Luego de la Cámara del Trabajo habilitara la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este domingo que avanzará judicialmente contra el juez Víctor Arturo Pesino, que dejó sin efecto la cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la normativa. “Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga cuáles son los próximos pasos a seguir”, dijo Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la central sindical, en diálogo por Radio con Vos. El sindicalista calificó el fallo de Pesino como “indignante y aberrante” y adelantó que dentro de la CGT evalúan la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema. “El grado de obscenidad que se tomaron para cómo hicieron las cosas me parece que no solamente indigna, sino que molesta porque están jugando con la vida de los trabajadores”, aseveró Jerónimo. Asimismo, advirtió que la pelea judicial no se agota en esta instancia y remarcó que “esto no termina con la marcha del 30 de abril”. “Esta discusión es larga, es una carrera de resistencia y sabemos que esta pelea también va a ser larga”, remarcó. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una movilización para el próximo jueves, en vísperas del Día del Trabajo. Además, dispondrán una celebración religiosa para honrar al papa Francisco. La cúpula cegetista definió una movilización hacia la Plaza de Mayo, a las 15 horas del viernes. Consultado sobre la posibilidad de un paro general, Jerónimo sostuvo que “nunca se descarta”. “Seguramente la conflictividad va a seguir escalando, no solamente por la reforma laboral, sino por la situación diaria que viven los argentinos”, afirmó. La reforma laboral recuperó plena vigencia tras un fallo que suspendió la medida cautelar que tenía paralizada la mitad de la Ley de Modernización, pero el camino para que se aplique con plena estabilidad jurídica todavía tiene varios pasos por delante. Así lo explicó el abogado laboralista Julián de Diego en Radio Mitre. “La reforma laboral, la Ley de Modernización, recobró toda su vigencia”, afirmó, aunque aclaró que lo resuelto es solo la cuestión cautelar: la sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de los 83 artículos impugnados por la CGT aún no se dictó. En efecto, la fallo no resuelve el planteo de fondo sobre la norma, pero que le otorga al gobierno aquello que necesitaba: que la ley esté aplicable hasta el momento en el que se resuelva judicialmente la cuestión de fondo. Eso podría suceder, en un plazo indeterminado, en la Corte Suprema de Justicia. El mecanismo que restableció la ley se llama efecto suspensivo de la medida cautelar: la cautelar que había suspendido los artículos impugnados quedó ella misma suspendida, lo que equivale a que la ley opera como si esa cautelar nunca hubiera existido. “Ya como tiene efecto suspensivo la medida cautelar, aunque haya apelaciones, aunque haya recursos, la ley sigue vigente”, precisó De Diego. El riesgo de nuevas suspensiones no desapareció: ya hay un caso paralelo presentado por el sindicato de personal jerárquico del petróleo con las mismas características. Por eso el Ejecutivo analiza recurrir al per saltum, un mecanismo que le permite a la Corte Suprema tomar el caso directamente y saltear todas las instancias intermedias. “El per saltum se ha convertido en una necesidad imperiosa para que los inversores entiendan que la Argentina puede ofrecer seguridad jurídica”, sostuvo el abogado. El primer paso que anticipó De Diego es la reglamentación. El Ejecutivo buscará dictarla sobre los artículos restituidos para darle “fortaleza a la aplicación de la ley” y consolidar una señal clara al mercado inversor. Sin reglamentación, la vigencia formal de la norma no se traduce necesariamente en aplicación uniforme en los tribunales ni en certeza para las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión.