Segmentación de tarifas: el Gobierno relativiza la fecha de los aumentos
Si bien el acuerdo con el FMI establece que el 1° de junio debería haber una quita de subsidios, fuentes oficiales relativizan y creen que se puede flexibilizar. La semana que viene se realizarán las tres audiencias públicas.
La segmentación y aumento de las tarifas de la energía (gas y electricidad) están previstas para el 1° de junio, según lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en el Gobierno plantean que "los tiempos pueden ser flexibles".
De cara a las audiencias públicas que se realizarán el martes 10 (gas), miércoles 11 (energía eléctrica) y jueves 12 (segmentación de tarifas), fuentes oficiales explicaron que el 1° de junio es una fecha tentativa.
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"Puede que la definición de los nuevos cuadros tarifarios no esté sí o sí lista" en ese entonces, matizan en el Gobierno, donde está la decisión política del presidente Alberto Fernández de avanzar en una quita de subsidios "pro-ricos".
Además, consideran que más allá de una suba nominal de las tarifas, "esto no se trata de aumentos, son recomposiciones".
"Es una reducción real para el 90% de la población", desarrollan en el Gobierno, teniendo en cuenta que el año pasado solo hubo un incremento del 9% versus una inflación del 51% y que en 2022 el ajuste máximo será del 43% (excepto en el caso del 10% de la población con mayor poder adquisitivo), frente a un índice de precios que será superior.
Como contó hace dos semanas El Cronista, los criterios para la segmentación serán geográficos y socioeconómicos.
En el primer caso, la Subsecretaría de Planeamiento Energético consideró válidos los trabajos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para quitarles los subsidios a los usuarios que viven en manzanas de la Ciudad de Buenos Aires cuyo valor del metro cuadrado supere los 3700 dólares y a los que residen en barrios privados (countries) del conurbano.
No obstante, incorporó el criterio de ingresos y patrimonio para todo el país, ya que el geográfico no era extrapolable a todo el país.
Unos 921.778 titulares del servicio de energía eléctrica y 760.600 titulares del gas (1.631.846 y 1.178.248, respectivamente, de suministros residenciales) pagarán el costo pleno de la generación de electricidad y la producción e importación de gas, según el plan del Ministerio de Economía.
Entre ellos, además de los mencionados, están quienes cobran el equivalente a más de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) de una familia tipo -$ 314.000 mensuales a marzo-, y quienes poseen 3 o más vehículos con antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles y aviones o embarcaciones de lujo.
En cualquier caso, el Gobierno utilizará bases de datos públicas y no violará el secreto fiscal ni bancario, aseguran.
En ese sentido, el Estado cuenta con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que incorpora datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y distintas bases de propiedad de inmuebles y automotores.
Si bien no está definido, en el sector privado calculan que las facturas se triplicarán en el invierno, en relación al año pasado, dependiendo del consumo. El 90% restante tendrá un aumento promedio del 17% como tope, a partir de las próximas semanas, en fecha a definir.
Cuando un usuario considere que se lo excluyó del subsidio por error, en el Gobierno prometen que habrá una reconsideración "ágil", que será por teléfono o vía presencial. En ningún caso el Estado conocerá datos del patrimonio de las personas más allá de lo que es público; pero para la reconsideración de las tarifas habrá que firmar una Declaración Jurada.
Las fuentes oficiales reconocen que "el colectivo alcanzado va a ser menor al real" y que el trabajo de segmentación deberá profundizarse en los próximos meses, con criterios de "gradualidad y progresividad"
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