En esta noticia
El Gobierno nacional puso sobre la mesa una reforma estructural en la forma en que el sector privado interactúa con los poderes públicos y lo hizo a través de un ambicioso proyecto de ley para regular el “lobby”.
La administración de Javier Milei busca instaurar un “Régimen de Gestión de Intereses” que promete transformar la dinámica actual de toma de decisiones en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El objetivo, según el mensaje que acompaña el proyecto, es garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad en estas interacciones, dejando atrás las prácticas de opacidad que históricamente marcaron la relación entre actores privados y decisores estatales.
Nuevas obligaciones: inscripción y reporte para empresas
Para las compañías y consultoras, el cambio es profundo. El proyecto crea el Registro Público, una plataforma digital de acceso público y gratuito.
La inscripción en este registro es de carácter obligatorio y constituye una condición indispensable para que cualquier persona, física o jurídica, pueda mantener contactos con funcionarios públicos con el fin de influir en una decisión estatal.
El nivel de cumplimiento exigido es riguroso. Los gestores deberán presentar reportes trimestrales de actividades, los cuales deberán incluir:
- Un detalle de los contactos realizados, identificando a los sujetos obligados, organismos o dependencias visitadas.
- La especificación de los asuntos, normas, expedientes, contrataciones o políticas públicas que fueron objeto de la gestión.
- La identificación clara del cliente, representado o, en su defecto, del beneficiario final de la gestión.
- La declaración sobre la onerosidad o gratuidad de la actividad.
- La identificación precisa de cualquier interés extranjero vinculado al asunto.
La omisión de esta información o la falta de actualización de datos, que debe realizarse dentro de los diez días hábiles de producido cualquier cambio relevante, será considerada una infracción pasible de sanciones.
El alcance del registro y las excepciones legales
El proyecto establece un equilibrio entre la necesidad de control y el ejercicio legítimo del derecho de petición. Los “sujetos obligados” a registrar estos encuentros incluyen desde el Presidente y los ministros hasta senadores, diputados y funcionarios con jerarquía de Director o equivalente.
Todos ellos deberán asentar cualquier contacto —sea previamente concertado o espontáneo, dentro o fuera de dependencias oficiales— en un plazo máximo de cinco días hábiles.
No obstante, el texto define claramente qué actividades no se encuentran alcanzadas por este régimen, protegiendo así el funcionamiento cotidiano y técnico de la administración:
- Las comunicaciones de carácter meramente protocolar, social o institucional, así como las actividades científicas, técnicas o periodísticas, siempre que no tengan como objetivo influir en una decisión pública determinada.
- El ejercicio individual del derecho de peticionar ante las autoridades por parte de los ciudadanos.
- La participación en mecanismos institucionales ya regulados, como las audiencias públicas o procesos de elaboración participativa de normas, aunque los contactos “extraprocedimentales” que busquen influir en estos procesos sí deberán registrarse.
- Las peticiones efectuadas por las partes dentro de un procedimiento administrativo reglado.
- La actuación de diplomáticos extranjeros en ejercicio de funciones oficiales protocolares, salvo cuando estas versen sobre decisiones regulatorias, económicas o contractuales, en cuyo caso sí quedan alcanzadas por la ley.
- El trabajo relacionado con la actividad periodística o de investigación científica.
Intereses extranjeros y un régimen penal estricto
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el dedicado a la gestión de intereses extranjeros. Los gestores que actúen por cuenta, orden o financiamiento de un “principal extranjero” —definido como Estados, empresas estatales o personas no residentes— deberán declarar esta condición en cada contacto y reporte.
Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación podrá exigir reportes especiales cuando medien razones de defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores.
El régimen sancionatorio es, además, punitivo. Las multas por infracciones administrativas pueden escalar hasta los 500 salarios mínimos vitales y móviles, pudiendo elevarse hasta los 2.000 en casos de reincidencia o falsedad en información sobre intereses extranjeros.
Pero el proyecto trasciende el ámbito administrativo al incluir un Título VIII de disposiciones penales.
El nuevo marco legal tipifica figuras como la “gestión clandestina de intereses”, castigada con prisión de seis meses a dos años, y la “representación clandestina de intereses extranjeros”, que puede conllevar penas de hasta tres años de prisión cuando la gestión busque influir en áreas críticas como infraestructura, recursos naturales o seguridad.
Asimismo, se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas actuar como gestores de intereses, estableciendo además una “cuarentena” o inhabilitación temporal de 24 meses tras el cese de sus funciones, evitando así el fenómeno de las “puertas giratorias”.
La opinión de las empresas
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios se expresó respecto del proyecto y si bien consideró que es importante que “exista transparencia en las peticiones y planteos que llevan a cabo los distintos actores sociales, políticos y económicos ante las autoridades”, también alertó sobre la “la imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público”.
En ese sentido, se señaló “la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y PYMES, lo que implicaría su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores”, bajo la amenaza de “sanciones penales, ante, por ejemplo, la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses”.
“En definitiva, el mayor control del “lobby” recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales, lo que a todas luces resulta desproporcionado", dijeron desde la entidad.
La tendencia hacia la regulación del lobby en las democracias modernas
La iniciativa argentina no surge en un vacío, sino que se inscribe en una tendencia global de democracias que decidieron regular de manera sistemática la interacción entre el sector público y el privado para salvaguardar la integridad de sus instituciones.
Países miembros de la OCDE y otras naciones con regímenes republicanos sólidos han implementado esquemas similares al propuesto por el Ejecutivo, bajo la premisa de que la “calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras en el tablero de juego”.
Estados Unidos: históricamente fue el referente principal con el Lobbying Disclosure Act, que exige un registro estricto de quienes buscan incidir en las decisiones del Congreso y el Poder Ejecutivo, estableciendo reportes periódicos de gastos y objetivos de cabildeo.
Unión Europea: el bloque cuenta con un Registro de Transparencia común, que busca hacer públicos los intereses que intentan influir en las políticas y la legislación europea, garantizando que el acceso a los decisores públicos sea transparente y escrutado por la sociedad civil.
Chile: en el ámbito regional, el país vecino cuenta con la “Ley de Lobby” (Ley N° 20.730), que regula precisamente la gestión de intereses ante autoridades y funcionarios públicos, imponiendo registros públicos de audiencias y viajes, un antecedente que el proyecto argentino toma como referencia al buscar fortalecer la “democracia deliberativa”.
