Operadores del comercio exterior alertaron por el riesgo de operar sin capacitación ni matrícula y presentaron un proyecto para revisar los cambios introducidos por el DNU 70/2023 al Código Aduanero.
La iniciativa, presentada en una reunión ante las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, propone derogar los artículos 100 y 101 del decreto que impulsó Federico Sturzenegger, y restablecer la redacción anterior de los artículos 37 y 41 de la Ley 22.415.
En concreto, busca recuperar la exigencia de capacitación, examen y matrícula para quienes intervienen profesionalmente en operaciones de importación y exportación.
El planteo dio lugar a una exposición más amplia sobre el funcionamiento del comercio exterior argentino. Durante la reunión, representantes de despachantes, agentes de carga, operadores logísticos y cámaras empresarias reclamaron acelerar la digitalización, mejorar los controles, reducir los costos y modernizar la infraestructura aduanera, aunque también expusieron diferencias sobre el alcance de la desregulación impulsada por el Gobierno.
El reclamo de los profesionales
Según explicó el presidente del CDA, Rubén Pérez, antes de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 los despachantes debían acreditar conocimientos técnicos, rendir exámenes y obtener una matrícula otorgada por la Aduana. Esa habilitación les permitía intervenir en la clasificación arancelaria, la liquidación de tributos y la verificación de la documentación necesaria para cada operación.
El decreto eliminó esos requisitos y creó la figura del “declarante”, que puede realizar despachos sin acreditar capacitación específica. Para el CDA, el cambio desprofesionalizó una actividad que cumple un papel central como auxiliar del comercio y del servicio aduanero.
“Facilitar el comercio no puede significar debilitar los controles que protegen a la sociedad”, sostuvo Pérez durante la presentación.
El proyecto también contempla restablecer el Registro de Despachantes de Aduana y el régimen sancionatorio correspondiente. La propuesta no busca, según la entidad, impedir la participación de nuevos operadores ni oponerse a la simplificación de trámites, sino establecer requisitos mínimos de idoneidad, trazabilidad y responsabilidad.
El CDA marcó además una contradicción entre el DNU y la normativa posterior de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Mientras los despachantes dejaron de estar obligados a rendir examen y obtener matrícula, la Resolución General 5818/26 exige un certificado de conocimientos técnicos a los apoderados, figuras que actúan por delegación y con facultades más limitadas.
“Quien declara directamente no necesita formación, pero sí se le exige un examen a quien actúa por delegación”, resumió Pérez.
Riesgos a la vista
Los despachantes señalaron que una operación de comercio exterior no se limita a la carga de datos en un sistema. La clasificación arancelaria define el régimen legal aplicable, los derechos de importación, el IVA y otros tributos, además de las autorizaciones o intervenciones previas que pueden requerir determinadas mercaderías.
También remarcaron que deben revisar facturas comerciales, conocimientos de embarque, certificados de origen y otros documentos. A su entender, la falta de formación puede generar errores en la identificación de productos, subvaluación, incumplimientos documentales, ingreso de mercaderías peligrosas e, incluso, un aumento de los litigios con la Aduana.
El argumento del sector es que la profesionalización funciona como una primera barrera de control y permite reducir la carga de fiscalización posterior sobre el organismo aduanero.
Como antecedente, el CDA mencionó el caso de Portugal, donde, según relató, se habría flexibilizado la intervención de los despachantes y permitido que las empresas de transporte realizaran las operaciones. La entidad sostuvo que, luego de detectar una caída de la recaudación vinculada con la subvaluación de mercaderías, el esquema fue revisado.
El courier, en la mira
El segundo eje de la presentación fue el régimen courier. El CDA aclaró que no pretende eliminarlo, sino revisar su regulación y fortalecer los controles.
Según el CDA, se registran operaciones comerciales que ingresan como pequeños envíos o muestras. Se mencionaron casos en los que mercaderías declaradas por unos u$s 2000 tendrían un valor real de u$s 12.000, así como envíos que superarían los límites de unidades permitidos para cada producto.
La entidad también denunció el uso de identificaciones de terceros, incluidos menores de edad y personas fallecidas, para eludir el límite de cinco envíos por persona. Como ejemplo, mencionó un caso con 16 operaciones realizadas mediante datos ajenos.
A esto sumó riesgos sanitarios y de seguridad derivados del ingreso de productos sin las intervenciones previas correspondientes. Entre los ejemplos se mencionó la reciente prohibición de juguetes infantiles tipo “squishy”.
También alertó sobre el uso del courier para el narcotráfico internacional y mencionó un caso de envíos de cocaína hacia Europa ocultos en consolas y compresores detectado por el operativo “Oh la la”.
Durante la reunión se afirmó, además, que los envíos courier habían aumentado 400% desde comienzos de año, según autoridades de Aeropuertos Argentina 2000.
Según expresaron desde el CDA, esa expansión no representa necesariamente un crecimiento equivalente del comercio exterior, sino una mayor utilización de un régimen excepcional que puede reducir controles y tributos.
Debate ampliado
Desde la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) pidieron revisar una norma cambiaria que deja en desventaja a las empresas argentinas frente a multinacionales y operadores extranjeros en el pago de fletes internacionales.
La entidad también propuso crear una plataforma digital regional que concentre la documentación de una operación desde el origen hasta el destino y permita a las aduanas de ambos países identificar cada modificación y a su responsable.
Marcelo Elizondo, presidente de la Cámara Internacional de Comercio en la Argentina, sumó la necesidad de modernizar las aduanas, mejorar la infraestructura logística, poner en funcionamiento el Comité de Facilitación del Comercio y avanzar hacia una digitalización interoperable.
