El conflicto universitario volvió a escalar la última semana. Primero, no prosperó la negociación paritaria con los gremios docentes y no docentes. Después, la Justicia ratificó la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Sin margen para maniobrar en Tribunales, en el Gobierno empiezan a mirar el debate del Presupuesto 2027 como la próxima carta para descomprimir el conflicto. “Que no se vea el plan no significa que no tengamos plan”, aseguraron en el Gobierno en diálogo con El Cronista.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para levantar la cautelar vigente desde diciembre del año pasado. El magistrado consideró que el acuerdo salarial firmado en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no alcanza para dar por superado el conflicto que motivó la medida judicial.
En su resolución, Cormick sostuvo que el Estado nacional “no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” del acuerdo respecto de los perjuicios que denuncian las universidades. Además, le dio al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe documentado sobre el grado de cumplimiento de la norma.
El fallo llega apenas semanas después de que la Corte Suprema rechazara, en fallo unánime, el recurso extraordinario con el que el Ejecutivo buscaba frenar la ejecución de la cautelar. Con ese antecedente, la Justicia ya agotó las instancias que el Gobierno tenía disponibles para dilatar el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que exigen actualizar salarios docentes, no docentes y becas según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Fracaso en la mesa salarial
Horas antes del fallo, el Gobierno y los gremios universitarios habían vuelto a reunirse en el Palacio Pizzurno para discutir la recomposición salarial, sin éxito. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ofreció un aumento del 6%, dividido en dos tramos de 3%, para septiembre y octubre.
Las federaciones docentes -FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN- rechazaron la propuesta y la calificaron de insuficiente. También participó del encuentro el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, definió la oferta como una “decisión política de desoír las decisiones judiciales”. El dirigente remarcó que la ley exige actualizar los sueldos a diciembre de 2023, un piso que el Gobierno todavía no cumple.
Desde CONADU Histórica calcularon que, hasta julio, los salarios docentes universitarios habían perdido casi un 24% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. Según esa estimación, haría falta una recomposición de más de 31 puntos sobre los haberes de julio para empardar esa pérdida.
Ante el fracaso de la negociación, el Frente Gremial Universitario había confirmado un paro de 24 horas para el miércoles, que se cumplió en universidades nacionales de todo el país. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había intimado a los gremios a desistir de la medida, sin éxito.
La cartera convocó a una nueva instancia de diálogo recién para el 17 de septiembre. En paralelo, se reunía en Bariloche el plenario del CIN, donde las universidades definirán los próximos pasos frente al Gobierno.
La disputa judicial
El litigio se originó en octubre del año pasado, cuando el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario pero, a través del Decreto 759/2025, suspendió su implementación hasta tanto el Congreso definiera las partidas presupuestarias específicas para financiarla. Esa maniobra motivó el amparo del CIN y de decenas de universidades, que derivó en la cautelar de Cormick.
Según los propios gremios, la ley ya lleva más de 300 días sin aplicarse en los términos que la Justicia ordenó, pese a que la Corte Suprema, la Cámara de Apelaciones y ahora nuevamente el juzgado de primera instancia ratificaron todos en distintas oportunidades la vigencia de la cautelar.
En paralelo, el conflicto también escaló en el plano penal. El diputado Esteban Paulón había presentado semanas atrás una denuncia contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, al considerarlo responsable de no ejecutar las partidas necesarias para cumplir con la ley.
La carta del Presupuesto 2027
Con la vía judicial agotada y la paritaria estancada, en el Gobierno empiezan a poner las fichas en el Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre. Ese debate será el escenario donde el Ejecutivo deberá definir, con partidas concretas, cómo piensa financiar en los próximos años una ley que la Justicia avaló en todas las instancias resueltas hasta ahora.
El antecedente reciente no resulta alentador para las universidades. El proyecto original del Presupuesto 2026 había asignado $4,8 billones a las universidades nacionales, una cifra que los propios rectores calificaron de insuficiente, con una diferencia estimada de $2,5 billones respecto de lo que consideraban necesario para sostener el funcionamiento del sistema.
En mayo de este año, además, el Gobierno recortó por decreto cerca de $2,5 billones del Presupuesto vigente, con un ajuste que golpeó especialmente a educación y universidades. Ese recorte se revirtió de forma parcial en julio, cuando el presidente Javier Milei firmó el DNU 594 para sumar $1,32 billones a la Secretaría de Educación, en medio de la presión judicial por la ley y apenas un mes después de haber cerrado el acuerdo con el CIN.
Ahora, con la cautelar ratificada y sin acuerdo salarial a la vista, la discusión de fondo -el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que todavía no tiene sentencia- seguirá corriendo en paralelo por los tribunales.
El verdadero test para el Gobierno llegará en las próximas semanas, cuando tenga que mostrar en el Presupuesto 2027 cómo piensa cumplir con una ley que, hasta ahora, evitó aplicar en los términos que exige la Justicia. “Van a haber aumentos en el Presupuesto 2027, pero lo único que van a calmar a los gremios es si Milei renuncia. Todo esto es pura política”, sentenció una alta fuente del Gobierno que participa en la mesa de negociación a El Cronista.
