Un dato del último informe de inflación del Indec al que no se le prestó suficiente atención es la evolución de la canasta básica alimentaria, parámetro sobre el cual se construye la medición de la línea de indigencia y pobreza. Dicha canasta está estacionada desde agosto en un rango inflacionario del 40% anual.

En octubre de 2026, respecto de igual mes del año pasado, aumentó 39,9%, muy por encima del IPC de 33,1% anual. Con la inflación general estancada hace 15 meses alrededor del 32% anual, la aceleración del costo de la canasta alimentaria es muy marcada: en septiembre de 2025, mostraba una inflación de sólo 22% anual, muy por debajo del IPC.

Semejante salto de la inflación de los alimentos básicos plantea al Gobierno un doble problema. Uno es cómo compensar el impacto en la base de la pirámide social.

Hacia octubre de 2025, cuando el Gobierno ganó las elecciones legislativas, la AUH actualizada por inflación corría casi 10 puntos arriba de los precios de la canasta básica; hoy esos ingresos se mueven 7 puntos abajo. ¿Un argumento para otorgar un aumento adicional por fuera del ajuste automático de la movilidad? Lo sugieren en privado economistas cercanos al oficialismo.

El encarecimiento de alimentos deteriora el poder adquisitivo de la AUH y presiona al Gobierno por compensaciones sociales.
El encarecimiento de alimentos deteriora el poder adquisitivo de la AUH y presiona al Gobierno por compensaciones sociales.NA

La segunda cuestión es de carácter macro y explicaría por qué el Gobierno se aferra al ancla nominal del dólar, profundizando el atraso cambiario. Cualquier suba del tipo de cambio impulsaría aún más el aumento de precios de la canasta alimentaria. “¡Quieren devaluar!”, volvió a acusar en las últimas horas el presidente Milei a los economistas que le proponen flexibilizar la política monetaria y cambiaria.

El Gobierno bien puede aducir que buena parte de la nueva inflación de alimentos es inflación importada, entre el salto de la carne el verano pasado, la recuperación de la cotización de los cereales y el precio de los combustibles, que se generaliza como un mayor costo en toda la cadena de logística y transporte.

Sin embargo, para una economía que basa hoy su matriz exportadora y de inversión en energía, agro y minería, que los precios de estas commodities aumenten fuertemente, como este año, sería un “shock externo positivo”. Mucho más cuando ese aumento de precios internacionales llega al 80%, como ocurrió este año con el petróleo, eje de grandes inversiones volcadas a la exportación en Argentina.

A diferencia de países como Chile o Uruguay, importadores netos de energía. Muy distinto hubiese sido el caso de Argentina en 2022, cuando el déficit de la balanza energética alcanzó los u$s 4000 millones. Este año el superávit energético superaría los u$s 12.000 millones.

No se entiende entonces por qué el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió explicar que no se cumplió su pronóstico de abril que venían “los mejores 18 meses de la historia argentina” con el supuesto “shock externo negativo” que dice haber sufrido la economía argentina.

Economía había proyectado para este año un crecimiento del PBI del 5% y el REM del Banco Central ajustó en octubre el pronóstico a apenas 0,7%. ¡Lo que habría sido con una caída de los precios de exportación o con una sequía!

La proyección de crecimiento económico para 2026 cayó del 5% al 0,7%, según el REM.
La proyección de crecimiento económico para 2026 cayó del 5% al 0,7%, según el REM.

El fenómeno de una economía prácticamente estancada desde mediados del año pasado, con tres sectores que vuelan (los mencionados primarios) y sectores recesivos (construcción, industria y comercio) responde íntegramente a factores domésticos. Es el resultado de una economía en la que nunca se recuperó la confianza, tras la corrida electoral del año pasado.

Entonces, para garantizar estabilidad cambiaria, el Gobierno aplicó la fórmula de un apretón monetario inédito, que disparó la tasa de interés a 80% en términos reales, frenó de golpe el crédito y explotó la morosidad de los deudores.

Tras el impasse de unos meses que provocó el triunfo electoral aplastante del oficialismo, la compra de dólares de los argentinos volvió a niveles elevados: u$s 2300 millones mensuales promedio durante el primer semestre y de u$s 2800 millones mensuales en el segundo semestre, de los cuales casi 2000 millones son para ahorro (la mitad en el colchón y la mitad en el banco), y el resto para pagar turismo y gastos con tarjeta en el exterior.

Así, el Gobierno volvió a apostar conservador y nunca convalidó una monetización de la economía: todos los pesos que emitió el Banco Central para comprar más de 16.500 millones de dólares los retiraron el Tesoro, sobreemitiendo deuda en pesos por encima de los vencimientos, y el BCRA a través de diversos mecanismos.

Como los dólares nunca salieron del colchón sino que se siguieron yendo, la economía tampoco encontró combustible en la “dolarización endógena” que tanto publicitaron los influencers del oficialismo.

Los últimos datos del SIPA, correspondientes a agosto, confirman 15 meses consecutivos de caída del empleo privado asalariado registrado. Desde mayo de 2025, se perdieron casi 170.000 empleos asalariados privados registrados, principalmente en la industria, construcción y comercio.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, tras la devaluación inicial de la gestión Milei y la caída del nivel de actividad, se habían perdido 140.000 empleos privados formales. Desde entonces hasta mayo de 2025, en la fase expansiva motorizada por el crédito y la desinflación, se habían recuperado unos 35.000 puestos.

En agosto, el empleo privado registrado acumuló 15 meses de caída y casi 170.000 puestos perdidos desde mayo de 2025.
En agosto, el empleo privado registrado acumuló 15 meses de caída y casi 170.000 puestos perdidos desde mayo de 2025.Fuente: ShutterstockShutterstock

Desde fines del año pasado hasta abril de este año, los precios de la carne primero y de los combustibles en marzo -por la guerra de Irán- presionaron al alza los índices de inflación. Ante ese “shock de precios importado”, el Gobierno apeló a una política monetaria restrictiva y al ancla del dólar para no convalidar un índice inflacionario mayor.

Como la inercia inflacionaria en servicios privados continuó junto con el ajuste de servicios públicos por arriba de la inflación, esa política puso aún más presión sobre la actividad y el empleo de sectores productores de bienes comercializables con el exterior, como la industria.

Los últimos datos de inflación del Indec lo muestran nítidamente: entre octubre de 2025 y octubre pasado, el IPC aumentó 33,1%. En el mismo lapso, el transporte público subió 53,2%, las tarifas de “electricidad, gas” 51,5%; combustibles, 45% y servicios privados como educación y telefonía celular, 39%.

En el otro extremo, electrodomésticos aumentaron 23,5%, adquisición de vehículos 15,2% y prendas de vestir y calzado, 10%, menos de un tercio de la inflación general. Todos son sectores con bajas de ventas de dos dígitos este año. El dólar oficial, a su vez, subió sólo 6%.

La alta inflación en dólares del orden del 24% anual (descontando la inflación de EE.UU.) en el tercer año del plan de “estabilización” complica más las cosas. Con el dólar planchado, los costos en dólares de las empresas que compiten con importaciones vuelan, potenciando los recortes de personal para mantener rentabilidad, o multiplicando la baja de persianas.

En el último año, los salarios privados registrados subieron un par de puntos menos que la inflación. Pero como los gastos fijos del hogar subieron bastante más que el IPC, la caída del ingreso disponible fue mucho mayor. No hay plata... en la calle para gastar en otros bienes que no sean los esenciales.

Esa caída del ingreso disponible junto con el frenazo del crédito es lo que prolonga el proceso recesivo en los sectores de bienes, que además compiten con las importaciones, y es lo que permite que la inflación se mantenga estabilizada en el 33% anual.

Nada que debería sorprender a Caputo, que revolea pronósticos inconsistentes con sus decisiones de política económica.