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La Legislatura porteña prorrogó por 15 días el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que vencía el viernes, para que todos los grandes bancos privados puedan entrar, que ya dieron el visto bueno, luego de que Santander fuera el primero en firmar, el viernes pasado.

Hubo un retoque en la reglamentación de la ley, por pequeñas modificaciones legales, que hablaba de intereses percibidos y los bancos necesitaban que dijera intereses devengados, y las entidades tienen ciertos procedimiento que cumplir burocráticos por normas internas, por eso se demoró todo y fue necesaria la prórroga para que puedan entrar.

Ayuda

La ayuda para los morosos, que encabeza el Banco Ciudad, tendrá un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de tasa nominal anual.

La adhesión al programa contempla un beneficio fiscal que otorga la Ciudad, que es la reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones.

La consecuencia de los planes de refinanciaciones, que también impulsan el Banco Nación, que concretó 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $ 310.000 millones, y el Provincia, con 94.703 refinanciaciones por $ 352.505 millones, implica un recorte en los límites de consumo con tarjeta.

Recortes

“Existe un recorte y congelamiento de límites crediticios, que son los factores que fundamentalmente explican la contracción del stock de consumos con tarjeta, pero no es el único”.

“A nivel de sistema, lo que se puede observar es una caída en la evolución del saldo financiado mediante tarjetas de crédito como resultado de la interacción entre mecanismos prudenciales del lado de la oferta (gestión del riesgo crediticio, según la Clasificación de Deudores que realiza el Banco Central) y mecanismos de conducta de la demanda de crédito en un contexto de menor actividad económica”, advierte el analista financiero Marcelo Mazzón.

Riesgo crediticio

En términos general, por el lado de la oferta crediticia, se observa un menor apetito al riesgo crediticio y el aumento del costo del capital debido a las mayores previsiones por impagos.

Ambos fenómenos están conectados a la dinámica del aumento de la morosidad: por un lado, con niveles de irregularidad crecientes, se activan automáticamente las políticas restrictivas de los bancos para administrar el riesgo de cartera.

Por ende, se reducen preventivamente los límites de compra, no se actualizan por inflación las líneas preaprobadas y se suspenden la asignación de nuevo cupo crediticio a clientes con señales tempranas de deterioro.

Sube la mora

Por otra parte, también desde el lado de la oferta crediticia, al subir la mora bancaria también se encarece el costo del capital debido al cumplimiento de las previsiones normativas.

“En efecto, al degradarse el crédito por la mayor mora, los bancos tienen que constituir mayores previsiones por impagos a medida que la cartera se desplaza de cumplimiento normal (situación 1) a categorías de mayor riesgo, lo que genera un aumento directo del costo del capital bancario”.

“Entonces, si aumenta la mora, sube el costo del capital vía el aumento de las previsiones y, por lo tanto, se recorta el crédito disponible”, detalla Mazzón.

Apalancamiento

Claro que, desde el lado del canal de la demanda de crédito, el saldo financiado no depende únicamente de los topes impuestos por las entidades, sino también de la propia conducta de apalancamiento de los deudores.

¿Qué significa esto? El saldo financiado no depende únicamente de los topes impuestos por las entidades, sino también se produce una retracción del crédito por un cambio en la propia conducta de apalancamiento de los clientes bancarios.

Concretamente, el primer motivo es por la modificación al incentivo de endeudamiento bancario. Por ejemplo, durante períodos de alta inflación, los clientes bancarios utilizan la tarjeta como mecanismo de cobertura para “ganarle a la inflación” a través del financiamiento en cuotas.

Pero el resultado cambia cuando el escenario combina un proceso de desinflación con un costo financiero total que alcanza tasas reales positivas, ya que se reduce el apetito o propensión a financiar las compras.