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El Gobierno tiene razón en el diagnóstico y en el rumbo: primero el orden fiscal, después el alivio tributario. Pero esa misma lógica —el orden importa— vale para la competitividad industrial y la apertura de importaciones.
Durante décadas, la economía argentina resolvió su falta de competitividad con un atajo: devaluar para afuera y proteger adentro. Funcionaba como un anabólico, corrigiendo en una noche lo que no se corregía en años de baja productividad y presión tributaria creciente. El músculo crecía rápido, pero no era propio: era el dopaje del tipo de cambio.
El gobierno actual no cree en esa lógica, y en eso acierta. Cree en un dólar que fija el mercado, no el Tesoro, y su mensaje es directo: sean competitivos, muchachos, y si están excedidos de peso, salgan a correr. También abre la frontera a la competencia externa, y acierta: la apertura es el único camino hacia una economía que compite en serio. Pero eso no se logra de un día para el otro, y la transición no es un problema solo privado.
El análisis de los tercios muestra que la industria puede hacer sus deberes y aun así no bastar para crear las condiciones de una apertura indiscriminada. Tampoco es razonable decir, a secas, “si no sos competitivo, fundite”: hay personas e inversiones detrás de cada industria.
Cuando el Gobierno condiciona la baja de impuestos al equilibrio fiscal, no es cautela: nada se libera de forma sostenible si antes no se corrige la causa que obligaba a sostenerlo. Con las importaciones pasa lo mismo.
Conviene pensar la competitividad de una industria en tres tercios —la proporción es una figura, no una medición—.
Solo el primero está en manos de quienes la gestionan: productividad interna, escala, eficiencia de procesos, calidad de management. Quien reclama protección sin haber modernizado su planta no tiene un problema de transición: tiene un problema de gestión.
El segundo tercio es el costo laboral, y no hay voluntad política que lo resuelva de un día para el otro: es una relación construida sobre una maraña legal que descansa en la creencia de que la sobreprotección siempre beneficia. Es una falacia difícil de desarmar: sus beneficios son concretos e inmediatos —el empleado percibe rápido la protección a su favor— y sus perjuicios, abstractos e indirectos —menos oferta laboral—, y operan donde la percepción humana es más débil.
El tercer tercio son las decisiones regulatorias y tributarias, donde el Estado no depende de nadie más que de sí mismo. Ahí, el mismo Estado que le pide velocidad a la industria suele elegir la inercia. Pero no todo tiene el mismo grado de unilateralidad, porque el Estado no es el Gobierno: bajar por decreto una alícuota que el propio Ejecutivo fijó no es lo mismo que modificar lo que exige una ley del Congreso o un consenso federal. Cuanto más decretable es la carga, menos excusa tiene el gobierno para no moverse a la velocidad que le exige a la industria.
Ninguno le pide al Estado que no abra la economía: le piden que la transición sea una política, no un accidente que resuelve otro.
Fronteras
Una frontera cerrada perjudica al consumidor; en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero el análisis de los tercios muestra que la industria puede hacer sus deberes y aun así no bastar para crear las condiciones de una apertura indiscriminada. Tampoco es razonable decir, a secas, “si no sos competitivo, fundite”: hay personas e inversiones detrás de cada industria.
Tres principios constitucionales convergen aquí. La razonabilidad (art. 28 CN) exige que el medio guarde relación con el fin: cargar todo el ajuste sobre la industria mientras el Estado retiene intacta su porción no lo hace. La no regresividad (arts. 75.19 y 75.22 CN) pide que un cambio de política no desmantele condiciones adquiridas sin un sendero de salida.
Y la confianza legítima reclama que quien produjo bajo ciertas reglas tenga tiempo de adaptarse cuando cambian, aun siendo el cambio deseable.
Ninguno le pide al Estado que no abra la economía: le piden que la transición sea una política, no un accidente que resuelve otro.
¿Qué se hace, entonces, con la importación? Muchos industriales ya exportan y compiten con el mundo: la apertura no es el problema. El asunto es que, igual que con el equilibrio fiscal, se vayan corrigiendo las cargas sobre la industria para llegar a esa apertura en equilibrio competitivo, por un sendero de razonabilidad que no deje un tendal de cadáveres en el camino.
Para muestra basta un botón. La tasa de estadística nació como un cargo por un servicio estadístico sobre el comercio exterior. El Ejecutivo la llevó por decreto del 0,5% al 2,5% en 2019; el Congreso dio respaldo transitorio hasta el 3% solo hasta fines de 2021. Vencido el plazo, siguió prorrogándose por decreto —hoy hasta 2027, por el Decreto 1140/2024— sin que el Congreso volviera a fijar alícuota.
Ya en “Camaronera Patagónica” (2014) la Corte había fijado que el Ejecutivo no puede establecer tributos al comercio exterior sin una ley que ponga un piso y un techo. La Cámara Contencioso Administrativo Federal lo reiteró en febrero de 2025, en “Dass Argentina”, declarando inconstitucional el decreto de 2019; el caso está en la Corte y, mientras se resuelve, el importador sigue pagando.
No hace falta forzar ninguna lectura para ver el problema: es legalidad tributaria elemental. Pero cuando ese tributo encarece precisamente lo que el gobierno le pide a la industria —competir importando insumos, tecnología y bienes de capital—, el problema deja de ser de legalidad y pasa a ser de coherencia. Lo paradójico es que “Dass Argentina”, la única sentencia sobre el fondo, cerró su última planta tras casi veinte años.
El Gobierno tiene razón en el rumbo; pero el ritmo definirá cuáles serán las consecuencias: si queda un tendal en el camino o si logramos una transición hacia una industria competitiva.
