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El ajuste del gasto público constituye uno de los pilares centrales de la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei. Este proceso, fijado con la meta de sanear las cuentas fiscales, avanzó en los últimos años a través de múltiples frentes: recortes operativos directos, una reducción en las transferencias a otras jurisdicciones y una sensible contracción en partidas específicas.
Tras alcanzar un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y fijar en el Presupuesto una meta del 1,3% para este 2026, desde el Ministerio de Economía observan que la sostenibilidad del orden fiscal enfrenta importantes desafíos.
Puntualmente, este objetivo convive con una actividad económica que se mantiene estancada, una situación agravada por los niveles récord de morosidad y tasas de interés elevadas que que complican la recuperación del crédito y el consumo.
En lo que va del año, los números fiscales muestran una foto con dos caras. Por un lado, el Gobierno exhibe un superávit primario acumulado de 1,1% del PBI en los primeros ocho meses del año. Por el otro, un informe de la consultora LCG advierte que ese resultado todavía no alcanza para cumplir la meta anual.
El mapa de la motosierra: dónde se recortó para sostener el superávit
Según el relevamiento, en los primeros ocho meses de 2026 los ingresos fiscales acumulan una caída de 4% en términos reales. “Para lo que queda del año no esperamos un cambio de tendencia y proyectamos una baja de 3% interanual. En términos del PBI proyectamos ingresos por 15,2%”, precisó el informe.
Frente a esa caída de la recaudación, la estrategia oficial fue la misma: seguir recortando gasto. De acuerdo con el análisis, la actual administración ajustó el gasto primario un 2,5% en términos reales en ocho meses, un recorte que resultó determinante para sostener el resultado positivo de las cuentas públicas.
No obstante, este ajuste no fue parejo entre las distintas partidas. Según LCG, hubo tres áreas donde se concentró la poda del gasto público durante los primeros ocho meses de 2026, con caídas reales interanuales que en algunos casos superaron el 40%:
- Programas sociales: -23% interanual real
- Gasto operativo: -7% interanual real
- Transferencias a las provincias: -43% interanual real
En contraste, las jubilaciones y los subsidios al sector privado terminarán el año en terreno positivo. Las jubilaciones treparán debido al rezago de la fórmula indexada a la inflación pasada en un escenario de desinflación.
En el caso de los subsidios, muestran una suba de 14% real acumulado, según el desglose de LCG. La razón: la postergación del calendario de ajuste tarifario, presionado por la suba de los precios internacionales del petróleo y el gas durante el año.
Los desafíos hasta fin de año
Sin embargo, el dato más sensible del informe es el que mira hacia adelante. LCG proyecta que el resultado fiscal de 2026 demandará un gasto primario equivalente a 13,8% del PBI, contra ingresos de 15,2%.
“Esto implicará un ajuste de 0,7 pp este año: 0,4 pp ya se ajustaron en los primeros 8 meses, pero 0,3 pp deberán concentrarse entre septiembre y diciembre”, señalaron los analistas.
De cumplirse ese recorte adicional, el gasto primario del Sector Público Nacional acumulará una reducción de 5,5 puntos porcentuales del PBI durante los tres años de gestión de Javier Milei, según el cálculo de la consultora, que ubica al gasto primario en 13,8% del PBI para 2026 frente al 19,3% de 2023.
El dilema que enfrenta el Gobierno
En un contexto de actividad económica sin señales de un repunte generalizado, y con una caída acumulada de 1% entre diciembre de 2025 y junio, LCG realizó una advertencia: “El Gobierno efectivamente está en una disyuntiva, y las decisiones no son fáciles”.
La consultora remarcó que, ante el estancamiento, la reacción habitual de los países suele ser expansiva: más gasto público para reactivar la demanda. Pero advirtió que, en una economía sin acceso al crédito y con antecedentes fiscales negativos como la Argentina, ese camino “puede llegar a ser peor que la enfermedad”.
Ante esa disyuntiva, el estudio sostuvo que la opción disponible pasa por administrar mejor las prioridades de gasto y la política tributaria, que permitan maximizar el impacto sobre la actividad dado un nivel de superávit primario ya definido.
Asimismo, LCG destacó que la combinación de menores ingresos y menos gasto público “está teniendo un efecto contractivo de corto plazo”, que profundiza la falta de dinamismo de la economía real.
“El estancamiento económico y la falta de atención presupuestaria en segmentos vulnerables de la población pondrán a prueba la tolerancia social en relación con el ajuste necesario para el cumplimiento de las metas para 2026 y 2027, sobre todo después de acumular más de 5 pp. de ajuste y en la víspera de las elecciones presidenciales”, concluyó la consultora.
