El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció que el pago por muerte debe calcularse con la Unidad de Medida y Actualización. La sentencia subraya que la indemnización no es una remuneración laboral, sino una “medida de reparación compensatoria, que no tiene relación directa con la naturaleza del salario”. El más reciente fallo de la SCJN unifica criterios tras analizar la contradicción 59/2025, buscando proteger el valor real del dinero frente a la inflación. La Suprema Corte precisó que la UMA es el parámetro correcto, ya que el salario mínimo “prohíbe utilizar al salario mínimo como índice, unidad, base o medida”. ¿Qué significa esto? Según el comunicado de la Suprema Corte, la resolución obliga a jueces a aplicar este estándar en casos de responsabilidad civil en todo el país. Al respecto, el tribunal aclaró que el objetivo es que las indemnizaciones “mantengan su valor real, lo que cumple con el principio de reparación integral” sin afectar salarios. La Constitución mexicana ordena que el salario mínimo solo sirva para fines laborales. Usarlo en multas o indemnizaciones generaba incrementos desmedidos que afectaban la economía. Por ello, la UMA ahora funciona como la única referencia para calcular estos pagos civiles. Al desvincular estos conceptos, el Congreso puede aumentar el salario mínimo sin elevar artificialmente el costo de las responsabilidades civiles. El fallo reitera que corresponde al Poder Legislativo determinar incrementos, buscando “parámetros que garanticen proporcionalidad, equidad y actualización constante” para las víctimas. En ese sentido, la UMA se actualiza anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto asegura que el monto recibido por una familia hoy no pierda su poder adquisitivo mañana, logrando que la reparación sea “acorde con la naturaleza civil de la responsabilidad”. Para hacer más práctico el fallo, imagine que un juez debe dictar una sentencia por un accidente fatal. Antes, se multiplicaban días por el salario mínimo; ahora, usará exclusivamente el valor de la UMA vigente, asegurando un cálculo técnico que “evita generar distorsiones económicas” en el proceso. Entonces, si la UMA sube por la inflación, el pago a los familiares también se ajustará automáticamente. Aunque cambie la base, los jueces conservan libertad para fijar montos finales, definiendo “las metodologías aplicables y precisar el alcance del lucro cesante” según cada caso particular.