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El Gobierno evaluaba en las últimas horas avanzar con una nueva instancia judicial en Estados Unidos para intentar revertir la condena vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral y evitar el pago de más de u$s 390 millones a Titan Consortium.
La Procuración del Tesoro tiene plazo legal hasta hoy, 20 de agosto, para solicitar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia que el 21 de julio confirmó el fallo contra la Argentina. La estrategia está bajo la conducción del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y no cerraría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema como última instancia.
En lo inmediato, el objetivo es que la propia Cámara reconsidere la decisión que dejó firme y que establece una condena por u$s 390.907.115,55, a la que deben agregarse los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
Además de reclamar el pago, los demandantes buscan identificar activos argentinos en Estados Unidos sobre los cuales puedan ejecutar la sentencia. Según trascendidos, el planteo no incluye un pedido específico para suspender su ejecución aunque en la práctica busca dilatar los tiempos procesales con este mecanismo.
La discusión que puede llevar el caso hasta la Corte Suprema
Hace un mes, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el planteo de la Argentina y confirmó la decisión de primera instancia en la demanda por la expropiación de la aerolínea de bandera. Pero el debate que llegó hasta ese tribunal no giró nuevamente sobre las condiciones de la expropiación de Aerolíneas y Austral, sino sobre una cuestión procesal decisiva: cuánto tiempo tenía Titan para pedir ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
La defensa argentina sostuvo que el reclamo había prescripto porque debía aplicarse un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron esa interpretación y consideraron aplicable un período de doce años, lo que permitió mantener vigente la acción iniciada por Titan en 2021. Ahora, la Procuración intentará que la Cámara vuelva sobre esa resolución.
La elección de esta vía también tiene un efecto sobre los tiempos del litigio. Si la Cámara vuelve a rechazar el planteo, la Argentina conservará la posibilidad de recurrir posteriormente a la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, su intervención no está garantizada ya que el máximo tribunal estadounidense tiene discrecionalidad para decidir cuáles son los casos que acepta revisar.
En la Casa Rosada sostienen que el criterio general frente a los litigios de magnitud que enfrenta el Estado es utilizar todas las herramientas procesales disponibles y evitar que las condenas queden firmes mientras existan instancias de revisión. De hecho, la estrategia se inscribe en la política jurídica que el Ejecutivo también viene desplegando en otros litigios internacionales relevantes, entre ellos el juicio por YPF.
Un conflicto que comenzó con la expropiación de 2008
El origen del expediente se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans, concretada en 2008. Las compañías accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar alrededor de u$s 321 millones, además de intereses y costas. El Estado intentó posteriormente anular esa decisión, pero el planteo fue rechazado en 2019. Los acreedores debieron luego recurrir a tribunales nacionales para conseguir su reconocimiento y avanzar con el cobro, ya que los procesos en el CIADI no contemplan esa posibilidad.
Los derechos económicos derivados de aquel litigio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, el monto reclamado superó los u$s 390 millones.
El punto que la Argentina busca revertir ahora está directamente relacionado con esa presentación. La defensa sostiene que Titan llegó fuera del plazo correspondiente para intentar ejecutar el laudo en Estados Unidos. Hasta el momento, los tribunales rechazaron ese argumento.
El expediente tiene además una precisión jurídica relevante: la condena no recae sobre Aerolíneas Argentinas como compañía, sino sobre el Estado argentino por la expropiación realizada en 2008. La hoja de ruta inmediata queda así concentrada en Washington.
