La discusión por el financiamiento de las universidades públicas tendrá desde esta semana un nuevo escenario legislativo, en medio de la disputa judicial. A pocas horas de que el Gobierno presentara las partidas del Presupuesto 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya fijó cuánto considera necesario para sostener el sistema durante el próximo año y llevará el reclamo al Congreso. Cuánto destinó el Gobierno.
El consejo presentará su propuesta este miércoles a las 14.30 en el Anexo A. La exposición estará a cargo del presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco.
Ya en la previa de la presentación del texto oficial, el CIN dio a conocer su cifra: $11 billones para el funcionamiento universitario, más otros $7,086 billones solicitados por fuera de ese presupuesto base para becas, infraestructura y ciencia y técnica.
El planteo de los rectores no se limita a una cifra global. Los $11 billones corresponden al presupuesto que el sistema universitario considera necesario para su funcionamiento. El cálculo contempla, entre otros componentes, los gastos de personal docente y no docente, los gastos operativos de las universidades, hospitales universitarios, becas Manuel Belgrano y partidas vinculadas con las funciones sustantivas del sistema.
La propuesta fue aprobada el 4 de septiembre durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, realizado en San Carlos de Bariloche. Según explicó el organismo, el monto fue elaborado bajo un criterio de suficiencia: la intención es establecer una base de recursos que permita cubrir las necesidades del sistema y dar previsibilidad a las universidades durante 2027.
Por fuera de esos $11 billones, el CIN reclamó $7,086 billones adicionales. De ese total, $1,913 billones corresponden a las Becas Progresar, $109.400 millones a infraestructura universitaria y $5,064 billones a ciencia y técnica. Son partidas que los rectores buscan discutir por separado del presupuesto de funcionamiento de las universidades.
La propia dirigencia universitaria planteó que la discusión no pasa solamente por conseguir una cifra para 2027, sino por recuperar previsibilidad después de casi dos años de conflicto por el financiamiento. Bartolacci sostuvo que el presupuesto debe garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento y que, al mismo tiempo, el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Torres puso el foco en la actualización de las partidas. El vicepresidente del CIN reclamó que el Presupuesto 2027 tome como piso los fondos comprometidos por la ley y contemple su actualización de acuerdo con la inflación oficial.
Por su parte, el proyecto de Presupuesto que ingresó anoche a Diputados contempla $7,349 billones para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, un 66,8% del monto solicitado por los rectores que abarca también los gastos de personal, que constituye una de las principales erogaciones del sistema.
Se trata del número que las casas de estudios habían solicitado, pero para inicios del 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto cerrará en torno a los $6 billones.
El proyecto oficial, además, establece que cada universidad deberá presentar su presupuesto con una clasificación funcional que identifique las áreas de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación. La misma clasificación deberá utilizarse para la ejecución presupuestaria, contable y para la cuenta de inversión.
En paralelo, el artículo 12 deja planteadas las reglas que el Gobierno propone para ejecutar esos fondos: control de la información que entregan las universidades, posibilidad de interrumpir transferencias ante incumplimientos y una base determinada para las plantas docentes y no docentes sobre la que se calcularán los aumentos salariales del próximo año.
Ese reclamo llega después de una disputa judicial que dejó al Gobierno con menos margen para administrar el conflicto por fuera del Congreso. La Justicia ratificó la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, mientras que la Corte Suprema ya había rechazado el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la medida.
El conflicto se originó después de que el Gobierno promulgara la ley y, mediante el Decreto 759/2025, suspendiera su implementación hasta que el Congreso determinara las partidas necesarias para financiarla. El CIN y distintas universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron una cautelar que ordenó avanzar con la actualización prevista por la norma.
En su última resolución, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para levantar la cautelar. Además, exigió al Estado un informe documentado sobre el grado de cumplimiento de la ley. La resolución se produjo después de que la Corte Suprema rechazara el planteo del Gobierno para frenar la ejecución de la medida.
La disputa también tiene un frente salarial. La última negociación entre el Gobierno y los gremios universitarios terminó sin acuerdo. La propuesta oficial contempló un aumento del 6% en dos tramos de 3%, mientras que las federaciones docentes y no docentes rechazaron la oferta. El Ejecutivo convocó a una nueva instancia de diálogo para el 17 de septiembre, para cuando se convocó un paro docente.
“Reconocemos el derecho de huelga, pero también el derecho de los estudiantes y docentes que sí quieren ir a clase. El 43% de los días de clases se perdieron en paros.La respuesta de los gremios fue convocar a un paro el mismo día de la paritaria (el jueves 17 de septiembre), demostrando un absoluto desprecio por los derechos de quienes no comparten sus métodos”, sostuvo el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez.
El funcionario de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, este mes de septiembre adelantó que presentaron ante la Justicia en la causa CIN que cumplieron con la cautelar dispuesta, “dentro de las disponibilidades presupuestarias vigentes”. “Los aumentos ya otorgados, sumados al acuerdo del 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios, alcanzaron la meta prevista”, aseguró.
El conflicto volvió este martes a las calles. La Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una jornada de clases magistrales, actividades académicas, proyectos científicos y servicios de salud gratuitos en Plaza de Mayo. La protesta se extendió desde la mañana hasta la medianoche y tuvo como reclamo central el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos judiciales.
La protesta coincidió con la presentación del Presupuesto 2027. El momento político no es menor: los rectores llevarán su propio cálculo al Parlamento apenas un día después y buscarán que los legisladores conozcan el detalle de las necesidades que, según el CIN, justifican los $11 billones de presupuesto base.
La estrategia del CIN será, precisamente, llevar la discusión al Congreso. Los rectores convocaron a diputados y senadores de todos los bloques para explicar las planillas y defender su propuesta antes de que comience el tratamiento formal de la ley de Presupuesto. La intención es que los legisladores cuenten con el detalle de las necesidades de cada área antes de definir las partidas para el próximo año.
El antecedente inmediato es el Presupuesto 2026. El proyecto original del Gobierno había contemplado $4,8 billones para las universidades nacionales, mientras que el monto que finalmente quedó aprobado por el Congreso fue superior, aunque las universidades continuaron reclamando recursos adicionales para compensar la pérdida acumulada y sostener sus gastos.
El año también estuvo marcado por modificaciones sobre el presupuesto vigente. En mayo, el Gobierno recortó partidas por cerca de $2,5 billones mediante decreto y, en julio, incorporó $1,32 billones a la Secretaría de Educación a través del DNU 594. Esos movimientos se produjeron en paralelo al conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
