Para mantener una tasa de crecimiento en torno al 4% o 5% anual, es necesario invertir al menos el 25% del PBI en infraestructura entre todos los actores que intervienen. Para eso, además de inversión pública, piden previsibilidad y que no se violen contratos.
El planteo se superpone con la expectativa del Gobierno, que estima que punta a punta en la gestión de Javier Milei, la actividad económica mostrará un crecimiento del 20%.
Inversión
Para alcanzar los niveles de inversión, proponen reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, los Fondos de Asistencia Laboral, mientras que miran con preocupación el costo de la construcción y el financiamiento.
La estimación surge de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que conmemoró sus 90 años con su convención anual. Su presidente, Gustavo Weiss, relativizó la carga que recae sobre el Estado.
“De ese 25%, solo el 6% recae sobre el Estado. Lo demás es inversión privada”, detalló Weiss en diálogo con los medios. Es que, según detalló, un 3% es inversión del Estado en mantenimiento de infraestructura, y el otro 3% es inversión en nuevas obras, ambas que no son atractivas para los privados. A modo de ejemplo, ilustró que la red vial argentina nacional cuenta con 40.000 kilómetros, pero los más atractivos son los 9000 licitados más accesos a los principales centros urbanos, como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba.
Ese 6%, estimó, implica una inversión de u$s 36.000 millones anuales. Argentina tiene hace muchos años una inversión que, en esa área, ronda los u$s 4000 millones.
El resto de la inversión se divide entre infraestructura de los privados (3% distribuido en energía, petróleo y gas, entre otros), inversión privada en vivienda (6%, volcado a través de créditos hipotecarios) y en inversión en fábricas o equipamiento (10%).
Para la reactivación de las obras privadas, el sector impulsa la propuesta de activar el financiamiento a través de cambios del FGS y el FAL, para que tengan la posibilidad de funcionar como organismos de descarga de hipotecas por parte de los bancos y proveer de fondos al sistema financiero para asistir a resolver un déficit habitacional que estiman en tres millones de hogares. Si bien no tuvieron novedades sobre la propuesta que hicieron al Ejecutivo, aseguran que el Ministerio de Desregulación lo está analizando.
Actividad
El sector atraviesa un panorama complejo. Después de una caída del 25% que vivió entre 2023 y 2024, la actividad se mantiene estancada y con mucha volatilidad en los indicadores que hacen a sus proveedores. Si bien los despachos de cemento mostraron una recuperación en mayo, crecieron un 10,6% respecto de abril, para Weiss hay que ver la tendencia por períodos más extendida, sobre todo para despejar la influencia de factores estacionales, como el stockeo u obras particulares.
Para 2026 esperan que el sector se mantenga estable sin mayores cambios. Es que la construcción es una de las que reacciona más rápidamente a los ciclos económicos. “Si la actividad crece, la construcción triplica el crecimiento. Si cae, también lo triplica”, detalló el presidente de la entidad.
Otro factor que reacciona rápidamente a estos ciclos es el empleo, en particular si se consideran los niveles de informalidad del rubro. Según expuso el economista Ricardo Arriazu en la misma tarde, el empleo informal en el sector triplica al formal. “El problema es entrar en el péndulo del ajuste y salir de él. Hoy es clave cómo me adapto, cómo cambio hacia sectores que van a crecer”, planteó Arriazu.
Sin embargo, la adaptación todavía muestra más costos que beneficios y no ven el derrame estricto de los sectores más dinámicos, como energía o gas y petróleo, sobre los más afectados. “No hay derrame. Hay algo pero es insuficiente para los problemas que enfrenta el sector”, deslizó Weiss.
Si bien las seccionales de la cámara ubicadas en las provincias petroleras muestran un mayor dinamismo, principalmente en el caso de Neuquén, en el resto del país el sector enfrentó pérdidas de 120.000 puestos de trabajo.
Un ejemplo fue el 20% de compras nacionales que contempla el RIGI, que no necesariamente se vuelcan a insumos, sino que ven fácilmente alcanzable con servicios.
Previsibilidad
La Cámara, que no tiene prácticamente canales abiertos con el Gobierno, que pegó el faltazo al evento, celebra la estabilización de las variables macroeconómicas, pero subraya que “no alcanza”. No solo plantean la necesidad de reactivar la inversión y discutir cómo será la transición hacia el nuevo modelo que plantea el Gobierno, sino que también piden previsibilidad.
“Hay una violación permanente de contratos”, planteó Weiss. La Cámara mantiene reclamos por contratos impagos por parte del Gobierno que ascenderían, estiman, a más de u$s 400 millones. Se trata de al menos 3500 contratos que estaban vigentes cuando asumió la gestión de Javier Milei, de los cuales al menos 2500 se vieron paralizados. Esto incluía obras viales, de mantenimiento de trenes (que se vieron reactivados por la emergencia ferroviaria pero que también se mantienen impagos), obras hídricas, convenios con provincias y las obras asociadas a las asignaciones específicas que tenía el impuesto a los combustibles, el tributo con mayor crecimiento en los últimos tres años.
Si bien el Gobierno les había comprometido pagar las deudas con un bono, incluidas las de emergencia ferroviaria de esta gestión, aún no tuvieron novedades sobre cómo se saldarán las deudas. Muchas son de la gestión anterior, pero otras tantas son de obras ferroviarias y a las reactivaciones puntuales que implementó la Nación.
