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La discusión sobre las jubilaciones de privilegio volvió al centro del debate político luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso difundiera un informe sobre el millonario gasto que representa para el Estado el mantenimiento de asignaciones diferenciales a exfuncionarios de distintos poderes.
En junio de 2024, el presidente Javier Milei anunció la renuncia a su asignación vitalicia que le correspondería al finalizar su mandato. Realizó el trámite ante Anses y fue aprobado, según se informó.
“Renuncié a mi jubilación de privilegio bajo el convencimiento de que nadie merece una jubilación de privilegio, mucho menos la política basura de la Argentina”, afirmó entonces, en un mensaje con tono de castigo hacia la dirigencia y un argumento central: que esos haberes funcionan como un “seguro” para quienes, al terminar la gestión, “no pueden ir a laburar a ningún lado”.
“Hay que eliminar ese seguro a los políticos, para que cuando terminen la gestión, si hicieron un desastre, se caguen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda”, insistió el presidente.
Sin embargo, el gesto de Milei contrasta con una realidad más compleja: aunque el Gobierno impulse cambios, dar marcha atrás con estos beneficios no es sencillo desde el punto de vista legal.
Hoy conviven distintos regímenes especiales que alcanzan a expresidentes y vicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema, diplomáticos y autoridades eclesiásticas, amparados por leyes específicas.
Según el informe de la OPC, la derogación de estos regímenes permitiría un ahorro estimado de $1.234 millones anuales. El cálculo surge del análisis del proyecto de ley 3285-D-2024, presentado por los aliados libertarios Eduardo Falcone y Oscar Zago, que propone eliminar asignaciones vitalicias y reemplazarlas por prestaciones del régimen general o por la PUAM.
La clave es el principio de irretroactividad: una ley nueva no puede quitar derechos ya adquiridos bajo un régimen anterior. En la práctica, el Congreso puede bloquear el ingreso de nuevos beneficiarios, pero no cortar automáticamente los haberes vigentes sin abrir un conflicto judicial.
Por eso, el proyecto trabaja con una transición: invita a los beneficiarios actuales a renunciar voluntariamente y pasar al nuevo esquema, buscando blindaje constitucional.
En ese marco, hay dos casos que suelen usarse como contraste. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner dejó de percibir su asignación tras una condena judicial firme: hasta noviembre del año pasado, cobraba doble beneficio (jubilación como exmandataria y pensión como viuda de Néstor Kirchner) y su último cobro fue de $35.255.297,73 brutos, con un neto cercano a $21 millones. Tampoco cobra el beneficio el exvicepresidente Amado Boudou, quien también recibió una condena firme en una causa por corrupción.
Quiénes siguen cobrando
La nómina de beneficiarios especiales se compone de cuatro expresidentes que cobran unos 12 millones de pesos en mano (a excepción de Alberto Fernández, que destina una parte para la manutención de su hijo Francisco), tres exvicepresidentes y cuatro familiares.
El espejo provincial
Mientras a nivel nacional el debate choca con la irretroactividad, algunas provincias avanzaron con mayor velocidad. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa defendió la eliminación del régimen para la clase política bajo la consigna de “dar el ejemplo”.
En la provincia de Buenos Aires, durante el mandato de María Eugenia Vidal, también se derogaron por ley beneficios de privilegio para la política.
