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Reforma impositiva: el Gobierno le puso fecha, fijó prioridades y niega promesas al campo

Tras la prueba de fuego con la ley ómnibus, fuentes oficiales confirmaron que en los últimos meses del año se enviará un proyecto para una "reforma integral del sistema tributario" con aplicación en 2025. Los impuestos que no son prioritarios

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En medio del debate en la Cámara de Diputados por la ley ómnibus, y luego de que el ministro de Economía Luis Caputo eliminará el capítulo fiscal para acelerar su aprobación, el Gobierno habría definido la fecha en la que llevará a cabo una de sus principales promesas de campaña: la reforma tributaria.

En el proyecto para la creación del impuesto a los Ingresos Personales -reversión de Ganancias-, que también fue apartado, el Gobierno adelantó que durante este año "presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de los contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal".

Según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada a El Cronista, y ante la experiencia de la primera prueba de fuego en el recinto, el oficialismo lo enviará este año -luego del tratamiento de la ley ómnibus y de reuniones con las provincias- con el objetivo de que se implemente en el segundo año del mandato de La Libertad Avanza (LLA).

Guillermo Francos reiteró que el impuesto PAIS se terminará con el cepo

Lo que expone el optimismo que mantienen en las filas oficiales sobre el objetivo del déficit cero. Aun cuando la hoja de ruta que marcó el titular de Hacienda se vio alterada por las negociaciones legislativas -caso fórmula jubilatoria- y se desconoce las partidas provinciales que se recortaran para compensar las pérdidas.

Los impuestos prioritarios

En cuanto a su contenido, las intenciones serían eliminar todos aquellos tributos que no tiene peso sobre las arcas del estado. "En términos recaudatorios, solo tiene un impacto de alrededor del 2% Producto Bruto Interno (PBI), pero entorpecen tremendamente el funcionamiento de la economía", afirmó Javier Milei antes de convertirse en presidente.

El último informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Florencia Misrahi, podría ser un indicador de cuáles permanecerán. En enero, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lideró la recaudación con $2.850.797 millones, seguido por el de Seguridad Social con $1.665.760 millones.

Por debajo, con la vigencia del régimen cedular que impulsó el exministro de Economía Sergio Massa, quedó Ganancias, con $1.021.903 millones; los Derechos de Exportación, $645.168 millones, y el Impuesto PAIS, $469.199 millones.

Impuesto PAIS: entre la coparticipación y su fin

Sobre este último, a priori, las intenciones del Gobierno serían no ceder ante el pedido de los gobernadores dialoguistas de coparticiparlo. "Si lo haces, no lo podes eliminarlo más. Y en una economía sin cepo, como la que se apunta, no tiene sentido", argumentaron puertas adentro de Balcarce 78.

Otro indicio para la negativa es el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En donde se destacó el compromiso que tomó el Gobierno con el organismo de eliminarlo a fin de año y en donde se obvió la fecha de vencimiento que tenía el impuesto.

Desde su establecimiento bajo la gestión de Alberto Fernández, en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se estipuló que tendría vigencia durante cinco periodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019. Por lo que su fin, más que una iniciativa propia, sería una imposición.

¿Primer enfrentamiento con el campo?

"Que se conformen con que les achique la brecha cambiaria", habría sido una de las frases que Milei le dijo a alguien de su círculo chico sobre los pedidos de baja de los derechos de exportación para el sector agropecuario.

En la "Ley Bases...", que luego sufrió modificaciones con las negociaciones, el oficialismo proponía la elevación de la alícuota para la soja (del 31% al 33%), la tributación al 15% para las economías regionales -que están en 0%- y la delegación de facultades al poder ejecutivo.

A pesar de que, en la reciente reunión en Casa Rosada, donde se buscó el apoyo de las entidades, Caputo les aseguró que se trataban de "medidas transitorias" y les prometió una reducción de la alícuota cuando se logre el equilibrio fiscal, los derechos de exportación no serían una de las prioridades del mandatario.

Quien considera que deberían conformarse con un tipo de cambio oficial competitivo. Una condición que solo se podrá mantener, según los privados dado el alza de la cotización informal, si se abandona la estrategia del crawling peg (micro devaluaciones) al 2% mensual.

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