Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de la discusión pública tras emitir un fallo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera riesgoso para la inversión y la certeza jurídica en el país. La resolución avaló como constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan indicios de operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Conoce los detalles del fallo de SCJN y evita problemas con tu banco. Ten en cuenta las condiciones impuestas por las autoridades. Frente a la decisión de Suprema Corte, el organismo advirtió que la certeza jurídica es un elemento indispensable para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. De acuerdo con el organismo empresarial, este criterio genera un entorno de incertidumbre que podría afectar de manera importante la estabilidad económica del país. Además, sostuvo que la medida contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, así como diversos tratados internacionales suscritos por México. La decisión también representa un cambio respecto al criterio que sostenía anteriormente la Corte, al eliminar restricciones que antes limitaban la posibilidad de que la UIF congelara cuentas sin intervención judicial. En este contexto, Coparmex señaló que se trata de un precedente preocupante en materia de derecho, al permitir posibles complicaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin que existan reglas del todo claras. El fallo de SCJN determinó que la UIF está facultada para congelar cuentas bancarias sin requerir una orden judicial previa, siempre y cuando haya señales de posibles operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Uno de los aspectos clave del fallo es que el bloqueo no fue considerado una sanción. Las autoridades sostuvieron que esta medida tiene un carácter cautelar, cuyo propósito es resguardar la integridad del sistema financiero. En este caso en particular, los bancos y demás instituciones financieras están obligados a informar al titular sobre la inmovilización de sus recursos. En tanto, la persona afectada tendrá derecho a solicitar una audiencia ante la UIF para presentar su defensa. La autoridad deberá emitir una resolución dentro de los plazos establecidos para confirmar o levantar el bloqueo.