La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció una liberación de molinetes para este lunes 27 de abril desde las 7:00 en la estación Federico Lacroze de la Línea B, en reclamo por el despido de una trabajadora. La medida apunta directamente contra la concesionaria Emova y tiene como eje central la exigencia de reincorporación de Araceli Pintos, una empleada que fue desvinculada luego de denunciar una situación de acoso sexual en su lugar de trabajo. El caso escaló rápidamente y sumó el respaldo de organizaciones sociales, políticas y feministas. Según el comunicado difundido por el dirigente Claudio Dellecarbonara, la trabajadora denunció el acoso de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante su horario laboral. A partir de ese episodio, aseguran desde el gremio, se sucedieron situaciones de violencia laboral por parte de personal jerárquico de la empresa. “Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que la empresa deje de encubrir acosadores y violentos”, señalaron desde el sindicato, que calificó el despido como “persecutorio, ilegal y discriminatorio”. El conflicto ya cuenta con denuncias penales en curso y mantiene en alerta a los trabajadores del sector. La modalidad elegida, liberación de molinetes, permitirá el ingreso gratuito de pasajeros durante la mañana, una herramienta que el gremio utiliza de forma recurrente para visibilizar sus reclamos sin afectar el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, no se descarta una escalada del conflicto en caso de no obtener respuestas. En los últimos años, este tipo de protestas ha funcionado como antesala de medidas más contundentes, como interrupciones parciales o totales del servicio. Desde Emova rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la desvinculación responde a motivos laborales. Según explicaron, la decisión fue “no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba” por reiterados incumplimientos en sus tareas. La concesionaria aseguró además que cumplió con “todas las instancias posibles” antes de tomar la decisión, en un intento por desactivar la presión sindical y encuadrar el conflicto en términos administrativos. El caso se inscribe en una agenda más amplia de reclamos impulsados por los metrodelegados, que incluyen pedidos por mejores condiciones de seguridad y la implementación de protocolos más estrictos ante casos de violencia de género dentro de la red de transporte. La protesta de este lunes pone sobre la mesa las tensiones estructurales entre el gremio y la empresa concesionaria, con un historial de conflictos que, lejos de disiparse, parecen profundizarse.