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El anteproyecto de ley de desregulación elaborado por el ministerio que comanda Federico Sturzenegger no solo elimina barreras para la práctica del corretaje sino que también en su artículo 2 habilita explícitamente a los corredores a ejercer “mediante plataformas digitales o entornos virtuales” y a organizarse “bajo cualquier forma jurídica o societaria” para prestar sus servicios.
Es un cambio de arquitectura, no solo de precios: convierte una profesión pensada como ejercicio individual y matriculado en una actividad que puede escalar como negocio corporativo.
Hasta ahora, el corretaje inmobiliario funciona bajo una lógica gremial con una barrera de entrada alta y explícitamente territorial.
Por ejemplo, para matricularse en CUCICBA hoy hace falta título universitario de Corredor emitido por una universidad autorizada, certificado analítico legalizado, certificado de antecedentes penales y de juicios universales con menos de 30 días de emitidos, y —el dato que más conecta con la reforma— acreditar domicilio particular en la Ciudad con un año de antigüedad.
En dinero, matricularse en 2026 cuesta $4.665.000 en total: $4.000.000 de inscripción, $650.000 de matrícula anual y $15.000 de fianza, financiables en hasta diez cuotas o con 10% de descuento por pago único.
El proyecto no solo baja el piso académico a un título secundario, sino que además legaliza que una plataforma o una red corporativa organice el ejercicio del corretaje sin que cada agente dependa de una matrícula individual de ese costo.
La combinación de ambos artículos redibuja el mapa competitivo del sector. Con barreras de entrada bajas y sin control colegiado obligatorio, el terreno queda más despejado para actores con escala: franquicias como RE/MAX, que ya operan en red y podrían absorber agentes bajo su marca sin que cada uno cargue con los costos de matriculación tradicional, o plataformas tipo Zonaprop y Properati.
El otro lado de la ecuación es el corredor independiente o unipersonal, que hoy vive justamente de la protección que da la matrícula: exclusividad de ejercicio en su jurisdicción, un colegio que audita a la competencia y un piso implícito de honorarios que evita la guerra de precios.
El proyecto le quita las tres cosas a la vez. El artículo 6° declara que cualquier exigencia de residencia en la jurisdicción es una barrera anticompetitiva —exactamente el requisito de domicilio de un año en CABA que hoy pide CUCICBA—, lo que en los hechos anula la lógica territorial de colegios como CUCICBA o COCIBA en la Provincia de Buenos Aires.
Sin esa protección, un corredor chico compite de igual a igual con una red que puede bajar comisiones porque las compensa con volumen, no por operación.
Más allá de los costos de matriculación que, según la jurisdicción, hoy pueden ubicarse entre $3 y $5 millones, hay un aspecto menos visible pero muy significativo en la formación de precios de acceso a la vivienda, tanto en alquileres como en operaciones de compraventa.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Caja profesional dispone el pago obligatorio de hasta el 10% a cargo del afiliado sobre toda remuneración de origen profesional.
Esto genera distorsiones claras, incentiva la informalidad, introduce costos indirectos que terminan trasladándose al usuario final y, en algunos casos, abre zonas grises en materia de fiscalización y aplicación de sanciones, con efectos poco transparentes para el sistema en su conjunto, explican desde el sector que impulsa la desregulación.
La discusión en el Congreso
El borrador del proyecto se conoció hace una semana en medio del receso parlamentario en un megatexto de 144 páginas que incluye desregulaciones vinculadas a la navegación, a la actividad farmacéutica, al agro y las finanzas, entre otros puntos.
La iniciativa vinculada al mercado inmobiliario se viene impulsando hace más de un año y si bien hay consenso para avanzar, la incorporación del tema en un paquete de leyes complica la negociación final.
Una vez que se retome la actividad regular en el Congreso se espera el ingreso formal del texto y la distribución en las comisiones correspondientes para su debate.
