La empresa textil del grupo Vicentin solicitó a la Justicia excluir al Banco Nación (BNA) -su principal acreedor- de la votación para reunir las mayorías necesarias y lograr la homologación judicial del acuerdo. La maniobra busca destrabar el concurso preventivo y evitar la quiebra de la compañía.
La presentación fue realizada luego de que venciera el plazo que la empresa tenía para alcanzar un entendimiento con sus acreedores. Durante este período de exclusividad, el banco rechazó todas las ofertas de la firma, lo que bloqueó la posibilidad de llegar a un acuerdo.
En el escrito, Héctor Luis Vizcay, abogado de Algodonera Avellaneda S.A., sostuvo que el Banco Nación actúa como un “acreedor hostil”, una figura judicial con la que busca que la Justicia deje afuera al banco del cómputo de las mayorías. Es que el peso del BNA es determinante: concentra cerca del 80% de la deuda verificada de la textil, equivalente a $ 1585,7 millones y u$s 260,7 millones.
“AASA mejoró su propuesta concursal en tres ocasiones, garantizando al BNA y al resto de sus acreedores el pago del 100% de los créditos en dólares estadounidenses y en pesos argentinos”, afirmó Vizcay en la presentación judicial.
“Hoy mi representada no es más que un rehén de una entidad financiera que, independientemente de la alternativa que se le presente, no va a otorgar su conformidad”, agregó. Según sostuvo, la postura del BNA impide avanzar con la reestructuración de la deuda y pone en riesgo la continuidad de la compañía.
“Véase que la hostilidad del BNA pone en juego las fuentes de trabajo de cientos de personas que actualmente se encuentran bajo la dependencia de AASA en las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero”, señaló.
La empresa también sostuvo que el rechazo del BNA no responde únicamente a criterios económicos. Según planteó, detrás de la negativa pesa el impacto judicial y político que tuvieron los créditos concedidos al grupo Vicentin antes de su default.
“Los funcionarios del BNA no han votado ninguna alternativa en razón de la exposición pública que han tenido los préstamos objeto de su crédito”, apuntó Vizcay, en referencia a las investigaciones judiciales vinculadas a esas operaciones.
Además, remarcó que la entidad financiera “rechazó sistemáticamente todas y cada una de las mejores propuestas” presentadas por la compañía, incluso aquellas que contemplaban el pago total de la deuda.
Otro de los puntos planteados por la textil es que el BNA impulsa en paralelo una ejecución hipotecaria sobre la planta industrial que la compañía posee en Reconquista, Santa Fe. Según la empresa, avanzar con esa medida implicaría “una liquidación de facto” de la firma al desprenderla de su principal activo productivo.
Actualmente, la planta de Reconquista está operando con 144 empleados y su producción se encuentra en torno a los 312.000 kilos de hilos bajo modalidad a fasón. En lo que respecta a sus tres plantas desmotadoras, ubicadas en Chaco y Santiago del Estero, la firma reactivó sus operaciones, luego de haber cerrado un acuerdo con la Nueva Vicentin -la sociedad en manos de Mariano Grassi luego del cramdown-.
El entendimiento prevé una vigencia mínima de cuatro campañas algodoneras consecutivas, período en el que se proyecta alcanzar una producción anual de 60.000 toneladas. Para ello, la empresa de Grassi aportará hasta u$s 300.000 para cubrir gastos operativos urgentes, como salarios y servicios.
Una crisis que se profundiza
La empresa entró en concurso preventivo a fines de 2024 debido a su deterioro financiero y operativo. Tal es así que, durante ese período, redujo personal y atravesó semanas con su producción paralizada.
Su situación se vio aún más comprometida por las restricciones de financiamiento, un problema estrechamente ligado a su vínculo con Vicentin. La cerealera compró la empresa hace más de tres décadas al empresario Eduardo Eurnekian. Fuentes cercanas a la compañía detallaron que “a razón de que tenían garantías cruzadas, se vieron muy limitados con el acceso al crédito y no consiguieron dinero fresco para apuntalarse”.
