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La Justicia le dio una última oportunidad a Algodonera Avellaneda para evitar la quiebra. El juez del concurso, Fabián Lorenzini, abrió una instancia extraordinaria de negociación hasta el 10 de agosto, “sin plazos adicionales ni días de gracia”, para que la textil consiga el apoyo del Banco de la Nación Argentina (BNA), su principal acreedor, y logre las mayorías necesarias.
La decisión posterga la definición sobre el pedido de la empresa de excluir al BNA del cómputo de las mayorías, al que acusa de “acreedor hostil” y de bloquear la reestructuración de su deuda, para lograr la homologación del acuerdo. Es que el BNA concentra más del 80% del pasivo de la empresa, por lo que su postura resulta determinante para que Algodonera Avellaneda pueda alcanzar las mayorías previstas en la Ley de Concursos y Quiebras.
Sin embargo, en lugar de resolver ese planteo, el magistrado optó por abrir una “tercera vía”, una instancia adicional para que ambas partes intenten acercar posiciones antes de definir el futuro del concurso. En la resolución sostuvo que, antes de declarar la existencia o no de las mayorías, corresponde abrir un período extraordinario de negociación para que la empresa explore “alternativas superadoras” junto con sus acreedores y, en particular, con el BNA.
En ese marco, Lorenzini les impuso obligaciones concretas a ambas partes. Por un lado, Algodonera Avellaneda deberá presentar un plan de crisis, un programa operativo, comercial y financiero y proyecciones para los próximos 36 meses que demuestren la viabilidad de la compañía. Además, deberá explicar cómo afrontará el creciente pasivo generado después de la apertura del concurso.
En contraparte, el BNA deberá argumentar qué normas corporativas le impiden aceptar quitas al momento de aceptar las propuestas. El juez advirtió que ese argumento fue señalado reiteradamente durante el proceso, pero hasta ahora no fue acreditado documentalmente.
Además, pidió que la entidad informe cómo impactará en el recupero de la deuda total que tiene con Algodonera Avellaneda los pagos que reciba del concurso preventivo de Vicentin (ya homologado) por ser codeudora solidaria. Tal como se desprende del escrito, buena parte de la deuda originada por la textil fue “progresivo y conjunto con la sociedad Vicentin Saic, con el apoyo de los accionistas de ambas sociedades, directores y administradores integrantes del grupo de control societario de ambas empresas”.
Según el magistrado, buena parte del endeudamiento de la firma se originó en créditos otorgados para financiar las exportaciones de Vicentin. Aunque la principal beneficiaria era la agroexportadora, la textil asumió el rol de garante y codeudora solidaria, por lo que quedó obligada a responder por esas deudas.
Entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 el BNA otorgó créditos por u$s 284 millones. Además, el directorio de Algodonera Avellaneda firmó una fianza solidaria por hasta u$s 300 millones para garantizar operaciones de ambas compañías, un esquema que, según la resolución, terminó comprometiendo severamente el patrimonio de la textil.
La Justicia denominó la causa como “un caso difícil”.
“El contrapunto mantenido entre Algodonera Avellaneda y el BNA desnudó la tensión existente entre dos intereses tutelados por las leyes de insolvencia: la protección del crédito y la preservación de las empresas viables. Claramente, esto implica preguntarnos si existe en este caso una empresa en marcha, si se trata de una actividad o empresa viable (con autosuficiencia que se pueda acreditar), y si los acreedores han contado con oportunidades para ejercer razonablemente su derecho a elegir (o no elegir), la mejor propuesta posible, en base al mayor esfuerzo de la deudora”, indicó.
Ahora, el mejor escenario que plantea la Justicia y, “el más conveniente para los protagonistas de este conflicto”, es la continuidad de la empresa. No solo para mantener la viabilidad de la empresa, sino porque una posible quiebra liquidativa de los activos, podría implicar “un esfuerzo desproporcionado con relación al resultado probable”.
En ese sentido, si el 10 de agosto no se llega a un acuerdo, entonces el magistrado deberá resolver si abre el proceso de salvataje (cramdown) o decreta la quiebra de la histórica textil.
La postura del BNA
Luego de que la firma textil acusara al BNA de “acreedor hostil”, el banco pidió a la Justicia que rechace la homologación del acuerdo presentado por la empresa. En un escrito de más de 80 páginas, la entidad sostuvo que la compañía busca excluirla del cómputo de mayorías para poder aprobar una propuesta que nunca contó con su aval y calificó esa estrategia como una “maniobra” improcedente.
Además, cuestionó la viabilidad económica del plan de pagos y advirtió que implica una “quita encubierta” por los extensos plazos y las bajas tasas de interés ofrecidas. “La maniobra es evidente, burda e inadmisible”, afirmó en aquel entonces. La entidad concentra más del 80% del pasivo verificado, lo que equivale a $ 1585,7 millones y u$s 260,7 millones.
En ese entonces, cuestionó con dureza las sucesivas ofertas presentadas por la concursada. Según detalló, la primera propuesta contemplaba una quita del 90% del capital y pagos a 16 años. Luego, la empresa incorporó distintas alternativas con plazos de hasta 20 años y, finalmente, una opción de pago del 100% del capital a 35 años, con un único desembolso al final del período.
Para la entidad, esa alternativa implica en los hechos una fuerte pérdida de valor del crédito.
El banco también defendió su actuación durante las negociaciones y aseguró que participó de todas las reuniones convocadas por el juzgado. Señaló que llegó a analizar esquemas excepcionales de repago de hasta 20 años para intentar acercar posiciones, aunque remarcó que nunca aceptaría una quita de capital por tratarse de fondos públicos.
Algodonera Avellaneda está concursada desde 2024. Hacia mayo, la planta que tiene la empresa en Reconquista estaba operando con 144 empleados y su producción se encontraba en torno a los 312.000 kilos de hilos bajo modalidad a fasón. En lo que respecta a sus tres plantas desmotadoras, ubicadas en Chaco y Santiago del Estero, la firma reactivó sus operaciones, luego de haber cerrado un acuerdo con la rebautizada Nueva Vicentin Argentina -la sociedad en manos de Mariano Grassi luego del cramdown-.
