El Gobierno fue al Congreso a defender el proyecto de ley del Súper RIGI para atraer inversiones. Durante la exposición, Daniel González, secretario coordinador de energía y minería dentro del Ministerio de Economía, reveló nuevos datos sobre el actual esquema RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones). Hubo críticas y cruces con diputados de la oposición acerca de cuáles serán los sectores beneficiados, la generación de empleo y la articulación con proveedores industriales nacionales.
Durante la presentación este miércoles en la cámara de Diputados, González reveló los últimos números del RIGI. Desde que se aprobó, a mediados del 2024, se presentaron 39 proyectos de inversión, por un monto total de u$s 138.000 millones. En caso de que se aprobaran todos, implicará la creación de 179.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y el incremental de exportaciones por u$s 41.000 millones. Las presentaciones se concentraron en energía y minería: 20 fueron en minería, 13 en hidrocarburos, 3 en energía eléctrica, 2 en industria y 1 en infraestructura.
De momento fueron aprobados 17, y solo uno rechazado. González fue cuestionado porque el único rechazado fue de la empresa minera china Gangfeng. El funcionario contestó que al momento de presentarse, el proyecto ya tenía un 93% de grado de avance. Agregó que el objetivo del comité de evaluación del RIGI es cuidar los beneficios del régimen y no otorgarlos innecesariamente a proyectos que ya estaban sustancialmente avanzados antes de la implementación del RIGI.
La necesidad de generar empleo
De cara al próximo año, hasta mediados de 2027, el Gobierno proyecta que se habrán presentado hasta 60 proyectos RIGI en los 3 años que habrá durando el régimen de inversión. Así fue establecido el plazo en la ley bases en 2024: de dos años, con posibilidad de prorrogarlo por uno más. Este es uno de los motivos por los cuales se decidió avanzar en un nuevo proyecto, ahora llamado Súper RIGI, para cumplir con lo anunciado inicialmente, que se trataba de una herramienta “excepcional y con vencimiento”.
Pero uno de los objetivos principales del Gobierno con el nuevo proyecto de ley Súper RIGI es la industrialización de los recursos naturales para generar más empleo. “Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, afirmó González, y agregó: “La industrialización de esos recursos naturales debería traducirse en un aumento mucho más significativo del empleo y del valor agregado”.
Otra de las discusiones fue qué sectores podrían ingresar al Súper RIGI, que a diferencia del RIGI, planteaba 8 sectores puntuales de la economía, como minería o energía. González explicó que es solamente para “nuevas industrias” que hoy no existan en Argentina. Cuando le pidieron ejemplos, mencionó algunos como el hidrógeno verde, semiconductores, procesamiento de minerales críticos, data centers (como una forma de monetizar el gas natural) o autos eléctricos. El mínimo de inversión es de u$s 1.000 millones.
Si bien González reveló que no espera anuncios de inversión del Súper RIGI para el corto plazo, aseguró que la geopolítica puede traer oportunidades en el mediano plazo: “Si me preguntan cuál me gustaría que viniera sería refinación de laminado de cobre. ¿Hay alguna chance? Hoy ninguna. Pero en 5 años, cuando seamos uno de los principales productores de cobre y tengamos Súper RIGI, si desde la geopolítica hay voluntad de que el procesamiento de minerales críticos se haga por fuera de China, Argentina debería estar en el tope de la lista”.
Reclamo por la industria nacional
Otro de los puntos de discusión fue el reclamo de la oposición de incluir en el proyecto de ley algún artículo de desarrollo de proveedores, para fomentar la industria local. Lo mismo ocurrió con el RIGI: el proyecto inicial no incluía, y fue agregado en la votación parlamentaria. “Me anoto el punto”, contestó González. Sin embargo, consideró que las ideas de “compres locales” en provincias son malas ideas, hasta incluso “inconstitucionales”.
De todos modos, el Gobierno hizo una revelación. En el proyecto RIGI se agregó un artículo de que el 20% de la inversión total tiene que ser destinada a proveedores locales. “Los proyectos industriales requieren una proporción inmensa de obra civil, lo cual es ejecutada inevitablemente por empresas locales”. Pablo Lavigne, otro importante funcionario dentro del Ministerio de Economía, quien acompañó a González en la presentación, afirmó: “Se lo lleva la obra civil”. Esta es una de las críticas que hacen empresarios dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Por este motivo, para los proveedores locales el Súper RIGI no incluye un porcentaje mínimo, sino incentivos directos: le brinda a las empresas proveedoras las mismas condiciones que a los proyectos principales, como la posibilidad de importar insumos sin arancel o la amortización acelerada, para que los proveedores tengan las mismas condiciones competitivas.
