Más problemas para empresa de autopistas: ahora deberá pagar una cifra millonaria a un municipio

Luego de que el miércoles por la noche el Gobierno oficializara el pedido de nulidad de los contratos de concesión de Autopistas del Oeste y Acceso Norte, ahora al Grupo Concesionario del Oeste (GCO) se le presentan nuevos problemas, luego de que un fallo judicial la obligue a pagar una deuda con el Municipio de Morón.

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón ratificó el fallo que obliga al Grupo Concesionario del Oeste (GCO) a pagar una deuda de más de $ 23 millones al municipio de Morón por "el no pago de la tasa por el mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de ingreso" a la autopista Acceso Oeste entre 2016 y 2020.

El primer fallo en este sentido había corrido por cuenta del Juzgado N°3 de Morón, que ahora es ratificado en esta nueva instancia. La compañía había apelado aquella resolución del caso, aunque no obtuvo resultados positivos, y ahora deberá abonar $ 23.335.417,90 más intereses y costas.

Según el municipio, el fallo de los camaristas Roberto Jorda y Liliana Ludueña se basa en el cumplimiento de la ordenanza fiscal que establece que "las empresas concesionarias del Estado Nacional y/o Provincial o Municipal, y/o quien explotare corredores viales o autopistas por peajes, tributarán en concepto de mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso a las mismas".

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"La comuna permanentemente realiza obras en las arterias de acceso a la autopista, que demandan mayor intervención debido al volumen de circulación vehicular, por lo cual está establecido un tributo municipal que permita contar con recursos para seguir desarrollando esas obras", resaltó el municipio.

Nulidad de contratos

El miércoles por la noche el Gobierno nacional oficializó el pedido de nulidad de contratos de concesión de esta autopista y de Acceso Norte, al considerarlos "lesivos al interés general", mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández sostuvo que "son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios".

Según surge de los convenios que se habían firmado durante la gestión de Mauricio Macri, se hizo lugar a una deuda bruta de u$s 813.143.839,52 en favor de las empresas, que se distribuían entre u$s 540.522.269,52 para Ausol S.A. y u$s 272.621.570 para GCO S.A.

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Al mismo tiempo, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual.

Tanto Ausol como el Grupo Concesionario del Oeste enviaron a la Comisión de Valores (CNV) un comunicado en el que dicen no haber sido notificados de forma oficial sobre el tema, y anticipan que iniciarán acciones legales.

"El Acuerdo Integral es plenamente legítimo y fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años. Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en el año 2018 con la firma del Acuerdo Integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable", sostienen los escritos.

Además, apunta que "la sociedad realizará las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos".