Crear las bases para el desarrollo económico

La sola mejora en los resultados fiscales no es suficiente para lograr una economía sostenible y equilibrada. Se necesita implementar una estrategia de desarrollo que permita la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la sociedad. Más aun, el mismo crecimiento debería aportar recursos tributarios incrementales a la vez que reducir las causas que generan necesidades de asistencia social a lo largo del tiempo. Si no se enmarca la mejora fiscal dentro de una iniciativa comprehensiva con esas características se corre un importante riesgo de complicar la evolución, de manera tal que no se alcance un estable equilibrio fiscal y continúen crisis recurrentes con tensiones sociales complicando posibilidades para el desarrollo económico. Eso lleva, entonces, a mayores tensiones sociales. En lo que sigue haremos consideraciones en materia fiscal, de manejo externo, implicancias sobre la productividad, informalidad y papel del Estado y las repercusiones sobre la inflación, para aportar elementos de juicio que posibiliten superar la situación actual y poder encauzar el país en un proceso que dé lugar a mejores perspectivas.

Argentina no logra llegar a los niveles de PBI de 2019, aun con la suba del PBI del 10,3% en 2021 que se alcanza por el relajamiento de limitaciones aplicadas durante el primer año de la pandemia. Visto desde una perspectiva más larga, el PBI per cápita de 2021 es un 16% inferior al de 2011. Comparado con el desempeño promedio mundial durante ese período, el diferencial de PBI per cápita mostraría un faltante de 40% para Argentina. Si el PBI fuese 40% mayor al registrado y asumiendo que la proporción de los ingresos tributarios que se ajustan con el incremento del PBI fuese 15% del PBI -mucho menor a la presión tributaria actual-, los ingresos fiscales superarían a los actuales en el equivalente a 6 % del PBI corriente.

Por el lado del gasto, nos encontramos que por el estancamiento del PBI, las decisiones de aumentar la asistencia social llevaron a que el número de beneficiarios/partidas de asistencia de Seguridad Social pasara de 18,9 millones en 2011a 26,6 millones en 2021. Estos datos incluyen variados tipos de receptores, desde aquellos que hicieron aportes previos, incluyendo no compensados de acuerdo con la ley, hasta aquellos atendidos por necesidades de naturaleza diversa. Aparte, son conocidas las consideraciones por magnitud y asignación de subsidios económicos y otros rubros a optimizar, como ser en educación, salud, infraestructura, seguridad.

Es muy llamativo que la restricción externa continúe estando presente como una de las causas de las dificultades que encuentra la economía actual. Nos encontramos en una coyuntura de elevados precios de exportación (más que los de importación), muy bajas tasas de interés internacionales (aunque ahora subiendo) y rearmado de relaciones comerciales internacionales que deberían resultar en crecientes saldos de reservas internacionales en el BCRA. Sin embargo, una persistente diferencial entre el tipo de cambio oficial y el libre (brecha superior al 90%) atenta contra el objetivo de acumulación de reservas. La brecha también afecta el ingreso de divisas -especialmente por el mercado oficial- por personas humanas y empresas el hecho que evalúen riesgos superiores y condiciones complejas para invertir en sectores puntuales de la economía o simplemente ahorrar en moneda local. La demanda de dinero local también está afectada por las distorsiones cambiarias y una inflación elevada. Mayores barreras para el manejo fluido de transacciones en moneda extranjera terminan repercutiendo en brechas crecientes entre los tipos de cambio relevantes.

La conjunción entre los aspectos tributarios y cambiarios mencionados tiene asociada una caída en la productividad, resultante de las crecientes complejidades en la administración de ambos factores, que no solo repercute en la competitividad de la producción local, sino que también explica un pobre desempeño en materia de ingresos de los sectores económicos. Así surgen frustraciones en materia individual y social. Además, ello está exacerbado por la relación costo-beneficio de operar entre la formalidad, la informalidad o una situación intermedia. La evolución del empleo formal en el sector privado es ilustrativa en ese sentido. Entre 2011 y 2021 pasó del 37% al 32% de la población económicamente activa, bajando de 6,1 a 6,0 millones de asalariados por el sector privado; cuando debería haber aumentado como mínimo en más de 600 mil puestos de trabajo para seguir la tasa de crecimiento de la población. En un sentido más amplio, es posible que esa diferenciación entre lo formalizado de las actividades económicas y lo que no lo está (teniendo en consideración zonas grises) tienda a crecer cuando se implementan regulaciones y cargas que afectan y se concentran sobre los sectores que operan dentro de la legalidad. Semejante fragmentación lleva, por lo pronto, a cuestionamientos de equidad en las reglas de juego aplicables que atentan contra la cohesión del tejido social-económico.

Ante esta situación, el Estado tiene un rol indelegable en la provisión de ciertos servicios, a la vez que ordenar, regular y supervisar las actividades de los miembros de la sociedad. También ser eficiente en el uso, la administración y los resultados de la aplicación de los recursos que le son transferidos.

Con acciones como las descriptas se puede pasar del estadio actual a una situación donde el desarrollo económico es posible y sostenible. Contamos con recursos humanos y naturales muy subutilizados. Si bien no es fácil el tránsito hacia la normalidad que permita el desarrollo partiendo de una difícil situación, hay un beneficio extraordinario si se lograse una movilización balanceada de los mismos. Por otro lado, no hacerlo implica mayores dificultades para más adelante.