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La viga impositiva que tapa el ojo del Estado en los debates de precios

Hay muchos sectores de la política que miran a los empresarios con desconfianza porque consideran que aprovechan cada oportunidad que tienen para extraer una renta de su negocio y ponerla a resguardo del Estado, ya sea en el colchón o en ahorros externos. 

Si hubiera que identificarlos por sectores, seguramente el campo pelearía el primer lugar de esa lista con las entidades financieras. Le achacan la distorsión de la cadena de precios de los alimentos, lo que en la Argentina equivale a hacerlos responsables de buena parte de la inflación.

El presidente Alberto Fernández es uno de los dirigentes que comparte esta visión, y lo reiteró el fin de semana, al amenazar al sector rural con aumentar las retenciones o poner cupos a la exportación. El jefe de Estado traduce de esa forma el mandato recibido para proteger el poder adquisitivo de los salarios. Lo que los empresarios no acepten por la vía del diálogo, va a tener que ser resuelto por el Estado, remarcó Fernández.

El foco de corto plazo está en el precio de la carne, cuya incidencia en la canasta básica de alimentos es grande y ha sido uno de los bienes que más incidencia tuvo en el IPC de los últimos meses. El Presidente está contento de que los frigoríficos tengan la oportunidad de vender más a China, pero no quiere que el valor al que se exporta sea el que mande a la hora de reponer las góndolas de carnicerías y supermercados.

La fórmula tradicional para resolver esta situación es que la mayor demanda estimule mayor producción y oferta, algo que en el caso de la cadena cárnica puede demandar entre dos y tres años, el plazo que lleva empezar a recomponer o incrementar los stocks de hacienda.

 A nadie escapa que ese tiempo no es el que hay disponible para enfrentar la coyuntura. Pero el Estado tampoco puede apelar así nomás al martillazo de las retenciones, porque si esa herramienta para enfrentar todos sus desacuerdos con el sector, transformará a todos sus problemas en un clavo.

La discusión sobre el impacto de los precios internacionales había comenzado cuando el Gobierno decidió cerrar la exportación de maíz, pese a que los productores y los exportadores aseguraban que había granos suficientes para mantener abastecido el mercado interno.

Pero lo cierto es que los innumerables intentos de desacoplar los precios no han servido para menguar la inflación ni para crear condiciones de crecimiento para el agro. 

Es probable que por las condiciones externas los commodities siguen en alza, una buena noticia que debería servir para que la Argentina consiga los dólares que le faltan. Si el Estado quiere crear condiciones eficaces que no afecten los precios internos, entonces debería mirar la viga impositiva -que tanto pesa- antes que echarle toda la culpa a la paja que asoma en el ojo ajeno.

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