ENERGÍA EN CRISIS

El Gobierno presiona a la Justicia por decisión que causaría falta de gas y electricidad

La Secretaría de Energía informó que si no se levanta pronto la clausura del puerto de Escobar, habrá cortes masivos a mitad de año y se dispararán los subsidios eléctricos unos u$s 600 millones.

El Gobierno activó hace dos semanas una ofensiva judicial para levantar la clausura del Puerto de Escobar, donde está ubicado el único barco regasificador alquilado a la empresa estadounidense Excelerate Energy.

Este miércoles, el secretario de Energía, Darío Martínez, le reclamó al juez Adrián González Charvay dar marcha atrás con una decisión de octubre, en la que cerró la terminal propiedad de YPF en sociedad con Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa), tal como anticipó en exclusiva El Cronista.

Los fundamentos técnicos que adjuntó en el informe son explícitos: si para los próximos meses no se consigue la habilitación de la Justicia, "se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento energético nacional y el servicio público de gas por redes".

Sería una monumental e inesperada crisis energética a escasos 18 meses de la asunción de Alberto Fernández como presidente, en una gestión en la que viene en caída la producción de gas por la tardanza en implementar incentivos y el congelamiento de las tarifas, que redundó en menores precios en dólares para las petroleras que invierten, principalmente en Vaca Muerta

 No solo podría faltar gas para la demanda prioritaria (hogares y comercios, un segmento al que no se le puede cortar el suministro por cuestiones de seguridad), sino que también se vería complicado el sistema eléctrico, ya que no todas las máquinas de generación térmica pueden sustituir gas natural por gasoil o fuel oil, combustibles líquidos que además de ser más contaminantes son más caros.  

Es por eso que el Gobierno advierte que se generará "un costo fiscal no previsto en el Presupuesto nacional e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional".

Los técnicos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que trabajan junto a IEASA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), calcularon ese sobrecosto de importaciones en u$s 600 millones, que sería el monto que aumentarían los subsidios a la electricidad por una suba de u$s 4,60 por megavatio-hora (MWh) en el costo monómico pautado originalmente.

Otros u$s 100 millones se perderían para pagar el alquiler del barco, que quedaría sin utilizar, y los sueldos de la tripulación.

Además, para pagar por adelantado estas importaciones, el Tesoro debería utilizar dólares de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), en un momento en el que las divisas de libre disponibilidad son cercanas a cero y los controles de cambios se ajustan cada vez más, obstaculizando las compras en el exterior de otros bienes y servicios.

Aún sin estos problemas, las importaciones de energía superarían en este año los u$s 2000 millones.

Con todo, el informe técnico que adjuntó Martínez anticipa que "los requerimientos de combustibles alternativos ascienden a 21 millones (MM) de metros cúbicos (m3) por día en mayo, 42 MM m3/día en junio, 49 MM m3/día en julio, 28 MM m3/día en agosto y 9 MM m3/día en septiembre".

De esta forma, se infiere que el Gobierno deberá apostar no solamente a que se habilite la terminal de Escobar sino también a contratar un barco regasificador en Bahía Blanca, como el que estuvo hasta 2018 y despidieron Macri y el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, y también a importaciones por otra vía, como podría ser un contrato temporal con Chile, que no produce gas sino que lo regasifica en el Océano Pacífico.

Más allá de esta polémica, la Argentina llegó a esta situación después de un auge de la producción de gas hasta agosto de 2019, por el crecimiento en Vaca Muerta.

La reinterpretación de los subsidios que se encaró para pagarle menos a Tecpetrol por su aporte de Fortín de Piedra comenzó a tener efecto a fines de ese año, junto con la crisis financiera y la devaluación, que redujo los precios en dólares que cobran las petroleras por el gas: en dos años, bajó a la mitad; de u$s 4,62 a u$s 2,30 por millón de BTU.

La puesta en marcha del Plan Gas 2020-2024 recién podría estabilizar e incrementar tendencialmente la producción hacia mediados de este año, mientras que Bolivia bajará los aportes durante 2021 por la declinación de sus pozos.

De la otra cara de la moneda, las energías renovables y la habilitación de centrales termoeléctricas licitadas durante el macrismo aumentan la disponibilidad de electricidad y sustituyen una parte del gas que no se producirá en los próximos meses.

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