Luego que el Congreso aprobara esta semana el pago de u$s 171 millones a dos fondos que litigaban contra Argentina por bonos en default del 2001, otros tenedores de bonos en default piden que se cumpla con la promesa de abrir negociaciones que la Argentina realizó al Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Las autoridades prometieron al FMI comenzar negociaciones con los acreedores con sentencias en el caso de los warrants del PIB en el Reino Unido una vez resuelto con los resistentes. Ese momento es ahora. Veremos”, sostuvieron los tenedores de bonos nucleados en la organización Tenedores de Bonos de Argentina, un grupo de instituciones que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 tras el impago de 2001.
El grupo nuclea a instituciones de inversión que han invertido en Argentina y suman u$s 4000 millones en bonos del país, emitidos en el marco de los canjes de deuda.
Entre los fondos que lo integran se encuentran HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Paloma Partners Management Corp., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group.
Uno de los títulos en la mira para ingresar a un esquema similar al aprobado esta semana para Attestor Master y Bainbridge ltd. es el Cupón PBI en Euros.
Este grupo de bonistas en litigio, liderado por Palladian Partners, cuenta con sentencia firme a favor para que Argentina pague u$s 1800 millones. La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Reino Unido. Hasta ahora, los demandantes pudieron hacerse de u$s 300 millones mientras corren los intereses diarios.
Estos fondos, que cuentan con sentencia firme, también intentan cobrar la suma a través de embargo mientras impulsan otras acciones judiciales paralelas, como la revisión de la medición del PBI para otros años (además del 2013, sobre el que se centró el juicio) a ver si Argentina modificó la estadística. Con esto buscan sumar un reclamo por u$s 1800 millones adicionales.
En su última revisión, el FMI reveló que el Gobierno mantuvo reuniones informales con los acreedores el año pasado y que estos plantearon su intención de abordar la sentencia.
“Las autoridades manifestaron su preferencia por resolver la cuestión de los warrants del PIB de forma integral y su intención de hacerlo una vez que se hayan resuelto los impagos a los acreedores disidentes derivados de reestructuraciones de deuda anteriores. Dado que estas últimas están próximas a su resolución definitiva, comunicaron al personal que pronto reanudarían las conversaciones con los acreedores de los warrants del PIB sobre esta base”, dijo el FMI.
También contaron que se mantiene el diálogo con Mobil Exploration sobre un plan de pago para los créditos por u$s 196 millones, mientras que mantienen juicios abiertos y sin sentencia firme.
“En consecuencia, el personal considera que se mantienen las salvaguardias adecuadas para el uso de los recursos del Fondo y que los esfuerzos de reforma de Argentina no se ven socavados por la evolución de las relaciones acreedor-deudor, incluidos los litigios en el extranjero”, concluyeron desde el FMI.
Desde el Gobierno no afirmaron que mantengan negociaciones abiertas, aunque ratifican que existe la voluntad de cumplir con las sentencias existentes, de la manera que tenga menor efecto sobre el Estado.
A este reclamo se sumaron otros tenedores de bonos que no están bajo litigio pero que reclaman saldos pendientes de pago por u$s 2400 millones, además de juicios por expropiaciones como la de Aerolíneas Argentinas por poco más de u$s 300 millones.
Mientras Argentina aún no tiene despejado del todo el frente judicial -existen desde causas de bonistas hasta litigios por expropiaciones-, el Gobierno avanza en conseguir un préstamo por u$s 5000 millones en el exterior para cubrir los pagos del 9 de julio por más de u$s 4300 millones. La garantía de los préstamos la otorgaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se espera que se defina en la próxima semana, antes del vencimiento.
La habilitación del préstamo incluye cláusulas que establezcan la prórroga de la jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York, que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue, en una jurisdicción donde Argentina aún mantiene frentes abiertos.
