ENERGÍA

Tarifas: el kirchnerismo firmó los aumentos, pero habrá nueva audiencia por el gas

Los interventores de los entes reguladores, cercanos a Cristina Kirchner, pusieron la firma a la suba de tarifas y señalaron la urgencia del Ministerio de Economía por aplicarlas. Habrá nueva audiencia pública para evitar una judicialización.

Los interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) firmaron ayer las resoluciones que concretan los aumentos de tarifas de entre 18,5% y 25,5% en el gas a nivel nacional y de 16,53% promedio en la energía eléctrica en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (7,7% para quienes cuentan con tarifa social; las cifras serán menores en el Interior).

Los nuevos cuadros tarifarios estarán vigentes a partir de este miércoles 1 de junio, desde las 0 horas.

La baja de los subsidios será más lenta y obliga a recalcular la meta con el FMI

Se trata de la segunda suba de tarifas en lo que va del año, que para la clase media quedará por debajo del 42,7% acumulado, por lo que en el Gobierno remarcan que es una "reducción en términos reales" (menos que la evolución de la inflación y de los salarios).

De esta manera, los reguladores cumplieron la orden que dio el viernes pasado el secretario de Energía, Darío Martínez, en línea con el programa económico que negoció el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Audiencia pública

No obstante, el interventor del Enargas, Federico Bernal, se reservó un espacio para convocar a la brevedad a una nueva audiencia pública (adicional a la realizada el 10 de mayo, dedicada especialmente al gas) que analice los precios mayoristas del gas natural por redes en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), de forma de evitar una judicialización del proceso.

La decisión no obstaculiza la suba de tarifas, pero marca el desacuerdo del funcionario. En los considerandos, Bernal señala que sus resoluciones se enmarcan en la urgencia que le imprimió el Gobierno a los incrementos para reducir los subsidios energéticos.

El interventor del Enargas había denunciado penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por convalidar sin más los precios mayoristas del gas y ahora quiere esquivar que, como un boomerang, la Justicia pueda imputarlo por no hacer otra audiencia pública de revisión de los costos que se trasladan a los usuarios.

Los funcionarios cercanos a Guzmán y al presidente Alberto Fernández temían que los interventores Bernal y María Soledad Manín (energía eléctrica) resistieran la orden y se negaran a confeccionar los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor, Gas Nea y Redengas. De hecho, a mediados de este mes el jefe de Estado amenazó desde Europa con "echar" a los funcionarios que no acataran las órdenes.

Sin embargo, el kirchnerismo optó por no romper el Frente de Todos y, desplazado de las decisiones de política económica, eligió quedarse al margen y responsabilizar a Guzmán de un posible fracaso temprano de su plan.

Así, Manín -cercana al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo- y Bernal, con conexiones con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, firmaron las resoluciones 171 y 172 del ENRE y de la 207 a la 216 del Enargas.

Como adelantó El Cronista, por el momento no habrá segmentación de las tarifas, que demorará al menos dos meses más desde el momento en que se les indique a las empresas los usuarios que perderán por completo la ayuda del Estado y se les pida que cambien sus sistemas de facturación.

Si bien en el Palacio de Hacienda no estaban especialmente preocupados por esto y creían que era posible cierta demora en la implementación -debía estar vigente también desde este 1 de junio-, hay un especial interés por el ahorro en subsidios "pro-ricos".

La dificultad para acceder a la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y utilizarla para segmentar tarifas sin violar el secreto fiscal es la principal causa de las tardanzas. El plan de "sintonía fina" está en la mente del kirchnerismo desde 2011, sin avances concretos.


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