El Gobierno avanza con el pago a los holdouts con sentencia firme en juicios por el default del 2001 y que no entraron a la reestructuración. Otro fallo en carpeta espera por novedades.
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto del oficialismo que ya pasó por el Senado y que contempla el pago a dos fondos que no aceptaron renegociaciones previas sobre los bonos en default del 2001. El acuerdo se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados.
Se trata de Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, a quienes se les comprometió el pago por u$s 171 millones, siendo u$s 67 millones para el primero y u$s 104 millones para el segundo, lo que implicó un recorte del 30% y el 35% de quita respectivamente sobre la sentencia firme.
Lo cierto es que el acuerdo se alcanzó con estos dos fondos que contaban con sentencia firme y buscaban avanzar sobre distintos activos para cobrar. Los invitados por la comisión, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, explicaron que los fondos habían pedido acciones de discovery para detectar activos embargables, así como tomar acciones de YPF, al igual que habían solicitado Burford y Eton Park para cobrar su sentencia del juicio por la expropiación de la compañía.
Los funcionarios además explicaron que Attestor ya cobró u$s 266 millones por el embargo de las garantías de los bonos Brady para cobrar parte de la sentencia favorable por u$s 465 millones, mientras que u$s 100 millones restantes estaban en disputa entre los fondos para determinar a quien le correspondía cobrar, ya que Bainbridge contaba con una sentencia favorable por u$s 96 millones.
En esa disputa no participa la República, ya que los fondos fueron embargados. Mientras tanto, sobre el reclamo de los fondos restantes es que se aplicaron los recortes del 30% y 35% para llegar al acuerdo que se debe pagar antes de fin de mes.
Los acuerdos implican para Argentina que se le devuelvan los títulos originales y la extinción de toda acción legal vinculada.
El que sigue
El otro fondo con condiciones similares que podría entrar en negociaciones de este estilo son los tenedores de títulos de cupón PBI en euros, liderados por Palladian Partners.
El caso tiene sentencia firme por parte de la Corte Suprema de Reino Unido, que obligó a Argentina a pagar u$s 1800 millones. Desde entonces, los demandantes pudieron hacerse de u$s 300 millones mientras corren los intereses diarios.
Estos fondos, que cuentan con sentencia firme, también intentan hacerse de los fondos a través de embargo mientras impulsan otras acciones judiciales paralelas, como la revisión de la medición del PBI para otros años (además del 2013, sobre el que se centró el juicio) a ver si Argentina modificó la estadística. Con esto buscan sumar un reclamo por u$s 1800 millones adicionales
En su última revisión, el FMI reveló que el Gobierno mantuvo reuniones informales con los acreedores el año pasado y que estos plantearon su intención de abordar la sentencia.
“Las autoridades manifestaron su preferencia por resolver la cuestión de los warrants del PIB de forma integral y su intención de hacerlo una vez que se hayan resuelto los impagos a los acreedores disidentes derivados de reestructuraciones de deuda anteriores. Dado que estas últimas están próximas a su resolución definitiva, comunicaron al personal que pronto reanudarían las conversaciones con los acreedores de los warrants del PIB sobre esta base”, dijo el FMI.
También contaron que se mantiene el diálogo con Mobil Exploration sobre un plan de pago para los créditos por u$s 196 millones, mientras que mantienen juicios abiertos y sin sentencia firme.
“En consecuencia, el personal considera que se mantienen las salvaguardias adecuadas para el uso de los recursos del Fondo y que los esfuerzos de reforma de Argentina no se ven socavados por la evolución de las relaciones acreedor-deudor, incluidos los litigios en el extranjero”, concluyeron desde el FMI.
Desde el Gobierno no afirmaron que mantengan negociaciones abiertas, aunque ratifican que existe la voluntad de cumplir con las sentencias existentes, de la manera que tenga menor efecto sobre el Estado.
Sin embargo, este lunes optó por reabrir ese frente, luego de aprobar la colocación en Nueva York de deuda con bancos tras conseguir las garantías del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Así, buscará préstamos por hasta u$s 5000 millones con inversores institucionales, incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de la jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York, que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue.
