En Argentina, una persona que sufre un accidente de tránsito puede tardar más de cinco años en obtener una sentencia judicial firme. No se trata de una excepción: es la regla. Este dato, por sí solo, debería interpelarnos como sociedad. El debate sobre la litigiosidad en seguros muchas veces se aborda desde la superficie. Sin embargo, cuando se analizan los números, el problema aparece con claridad: solo el 1,5% de los siniestros termina en juicio, pero esos casos concentran una proporción significativa del costo del sistema. Y lo más relevante: apenas el 40% del monto total abonado por la aseguradora termina en manos del damnificado. El resto se diluye en el proceso. Esto revela una falla estructural. No estamos frente a un problema del sector asegurador, sino ante un sistema judicial que, en este tipo de conflictos, no está cumpliendo su función de manera eficiente. La duración promedio de un juicio —66 meses— genera múltiples distorsiones: incrementa los costos, introduce incertidumbre en la fijación de precios y, sobre todo, deteriora la calidad del servicio de justicia, desprestigiándola. Pero el punto central es otro: la demora no beneficia a nadie. Frente a este escenario, la solución no puede ser incremental. Se requiere una reforma estructural: la modernización de los códigos procesales. El objetivo debe ser claro y medible: resolver este tipo de conflictos en un plazo máximo de 12 meses desde que es efectuado el reclamo judicialmente. Esto implica avanzar hacia un modelo basado en: No se trata de una idea teórica. En la Argentina ya existen experiencias concretas. La provincia de Mendoza ha comenzado a implementar reformas en esta línea, demostrando que es posible reducir los tiempos judiciales sin afectar las garantías del proceso. Una justicia más rápida genera beneficios en múltiples dimensiones. Mejora la situación del damnificado, aporta previsibilidad al sistema, reduce costos estructurales y, en última instancia, permite ampliar el acceso al seguro. En otras palabras, no se trata solo de un tema sectorial. Es una discusión sobre calidad institucional. Argentina necesita avanzar hacia un sistema judicial más ágil, moderno y previsible. En el caso de los accidentes de tránsito, el camino es claro. La pregunta ya no es si es posible. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a tardar en hacerlo.