Guillermo Pérez es contador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Formó parte durante 12 años del directorio de IDEA y, desde 2006, es CEO y socio fundador de Grupo GNP, una firma especializada en asesoramiento fiscal, con fuerte enfoque en la estrategia tributaria para medianas y grandes empresas.
En medio de la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de extender hasta el 30 de octubre el plazo para presentar la declaración jurada del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) —la quinta prórroga dispuesta por el organismo—, el tributarista analizó, en una entrevista exclusiva con El Cronista, los cambios que introdujo la Ley de Inocencia Fiscal II y el impacto que tendrán sobre los contribuyentes.
Advirtió que no espera “una afluencia masiva de dólares hacia la economía real o al mercado de capitales” y recordó que, en el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei en 2024, “el monto exteriorizado fue apenas una quinta parte” del alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri.
Además, sostuvo que una verdadera reforma tributaria solo será posible si va acompañada por una modificación de la Ley de Coparticipación Federal, a la que considera “obsoleta”, y el desafío ahora es “incorporar a más actividades a esquemas de beneficios que permitan reactivar los sectores más rezagados”.
Inocencia Fiscal II
—Después de tantos idas y vueltas, ¿es difícil explicar de qué se trata la Ley de Inocencia Fiscal o todavía se la confunde con un blanqueo?
—Nuestros clientes lo tienen absolutamente claro: es un régimen muy conveniente, sobre todo porque obtienen, sin hacer ningún esfuerzo, el tapón fiscal (presunción de exactitud). Es decir, si adhieren este año, no les revisarán el período fiscal 2024 ni los anteriores, salvo que ARCA detecte diferencias significativas en el período fiscal 2025 (efecto liberatorio del pago).
También tienen claro que, con determinados resguardos y cuidados, podrían regularizar ciertos bienes que hoy no tienen declarados, siempre de manera armoniosa con el perfil bancario y tributario del contribuyente.
—¿Hay temor de que el día de mañana venga otra administración y cambie las reglas del juego?
—La posibilidad de regularizar bienes, que antes era permanente, ahora quedó limitada hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión apunta a concentrar el ingreso de esos dólares durante esta gestión y despejar una de las principales dudas del público: qué podría pasar si más adelante cambia el marco normativo.
—A grandes rasgos, ¿qué le parecen las últimas modificaciones que incorporó el Gobierno?
—Son muy buenas desde el punto de vista macroeconómico para el Gobierno y también para el público en general. Había mucha gente que no entraba en el Régimen Simplificado de Ganancias porque superaba los parámetros de $ 1000 millones de ingresos o $ 10.000 millones de patrimonio, aun cuando ni siquiera quisiera hacer una regularización de bienes.
Una persona trabajó 50 años de su vida, tiene muchos ahorros, esos ahorros están dolarizados y las diferencias de cambio se consideran ingresos, igual que un ingreso profesional o comercial. Eso hacía que superara el límite de $ 1000 millones y quedara afuera del régimen.
La primera gran ventaja de Inocencia Fiscal II es justamente esa: deja entrar a todo el mundo (personas humanas y sucesiones indivisas), excepto a los “Grandes Contribuyentes Nacionales”, que pueden adherir, pero sin los beneficios del tapón fiscal ni de la regularización de activos. También quedan excluidos los funcionarios públicos.
Además, incorpora una novedad importante: permite, dentro de un plazo de 15 días hábiles, rectificar la declaración jurada, aceptar el ajuste que determine el organismo y mantener los beneficios de Ganancias Simplificado.
—¿Cree que el Gobierno va a lograr el objetivo de que salgan los “dólares del colchón”?
—Muchísimos contribuyentes se van a incorporar a Inocencia Fiscal II, pero no necesariamente para regularizar bienes, sino para obtener el beneficio del tapón fiscal.
No creo que vaya a haber una afluencia masiva de dólares hacia la economía real o al mercado de capitales como consecuencia del régimen de Ganancias Simplificado. El problema de la Argentina es que perdió la confianza.
El blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri fue el más importante de la historia argentina en términos del PBI. Sin embargo, inmediatamente después se cometió un error político. El propio gobierno de Macri elevó la alícuota de Bienes Personales al 0,75% y, ni hablar, el gobierno de Alberto Fernández, que la llevó al 1,75% y luego al 2,25%.
¿Qué provocó eso? Arruinó una herramienta de recaudación muy importante, aunque discutible desde el punto de vista de la equidad, como es el blanqueo.
“No veo que vaya a haber una afluencia masiva de dólares hacia la economía real o al mercado de capitales como consecuencia del régimen de Ganancias Simplificado. El problema de la Argentina es que perdió la confianza”
Por eso, el blanqueo de 2024 tuvo mucha menos adhesión, pese a que había tanto o más dinero no declarado que en 2017. El monto exteriorizado fue apenas una quinta parte del alcanzado en el blanqueo de Macri. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza.
—En definitiva, ¿a quiénes beneficia Inocencia Fiscal II?
—Una persona que quiere comprarse un auto o una propiedad claramente se ve beneficiada. Beneficia a quienes quieran regularizar montos inferiores a $ 100 millones.
Si la diferencia no supera los parámetros previstos por la ley (es decir, cuando el ajuste no supera el 15% del impuesto determinado o es inferior a $ 5 millones, no existe una factura apócrifa y no se configura el supuesto previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria por montos superiores a $ 100 millones), los beneficios del régimen se mantienen. Entonces, claramente beneficia a la gran masa de pequeños ahorristas. En esos casos, el riesgo es prácticamente nulo.
Quien pretenda regularizar un monto mayor también podría aprovechar el régimen, pero ahí queda sujeto a cómo actúe el oficial de cumplimiento del banco donde opere.
Si observa que una persona ingresa, por ejemplo, $ 150 millones o $ 200 millones al sistema financiero para comprar un departamento de tres ambientes y, al mismo tiempo, advierte que durante toda su vida declaró ingresos anuales de apenas $ 40 millones o $ 50 millones, es muy probable que, por una cuestión de resguardo, el banco emita un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Reforma tributaria e incentivos fiscales
—¿Cuán necesario es que Nación y provincias se pongan de acuerdo para llevar adelante una reforma tributaria?
—No hay reforma tributaria válida si no se modifica el régimen de coparticipación federal. Ahí participa alrededor del 90% de todos los impuestos nacionales, que luego se redistribuyen a través de lo que se conoce como distribución primaria —entre la Nación y las provincias— y distribución secundaria —entre las provincias entre sí—.
Es una herramienta absolutamente obsoleta, porque el régimen vigente data de 1988. Si uno quiere una reforma tributaria integral que promueva el desarrollo empresarial, el crecimiento económico y el empleo, necesariamente tiene que resolver primero ese problema.
Muchas provincias tienen prácticamente congelado su sector privado desde hace años y reciben una enorme cantidad de recursos de la coparticipación sin tener que recaudar esos impuestos. En cambio, hay tres jurisdicciones —la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe— que aportan mucho más de lo que reciben.
El presidente Javier Milei dijo en el último Coloquio IDEA que presentará una reforma tributaria en 2028, si resulta reelecto. Pero, para que eso sea posible, primero tiene que resolver el problema de la coparticipación federal y celebrar un nuevo pacto fiscal, similar al de 2017.
Ese pacto fiscal buscaba reducir paulatinamente el impuesto sobre los Ingresos Brutos y darles tiempo a las provincias para adaptarse a un esquema de financiamiento diferente. Era una buena herramienta, pero quedó trunca por razones políticas.
—¿Cuáles son hoy las preocupaciones de los empresarios en materia tributaria?
—Claramente les preocupa muchísimo la carga tributaria porque saben que el impacto de los impuestos es muy grande. Sin embargo, muchos creen que no tienen posibilidades de administrarla y, en realidad, sí es posible gestionarla.
Si uno analiza cualquier empresa, hay tres grandes factores que impactan sobre el negocio: el costo de las materias primas, los salarios y los impuestos.
Las empresas suelen administrar muy bien los dos primeros, pero muchas veces destinan muy pocos recursos a gestionar la carga tributaria, pese a que representa uno de los principales costos del negocio. Eso ocurre porque los impuestos son una materia compleja y mucha gente evita involucrarse.
—El RIGI es uno de los “caballitos de batalla” del Gobierno, pero hay quienes señalan que el esquema debería extenderse a otros sectores, como la industria y la construcción. ¿Lo ve viable?
—Por un lado, creo que establecer normas que promuevan el desarrollo de determinados sectores (minería, petróleo y gas) o regiones, siempre que estén bien administradas, es positivo porque genera crecimiento.
Al mismo tiempo, entiendo el planteo de quienes pertenecen a otros sectores y reclaman incentivos similares. El desafío ahora es incorporar más actividades a esquemas de beneficios que permitan reactivar los sectores más rezagados, especialmente aquellos intensivos en mano de obra, sin perder un logro muy importante como el superávit fiscal.
Hay sectores que hoy crecen a tasas de dos dígitos y otros que caen también a dos dígitos. Una economía crece de manera equilibrada cuando todos sus sectores avanzan, aunque algunos lo hagan más rápido que otros.
Además, uno de los mayores beneficios del RIGI es la estabilidad fiscal. Esa previsibilidad es, justamente, uno de los principales incentivos para quienes realizan inversiones de largo plazo.
