La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso con la austeridad republicana tras la aprobación del “Plan B” de la reforma electoral y el decreto que elimina las pensiones de lujo. Desde Morelos, la mandataria aseguró que estas medidas buscan devolver la dignidad al gasto público, eliminando privilegios que durante décadas beneficiaron a una élite burocrática. Con la entrada en vigor de estos cambios, se espera un ahorro cercano a los 5,000 millones de pesos. Sheinbaum enfatizó que su administración gobierna para el pueblo, y que los recursos rescatados de la alta burocracia se destinarán a proyectos de infraestructura básica como agua potable, vivienda y pavimentación en los municipios más necesitados. La reforma electoral aprobada reduce significativamente el número de regidores en los ayuntamientos y recorta el presupuesto operativo del Congreso de la Unión. Según la mandataria, no tiene sentido que municipios con altos índices de pobreza mantengan hasta 20 regidores, cuyos sueldos ahora se convertirán en obras públicas directas. “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, puntualizó la mandataria. Y reconoció: “Dijimos ‘hay que bajar’, y ese recurso se destina para agua potable, vivienda, para repavimentación. Municipios que tenían 20 regidores, ¿para que quieren municipios pobres, 20 regidores? Se disminuyen los regidores, y ese recurso se destina al municipio para poder repavimentar, hacer obras de agua, con apoyo de gobierno estatal y federal”. Además, la presidenta destacó la recuperación del lema histórico “Sufragio efectivo, no reelección”. A partir de 2030, quedará prohibida la reelección en presidencias municipales y diputaciones, una medida que busca renovar los liderazgos políticos y evitar el arraigo de intereses particulares en los cargos de elección popular. El Diario Oficial de la Federación ya publicó el decreto que pone fin a las “pensiones doradas” en sectores como Pemex, CFE y la extinta Luz y Fuerza. Sheinbaum criticó que exfuncionarios percibieran hasta un millón de pesos mensuales, una cifra que consideró insultante frente a la realidad económica de la mayoría de los mexicanos. Bajo este nuevo marco constitucional, ninguna pensión del sector público podrá superar los 134,000 pesos mensuales. “Imáginense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República”, indicó; de esta manera, se garantiza que el sistema de seguridad social sea justo y financieramente sostenible para el Estado. La Presidenta reiteró que, pese a las críticas de ciertos sectores, su gobierno no dará marcha atrás en la fiscalización del dinero público. La eliminación de seguros médicos privados y otros beneficios adicionales para altos mandos consolida un modelo de gestión donde el servidor público debe vivir en la justa medianía.