En esta noticia
- Qué es el Súper RIGI y cuál es el objetivo del Gobierno
- RIGI y Súper RIGI: las diferencias clave
- A quiénes podría beneficiar el nuevo régimen
- Los cambios que incorporó el oficialismo para conseguir dictamen
- El debate por los proveedores nacionales y la generación de empleo
- Qué resultados mostró el RIGI hasta ahora
La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa forma parte de la agenda que el oficialismo llevará al recinto en una sesión especial convocada para las 12 y busca ampliar el esquema de beneficios que ya rige para grandes proyectos de inversión.
El Gobierno presenta la propuesta como una nueva etapa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases. La diferencia central es que el nuevo régimen no estará orientado a los sectores tradicionales alcanzados por la norma vigente, como minería, energía e hidrocarburos, sino a actividades que todavía no tienen un desarrollo consolidado en el país.
La apuesta oficial es que las ventajas fiscales, cambiarias y regulatorias permitan captar inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de recursos naturales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Entre los sectores que podrían quedar alcanzados aparecen los data centers, la inteligencia artificial, el hidrógeno verde, los semiconductores, el procesamiento de minerales críticos y la fabricación de autos eléctricos.
Qué es el Súper RIGI y cuál es el objetivo del Gobierno
El proyecto propone crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa para inversiones de gran escala destinadas exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en la Argentina.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca aumentar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar un camino de crecimiento sostenido. En la defensa del proyecto ante diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que llegó el momento de “evolucionar” el RIGI hacia un esquema centrado en la industrialización de los recursos naturales.
El nuevo régimen exigirá una inversión mínima de u$s 1000 millones por proyecto. De esta manera, estará dirigido a compañías de gran escala y a planes industriales que demanden desembolsos elevados, por encima del umbral previsto en el RIGI actual.
El plazo para presentar proyectos y adherirse al programa será de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, con la posibilidad de una única prórroga de hasta un año.
RIGI y Súper RIGI: las diferencias clave
Aunque ambos regímenes ofrecen estabilidad por 30 años, el Súper RIGI eleva el piso de inversión y mejora varios de los beneficios que ya contempla el esquema vigente.
La primera diferencia es el monto mínimo requerido. Mientras que el RIGI exige inversiones desde u$s 200 millones, el nuevo proyecto establece un umbral de u$s 1000 millones por iniciativa.
En materia tributaria, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%. En el RIGI, la tasa es del 25%, por debajo del 35% que rige para el resto de las empresas.
También mejora el tratamiento de los dividendos. La alícuota será del 7% y bajará al 3,5% luego de cuatro años. En el régimen vigente, esa reducción recién se habilita después de siete años.
Otra novedad es la creación de una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales correspondientes a nuevas relaciones laborales. El RIGI no contempla una reducción específica de cargas de seguridad social.
En el frente cambiario, el proyecto acelera la liberación de divisas para los inversores. Los beneficiarios podrán disponer libremente del 20% de las exportaciones a partir del primer año, del 40% desde el segundo y del 100% desde el tercero. En el RIGI, la libre disponibilidad total se alcanza recién en el cuarto año.
Además, las empresas alcanzadas no pagarán derechos de exportación desde el inicio de la actividad. En el régimen actual, esa exención comienza a regir a partir del tercer año.
El Súper RIGI también amplía los beneficios para importar: prevé exención total de aranceles, incluso para bienes intermedios y partes. El RIGI vigente no incluye esos insumos dentro de las exenciones.
Por último, el texto exige que las provincias que adhieran al régimen no cobren más de 0,50% de Ingresos Brutos a los proyectos beneficiados.
A quiénes podría beneficiar el nuevo régimen
El alcance del Súper RIGI será más acotado en cantidad de sectores, pero más ambicioso en el tipo de proyectos que pretende atraer. El Gobierno aclaró que estará destinado a “nuevas industrias” que todavía no existan o no tengan desarrollo en el país.
Entre los ejemplos mencionados por González figuran el hidrógeno verde, la fabricación de semiconductores, los data centers, el procesamiento de minerales críticos y los vehículos eléctricos.
En el caso de los centros de datos, el argumento oficial es que podrían permitir monetizar parte del gas natural disponible en el país. Para el procesamiento de minerales críticos, el objetivo es que la Argentina no se limite a exportar materias primas y pueda captar etapas industriales de mayor valor agregado.
Los cambios que incorporó el oficialismo para conseguir dictamen
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 17 de junio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Reunió 61 firmas a favor y quedó habilitado para llegar al recinto.
Para destrabar el apoyo de bloques aliados, el oficialismo incorporó cambios al texto original. Uno de ellos establece que las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas con cada proyecto podrán computarse por el doble de su valor para alcanzar el monto mínimo exigido.
Sin embargo, este beneficio no podrá exceder el 20% del umbral de inversión requerido, mientras que el monto restante se contabilizará a valor nominal.
Además, los proyectos deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y comprometer un porcentaje no menor al 20% del total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución de la inversión. Esa obligación aplicará siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado, tanto en precio como en calidad.
El texto también incorpora la exigencia de un informe técnico que demuestre que el proyecto no compromete la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura en la zona de influencia, teniendo en cuenta sus impactos ambientales y sociales.
El debate por los proveedores nacionales y la generación de empleo
La participación de la industria local fue uno de los principales puntos de discusión durante el debate en comisión. La oposición reclamó que el proyecto incluyera mecanismos más fuertes para fomentar la contratación de proveedores nacionales.
En el RIGI, la norma establece que el 20% de la inversión total debe destinarse a proveedores locales. Desde el Gobierno argumentaron que una parte relevante de ese requisito se cumple a través de obras civiles, que necesariamente deben ser realizadas por empresas radicadas en el país.
Para el Súper RIGI, el enfoque será diferente. En lugar de fijar un porcentaje mínimo de inversión destinado a proveedores locales, la propuesta busca otorgar incentivos directos a esas compañías. De esta manera, los proveedores podrían acceder a condiciones similares a las de los proyectos principales, como la importación de insumos sin aranceles o la amortización acelerada.
La discusión también se vinculó con el empleo. El Gobierno sostiene que el nuevo régimen busca justamente impulsar actividades con mayor nivel de industrialización y, por lo tanto, con una capacidad superior para generar puestos de trabajo y encadenamientos productivos.
Qué resultados mostró el RIGI hasta ahora
Durante la presentación del proyecto, González dio a conocer los últimos datos del régimen vigente. Desde su aprobación a mediados de 2024, se presentaron 39 proyectos de inversión por un total de u$s 138.000 millones.
De aprobarse todos, esos proyectos implicarían la creación de 179.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un aumento de las exportaciones por u$s 41.000 millones, según los cálculos oficiales.
La mayor parte de las iniciativas se concentró en minería y energía: 20 corresponden a minería, 13 a hidrocarburos, tres a energía eléctrica, dos a industria y una a infraestructura. Hasta el momento fueron aprobados 17 proyectos y uno fue rechazado.
El RIGI tiene vigencia por dos años, con la posibilidad de una prórroga por uno más. El Gobierno proyecta que, hasta mediados de 2027, podrían presentarse hasta 60 proyectos bajo ese esquema.
