El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina necesita modificar la estructura tributaria actual, a la que calificó como “malísima”, y llevar a cabo una reforma integral que contemple no solo un alivio fiscal para las empresas, sino también un esquema que no perjudique los recursos de las provincias.
En su disertación durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular del Palacio de Hacienda prometió que la reforma tributaria se llevará a cabo en un eventual segundo mandato del gobierno de Javier Milei.
Ingresos Brutos —un tributo provincial— y las tasas municipales son los dos ejes que más preocupan al sector privado. A estos se suman el impuesto a los créditos y débitos bancarios —más conocido como impuesto al cheque— y los Derechos de Exportación (DEX) —las llamadas retenciones—.
“Tomando como antecedente el fracaso parcial del Consenso Fiscal 2017, un nuevo acuerdo fiscal debería partir de la premisa de no limitarse a compromisos de reducción de alícuotas sin una discusión simultánea sobre la sustentabilidad financiera de las provincias y los municipios”, señaló Leonardo Favaretto, socio de Impuestos en BDO Argentina.
“De lo contrario, ante la primera crisis de financiamiento de los fiscos provinciales y municipales, volverían a incrementarse impuestos, tasas y regímenes de recaudación, como ocurrió entre 2018 y 2020”, agregó.
La reforma tributaria será —en todo caso— una de las promesas de campaña de cara a 2027, aunque no es la primera vez que el Ejecutivo pone en agenda la necesidad de reducir o eliminar impuestos en cada uno de los niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios).
Ingresos Brutos y tasas municipales
“Solo las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales generan recursos equivalentes a casi el 8% del PBI. Consecuentemente, más de una cuarta parte del gasto público se financia con estos impuestos. Un dato adicional es que estos tributos también son decisivos para sostener las finanzas de los tres niveles de gobierno”, subrayó Osvaldo Giordano, economista y titular del IERAL, en una columna publicada a fines de agosto.
Ingresos Brutos representa, en promedio, el 80% de los recursos propios de las provincias. Sin embargo, es el impuesto más distorsivo porque grava los ingresos, genera un efecto cascada a lo largo de toda la cadena productiva y encarece las exportaciones y las inversiones.
“En materia empresarial, el éxito de un nuevo acuerdo se mediría menos por la reducción nominal de las alícuotas y más por la capacidad de eliminar las distorsiones que hoy afectan la actividad económica: el efecto cascada de Ingresos Brutos, la acumulación crónica de saldos a favor —reformar los regímenes de retención y percepción de recaudación bancaria (SIRCREB) sobre billeteras virtuales y aduaneros, entre otros— y la proliferación de tasas municipales que, en los hechos, operan como verdaderos impuestos sobre la producción y las ventas y no como retribución a una prestación concreta de servicios”, planteó Favaretto.
Algunos especialistas sugieren que, en lugar de esperar a que la reducción del gasto genere suficiente espacio fiscal para eliminar impuestos, es necesario ofrecer un mecanismo o esquema de sustitución.
“Brasil viene trabajando para recaudar mejor el IVA y, con esos recursos, sustituir tributos que afectan de manera más negativa a la producción. El principio es sencillo. Si el Estado necesita determinados recursos para mantener el equilibrio fiscal, es preferible obtenerlos mediante impuestos que alteran menos las decisiones de inversión, producción y empleo”, indicó Giordano.
Allí es donde surge la idea de un “Súper IVA”, una iniciativa que propone unificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos y las tasas municipales.
“Un esquema de ese tipo permitiría atacar otro problema enorme, que son los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos. Hoy muchas empresas terminan financiando a los fiscos provinciales mediante saldos a favor que después tardan muchísimo en recuperar. Una reforma debería ocuparse no sólo de las alícuotas sino también de toda esa capa de recaudación anticipada”, explicó Diego Fraga, abogado y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.
Un ejemplo concreto es el caso en el que la Corte Suprema de Justicia mantuvo vigente una medida cautelar en el marco de un reclamo del Establecimiento Las Marías contra Misiones por la retención, percepción y pago a cuenta de Ingresos Brutos. Según el fallo, el reclamo equivale al 30.718% del impuesto anual estimado o a 307 años de impuesto adelantado.
Aun así, el “Súper IVA” no es una solución mágica, porque obliga a resolver algunos aspectos clave: cómo se distribuirá la recaudación y de qué manera se hará la transición para que ninguna provincia pierda recursos de forma abrupta.
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, coincidió en la necesidad de resolver el problema que genera el impuesto y aportó una segunda alternativa: reformular Ingresos Brutos como un impuesto a la venta en la última etapa, para evitar el efecto de repotenciación en cascada.
Sin embargo, remarcó que lo urgente es “eliminar los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta, que hacen que cada tres pesos de recaudación, dos sean anticipados”.
Retenciones e impuesto al cheque
A nivel nacional, el ministro de Economía había señalado a mediados de mayo, en el Latam Economic Forum, que “el escenario más probable para el fin de un segundo mandato es que se hayan ido todas las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos”.
Según el IERAL, el impuesto al cheque y las retenciones recaudaron en 2025 el equivalente al 1,7% y al 0,8% del PBI, respectivamente. Para reducir o eliminar estos tributos, es necesario que haya crecimiento económico sin desestabilizar el ancla fiscal.
“No diría que la eliminación de las retenciones o del impuesto al cheque dependa mecánicamente del crecimiento, sino que se genere espacio fiscal permanente. Obviamente, el crecimiento ayuda muchísimo: amplía las bases imponibles y permite recaudar más sin subir las alícuotas. Pero una baja permanente de impuestos tiene que poder sostenerse sin comprometer el equilibrio fiscal”, consideró Fraga.
Por su parte, Litvin recordó que la Argentina forma parte de un grupo de 12 países que aplican retenciones a las exportaciones. Entre ellos se encuentran Rusia, Irán, Camerún, Costa de Marfil, Indonesia y Kazajistán.
“En su apogeo, en 2008, este impuesto representó el 3% del PBI. Hoy representa, según lo estimado para este año, el 0,8%”, remarcó. Con el equilibrio fiscal como punto de partida, Litvin sostuvo que “empezaría por las retenciones a las exportaciones”, a las que ubicó entre los impuestos nacionales que deberían desaparecer.
En cuanto al impuesto al cheque, un tributo que lleva 25 años vigente, el especialista lo definió como uno de los más distorsivos, “porque no mide capacidades económicas, sino tan solo transacciones”.
El gravamen se aplica sobre cada movimiento bancario, con una alícuota del 0,6% tanto para los depósitos como para los retiros, lo que representa un 1,2% en total.
“En la medida de lo posible, con el impuesto a los débitos y créditos podría haber una primera etapa de pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, hasta llegar a una eliminación total”, concluyó.
