingeniería y trabaja como proveedor de infraestructura crítica, junto con empresas que aportan motores a gas y baterías. El proyecto tiene un horizonte de cuatro a cinco años y sus desarrolladores ya contrataron terrenos en Chubut y San Luis.
La dimensión es significativa para un mercado que todavía tiene desarrollos mucho más pequeños. Según Schneider, los datacenters que actualmente se conocen en Argentina rondan los 2 MW, mientras que este proyecto arrancaría con 300 MW. La compañía lo considera uno de los mayores de América Latina, en un mercado donde Brasil y Chile concentran hoy buena parte de la capacidad regional.
Hay además una particularidad: el proyecto no nació como un datacenter. Originalmente, sus desarrolladores buscaban invertir en hidrógeno verde y ya tenían previsto un campo de generación renovable de unos 3 GW. Ante la falta de avances del marco regulatorio para el hidrógeno, decidieron orientar esa energía hacia centros de datos.
La transformación muestra uno de los activos que Argentina intenta poner en valor: energía abundante y renovable. Schneider destaca especialmente el potencial de la Patagonia y la zona cordillerana por el viento, el sol y la posibilidad de desarrollar proyectos off-grid.
La oportunidad que no se convirtió en inversión
El antecedente más ambicioso fue el anuncio realizado hace un año alrededor de OpenAI, con una inversión potencial de hasta u$s 25.000 millones para infraestructura de inteligencia artificial en la Argentina.
El proyecto no avanzó al ritmo esperado. Por ahora el anuncio no se tradujo en una obra en marcha y tampoco llegó a incorporarse al RIGI.
Para el mercado, el caso funciona como una advertencia: Argentina puede estar en el radar de los grandes jugadores globales, pero eso no garantiza que los anuncios se transformen en inversiones efectivas.
La competencia es internacional y los proyectos requieren miles de millones de dólares, financiamiento de largo plazo y una infraestructura energética capaz de sostenerlos durante décadas.
Esperando el Súper RIGI
Por eso, entre quienes siguen estos proyectos aparece una expectativa concreta alrededor del Súper RIGI, el régimen diseñado para inversiones superiores a u$s 1000 millones en nuevas industrias, entre ellas los grandes proyectos tecnológicos.
El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados, pero continúa sin dictamen en el Senado. Los bloques dialoguistas reclaman cambios vinculados, entre otros puntos, con el tratamiento de proveedores nacionales y el denominado compre local.
La demora adquiere otra dimensión cuando se mira el calendario político ya que el Gobierno de Javier Milei, está entrando en la etapa previa al año electoral y todavía no consiguió cerrar el respaldo necesario para aprobar el régimen que busca atraer inversiones tecnológicas.
Para los datacenters, además, la cuestión energética es central. El proyecto del Súper RIGI apunta justamente a inversiones de frontera tecnológica, pero los desarrolladores necesitan algo más que beneficios fiscales: conexión eléctrica, disponibilidad de energía, infraestructura y reglas que se mantengan durante décadas.
El problema es llegar a tiempo
Ahí aparece la paradoja argentina. Aunque el país tiene energía renovable, gas, territorio disponible y condiciones geográficas que pueden resultar atractivas para instalaciones de gran escala, todavía no genera confianza en el exterior.
Noelia Miranda, directora de Secure Power para Argentina, Paraguay y Uruguay de Schenider Electric destacó que Argentina está “en boca de todo el mundo” por las oportunidades que ofrece para los datacenters.
Aún así, todavía existen cuellos de botella. La propia ejecutiva marcó la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica, edilicia y vial para que los proyectos puedan avanzar.
A eso se suma el riesgo financiero y político. Quienes asesoran a los grandes inversores, aseguran que en el exterior siguen mirando el riesgo país y la previsibilidad de las reglas. Y, en este punto, también revelan que la burocracia también puede jugar en contra.
Desde un buffet de abogados que participó en tres presentaciones del RIGI, aseguraron que algunas aprobaciones están demorando hasta ocho meses, pese a que la ley establece un plazo de 45 días, que puede suspenderse cuando el Gobierno solicita información adicional.
El desafío, entonces, es lograr que el país esté en condiciones de competir. Si bien Texas puede abrir una ventana de oportunidad y la Argentina cuenta con los recursos para aprovecharla, todavía debe demostrar que puede ofrecer las reglas, infraestructura y la estabilidad.

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