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Un sector profesional que hasta ahora se había mantenido al margen del debate por la agenda desreguladora del Gobierno salió a resistir.
Los traductores públicos lanzaron una campaña para frenar la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que establece la obligatoriedad de la traducción certificada por un matriculado para todo documento en idioma extranjero que se presente ante organismos nacionales.
El anteproyecto en cuestión, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, todavía no fue enviado al Congreso porque no hay acuerdo dentro del propio Gobierno.
Sturzenegger llegó a esta pelea con los traductores golpeado por dos traspiés consecutivos. A comienzos de agosto, el Gobierno tuvo que aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada retirando sobre la marcha los capítulos de reforma a la Ley de Tierras Rurales —que habilitaba la compra de tierras por extranjeros— y de la Ley de Manejo del Fuego, por falta de apoyo de gobernadores aliados.
En Casa Rosada la lectura fue que “no se midió adecuadamente” el impacto político de la iniciativa ni se instaló bien el propósito de la reforma, lo que terminó allanándole el camino a la oposición.
El golpe más duro llegó con los prácticos. El Decreto 690/2026, que desregulaba el practicaje portuario vigente desde 1991, derivó en un paro que paralizó los puertos durante tres o cuatro días, con unos 180 buques demorados y pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.
Karina Milei corrió personalmente a Sturzenegger de la negociación —ni siquiera figura en el acta firmada— y delegó el cierre del conflicto en Diego Santilli; el Gobierno terminó suspendiendo el decreto y aceptando una rebaja del 20% en las tarifas del sector.
Dentro del Gobierno, algunos funcionarios responsabilizan al ministro por “abrir frentes innecesarios”, y se evalúa someter sus próximos proyectos —como el de traductores— a mayor filtro político antes de avanzar. Es justamente ese clima de desconfianza interna el que explicaría por qué el anteproyecto de traductores públicos, pese a estar redactado, todavía no fue enviado al Congreso.
La polémica por el proyecto
Según pudo reconstruir El Cronista a partir del borrador que circula, el texto deroga directamente el artículo 6 de la 20.305 e incorpora un nuevo artículo 1 ter a la Ley de Procedimiento Administrativo (19.549), por el cual será el Poder Ejecutivo, y no la ley, quien determine “con carácter excepcional” en qué trámites, procedimientos o categorías documentales seguirá siendo exigible una traducción pública.
La reforma de los traductores no es un capítulo aislado: se enmarca en un proyecto que propone derogar o modificar 37 leyes en un solo texto, elaborado por la misma cartera y que también alcanza a martilleros y corredores, farmacias, la Ley de Fomento del Libro y otras normas sectoriales.
Sturzenegger sostiene que la obligatoriedad de las traducciones certificadas constituye una carga burocrática que encarece trámites y desalienta las inversiones extranjeras.
La respuesta del sector no se hizo esperar. La traductora pública Lorena Carassai impulsa desde hace semanas una petición ciudadana en Change.org que reclama al Poder Ejecutivo que excluya esa derogación de cualquier proyecto de reforma.
“El Traductor Público no protege un privilegio corporativo, protege el interés público”, sostiene el texto de la campaña, que advierte que habilitar traducciones simples —hechas por personas sin título habilitante o incluso mediante inteligencia artificial, sin control ni responsabilidad— aumenta el riesgo de errores, falsificaciones y fraudes documentales.
El Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que agrupa a más de 9.900 matriculados en más de 35 idiomas, ya inició gestiones ante las autoridades nacionales y advirtió que agotará las herramientas institucionales y judiciales disponibles si el anteproyecto avanza.
Desde la entidad plantearon que la derogación del artículo 6 podría afectar las incumbencias exclusivas de la profesión y eliminar un mecanismo considerado clave para garantizar la correcta interpretación de documentación extranjera ante organismos públicos, un cuestionamiento al que se sumó la carrera de Traductorado Público de la UBA.
Detrás del reclamo hay, además, un argumento estrictamente jurídico que el propio Colegio hizo llegar a las autoridades. El escrito sostiene que la reforma generaría un esquema de inseguridad jurídica inédito: mientras en las provincias y en el fuero judicial seguiría rigiendo la obligatoriedad de la traducción pública —tal como lo exigen los artículos 114, 115, 254 y 268 de los Códigos Procesal Civil y Penal de la Nación, y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional esa garantía desaparecería.
El documento también invoca el artículo 247 del Código Penal, que sanciona el ejercicio de una profesión sin título habilitante, para advertir que la reforma terminaría promoviendo desde el propio Estado una práctica que la ley penal castiga.
Y suma un cuestionamiento institucional: al tratarse de una ley de aplicación local en la Ciudad de Buenos Aires, modificarla por una norma federal implicaría, para el sector, una afectación al federalismo y a las autonomías provinciales.
La petición pide, en concreto, que cualquier reforma en la materia sea debatida con la participación de los Colegios de Traductores Públicos, universidades, especialistas en derecho, operadores del sistema judicial y la sociedad civil, antes de que el proyecto llegue al recinto.
